Oit Admite Denuncia De Comunidades Indígenas Contra Minería Metálica En Izabal
Published by MAC on 2006-03-24Source: Inforpress Centroamericana
OIT admite denuncia de comunidades indígenas contra minería metálica en Izabal
Por Crosby Girón - Inforpress Centroamericana
edición 24 de marzo, 2006
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró con lugar una denuncia presentada por la Confederación Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CFTCC), de Guatemala en 2005. La decisión de la OIT fue tomada a principios de año, luego de analizar el planteamiento de que el gobierno no ha realizado las consultas establecidas en la Constitución guatemalteca para otorgar licencias de exploración de minería metálica en el departamento de Izabal, aunque las autoridades mineras sostengan lo contrario. Para el efecto, la OIT integró un comité tripartito que analizará el caso y elaborará un informe. Las comunidades que viven en el área a explorar, se sienten amenazadas por los eventuales daños al entorno ambiental que consideran podrían ser graves. Por otra parte, el respaldo que el gobierno ha mostrado a esos proyectos mineros pertenecientes a la compañía canadiense Skye Resources, tendría su explicación en las relaciones familiares del actual gobernante con el principal jurista socio del bufete de abogados de la subsidiaria en Guatemala. En este contexto, la Comisión de Energía y Minas evalúa interpelar al ministro de esa cartera.
OIT PREPARA INFORME
En marzo de 2005, la CFTCC presentó una denuncia ante la OIT en la que alega la inobservancia por parte del gobierno guatemalteco de algunas disposiciones del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
La denuncia plantea que el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), expidió licencia de exploración a la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal (EXMIBAL), sin haber consultado al pueblo Maya Q´eqchi´ ubicado en El Estor, municipio de Izabal, donde habitan 19 comunidades con casi 6 mil habitantes.
La licencia a la que se refieren es la LEXR-902, concedida a EXMIBAL, cuyos derechos posee ahora la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN), subsidiaria de la canadiense Skye Resources Inc. El Estudio de Impacto Ambiental realizado para el otorgamiento de esta licencia, ha generado dudas de parte de CFTCC y de algunas asociaciones de desarrollo del municipio (cuadro, página 3).
Como respuesta, Cleopatra Doumbia-Henry, directora del departamento de Normas Internacionales de Trabajo de la OIT, les informó que el Consejo de Administración declaró admisible la reclamación. Para examinar el caso se designó un comité tripartito integrado por Socorro Ruvirosa de México, Jorge A. de Regil de México y Nair Goulart de Brasil.
La OIT informó a la CFTCC que: el comité decidió dar a su organización la oportunidad de comunicar las informaciones u observaciones complementarias que considere pertinentes a más tardar el 20 de enero de 2006, las cuales serán transmitidas al gobierno de Guatemala, el cual podrá formular sus comentarios al respecto.
Por ahora, la OIT prepara un informe sobre el caso. Inforpress se comunicó con la oficina en Ginebra de esta organización, pero respondieron que por tratarse de un proceso confidencial, no pueden dar detalles del tema.
Miguel Lucas, secretario general de CFTCC, dijo que creemos que la denuncia va a prosperar porque el gobierno no va a poder sostener que no hubo flagrancia en la comisión de este delito. Además, el viceministro ha declarado que el proceso de consulta ya se realizó, pero no es cierto.
Ante esto, las comunidades se reunieron para establecer a quiénes se había consultado y determinamos que no se ha hecho consulta, sólo han llegado a informar de lo que quieren hacer, dijo Lucas.
LA HISTORIA DE LA NEGACIÓN
La exclusión y discriminación por razones étnico-culturales, quedaron confirmadas y documentadas en el reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (Inforpress 1648).
Por esta razón, el tema de minería metálica en territorios indígenas abre la discusión sobre aspectos de la territorialidad.
En una ponencia presentada recientemente*, Silvel Elías, catedrático de la facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), distingue dos aspectos en el tema de la territorialidad indígena, entendida como la capacidad de control y decisión que tiene un grupo étnico sobre su propio espacio. La cual según él, se ejerce a dos ritmos.
Elías afirma: por un lado, la territorialidad legítima, que se expresa en la lucha constante que las comunidades realizan con la finalidad de hacer valer sus derechos sobre el espacio, sus recursos y sus propias instituciones; y por el otro, la territorialidad negada, que se manifiesta en el conjunto de políticas, ideologías y leyes que el Estado mantiene con el objetivo de imponer un sistema único de organización político-territorial del país, en donde las aspiraciones indígenas son permanentemente anuladas.
Agrega que el Estado continúa ahora ejerciendo una serie de medidas excluyentes en la formulación de sus leyes, políticas y proyectos. Lo cual refrenda la postura que el gobierno actual asume en sus políticas, especialmente en el tema minero en el que se ha mostrado muy diligente.
Según el citado informe del PNUD, en El Estor, donde se desarrollaría el proyecto minero, el 68.5% de las personas son pobres y el 14.2% extremadamente pobres. Esto a pesar de que el proyecto minero estuvo durante muchos años en El Estor, lo cual confirma el escaso compromiso social que éste tuvo en ese municipio en la década de los años 70.
Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), durante 2004 se obtuvieron ingresos sobre explotaciones mineras de Q290 mil, y en 2005 no se reportan ingresos por este rubro.
Skye Resources recientemente incrementó su porcentaje de propiedad en el proyecto. Desde noviembre de 2005, el 70% que poseía aumentó a 89%, mientras que el Estado de Guatemala lo redujo de 30% a 11%.
Igual que el oro, los precios internacionales del níquel también se mantienen en alza, alcanzando niveles no vistos desde 1988. Al 23 de marzo de 2006, la libra de níquel se cotizaba a US$6.85, significativamente mayor a los US$2.6 registrados en 2001 (Inforpress 1642).
¿MINERÍA Y GOBIERNO, JUEGO DE INTERESES?
De nuevo, el presidente de la República, Óscar Berger Perdomo, se ve conectado familiarmente con personas vinculadas directamente con proyectos de minería metálica. Recientemente, se supo que A.D. Sosa & Soto el bufete de abogados que trabaja para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiaria de Skye Resources, tiene como principal socio a Rodolfo Emilio Sosa de León, consuegro de Berger Perdomo.
No es su primer contacto con industrias extractivas. Sosa de León fue presidente de la petrolera Basic Resources y su representante legal por más de 20 años. También fue socio, junto a Berger Perdomo del bufete de abogados Sosa, Berger, Pemueller & Asociados.
Sosa de León es padre de Cristina Sosa, esposa del abogado Óscar Berger Widmann, hijo del mandatario, y a quien insistentemente se le vincula a la minera Montana Exploradora (subsidiaria de Glamis Gold), así como a intereses petroleros en Rubelsanto, Alta Verapaz (elPeriódico, Jorge Palmieri, 9/1/2006).
En su sitio de Internet, A.D. Sosa & Soto se define como una firma conocida por representar compañías extranjeras y grandes conglomerados corporativos locales. La empresa afirma tener años de experiencia en la estructuración de conglomerados corporativos moldeados a la medida de las necesidades del cliente.
Esta configuración de relaciones podría ser un factor más para que el gobierno no ceda en el tema de la concesión de licencias, que incluso provocó que se rompiera el diálogo con la Comisión de Alto Nivel sobre Minería donde se estaba discutiendo el tema (Inforpress 1647).
En 2005, se supo que tanto Berger Perdomo como el vicepresidente Eduardo Stein, tienen vínculos familiares con funcionarios del proyecto Marlin de Montana Exploradora en San Marcos (Inforpress 1603).
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República está recolectando firmas para presentar una iniciativa de ley con el objetivo de suspender la concesión de licencias por 90 días, pero aún no consigue las rúbricas necesarias.
De acuerdo con el encargado de prensa de la Comisión, Walter Hermosilla, dentro de la Comisión hubo oposición de parte de algunos diputados que pertenecen o son cercanos al partido de gobierno, en un claro apoyo a la minería.
FÉNIX Y LA “FÁBRICA” DE CONSULTAS
La CFTCC afirma en su denuncia ante la OIT que en ningún momento se han realizado consultas a las comunidades de El Estor.
Según Lucas, el MEM, CGN y la municipalidad han estado fabricando consultas. Han llegado con un abogado y actas ya elaboradas y a eso le llaman consulta, dijo Lucas.
Otro hecho que respalda lo expresado por Lucas ocurrió el 20 de marzo: llegó a El Estor un grupo de jóvenes que se identificaron como empleados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes dijeron que eran promotores de comunicación social en el municipio y ofrecieron información sobre la minería.
Los muchachos portaban una carta de presentación firmada por Fermín Gómez, quien según personas de varias comunidades, se presenta como representante del proyecto minero Fénix, nombre actual del viejo proyecto Niquegua de EXMIBAL, y propiedad de Skye Resources.
Gómez también se identifica como sacerdote Maya, y ofrece realizar ceremonias para pedir permiso a la Madre Tierra, afirman sus críticos. Igualmente se acredita como Comisionado para Asuntos Indígenas y Sitios Ceremoniales; figura que utilizó en enero de 2005 en una ceremonia pública respaldada por autoridades de gobierno y empresarios mineros, para obtener el permiso de la tierra y poder realizar operaciones mineras (elPeriódico 8/1/2005).
Los representantes comunitarios también afirmaron que estos supuestos promotores portaban carnés del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y un trifoliar que hace referencia a un proyecto entre el MEM y PNUD identificado como GUA/04010.
Por ahora, la Comisión de Energía y Minas evalúa la posibilidad de interpelar al titular del MEM. Según Hermosilla, dos diputados le dijeron claramente al ministro que veían que estaba defendiendo los intereses de las empresas mineras, pero no hizo ningún comentario.
Entretelones de un Estudio de Impacto Ambiental
En el libro Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder, publicado por Inforpress, el periodista Luis Solano afirma: durante 2005 Skye Resources contrató a la canadiense Klohn Crippen Consultants para realizar este Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), con el apoyo de la consultora guatemalteca Consultoría y Tecnología Ambiental S. A. (CTA).
La CTA es dirigida por Adrián Juárez, quién desempeñó el cargo de coordinador de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) durante el gobierno de Álvaro Arzú. CTA también trabaja los informes de monitoreo ambiental para Glamis Gold y Montana Exploradora en el proyecto Marlin, así como para la minera canadiense Jaguar Níquel en sus proyectos de níquel en Alta Verapaz.
Mientras Adrián Juárez fue titular de CONAMA, fue acusado de actos de corrupción, malos manejos y falsedad material por ex funcionarios de la Autoridad del Lago de Izabal (Prensa Libre 28/09/1999). A Juárez le imputaban supuestas violaciones a la ley ambiental, por lo cual el Ministerio Público le denunció sin que el proceso se concluyera (Prensa Libre 28/05/1999).
La postura mantenida por Juárez, en defensa de contratos petroleros en áreas protegidas, ocasionó que organizaciones ambientalistas señalaran a Juárez de defender intereses de los industriales, petroleros, madereros y empresas de electricidad (Siglo Veintiuno 30/01/2004).