MAC/20: Minas y Comunidades

Mineros Toman Medidas Para Enfrentar Protestas De Ambientalistas En Centroamérica

Published by MAC on 2006-06-28
Source: BNamericas.com

CENTROAMERICA

REPORTAJE: Mineros toman medidas para enfrentar protestas de ambientalistas – Centroamérica Publicado: Miércoles 28, Junio 2006

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas y campesinas centroamericanas reactivaron una campaña en contra del desarrollo de los proyectos mineros durante la segunda semana de junio, por considerar que ponen en riesgo la biodiversidad de la región.

Las manifestaciones se realizaron en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, bajo el argumento de que las mineras multinacionales han obtenido áreas para la exploración con el apoyo de los gobiernos y sin consultar a las comunidades.

BNamericas recogió la opinión de algunas autoridades mineras en cada uno de los países
afectados.

GUATEMALA

Pese a las protestas, las operaciones mineras en Guatemala se desarrollan sin ningún contratiempo y se sigue con el otorgamiento de licencias de acuerdo con la ley.

"Si cumplen con la ley es nuestro deber otorgar las licencias", indicó a BNamericas Fredy Gálvez, director de minería de ese país.

Frente a las manifestaciones en contra de la minería, autoridades de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas obraron en pos de un consenso entre los grupos que buscan modificar la Ley de Minería.

"Como Dirección de Minería, en Guatemala trabajamos con la comisión de alto nivel que se nombró para la elaboración de un proyecto de modificación de la Ley de Minería. El producto de este trabajo será discutido en el Congreso Nacional", agregó.

"Esperamos que la comisión de energía y minas del Congreso respete este acuerdo y que su dictamen a este consenso sea favorable", indicó.

La empresa con sede en Reno Glamis Gold (NYSE, TSX: GLG) tiene en Guatemala la mina de oro Marlin, donde la meta de producción para el 2006 asciende a 620.000oz.

HONDURAS

En Honduras, el presidente de la Asociación Nacional de Minería (ANMH), Gabino Carvajal, dijo que esas manifestaciones son "absolutamente negativas en cuanto a la nueva inversión minera y en cuanto al futuro de las empresas que hay en el país".

"No sabemos cuál es la decisión [del gobierno], pero la primera reacción oficial que tenemos es que no se otorgarán concesiones, ni se otorgarán licencias ambientales y, por lo tanto, no se va a poder hacer minería en el país", agregó.

Las inversiones que tenía previsto recibir -y que apuntaban a solicitudes de exploración- están pasando a otros países "debido a la indecisión del gobierno de no apoyar a la industria y de poner tantas trabas para hacer imposible la actividad que permita llegar a una mina", dijo.

En ese sentido coincidió el jefe del departamento ambiental de la Dirección de Fomento de la Minería (Defomin) de Honduras, Peter Hughes, al señalar que la inversión en exploración en ese país ha mermado.

"Lo que están haciendo algunas empresas es traspasar sus derechos en algunas zonas, lo que indica que hay compañías que se están retirando del país", dijo Hughes.

Según Carvajal, en el corto plazo no espera tener una respuesta positiva dada la intervención de las ONG internacionales y la actitud negativa del gobierno. "Por ahora esperamos que se calme el tema y en este momento estamos realmente complicados", puntualizó.

En Honduras, la empresa con sede en Toronto Breakwater Resources (TSX: BWR) tiene el proyecto El Mochito. Para el primer trimestre de 2006, El Mochito produjo concentrados con un contenido de 23,1Mlb (10.478t) de zinc, 5,6Mlb de plomo y 429.368oz de plata.

Para este año la empresa prevé perforar cerca de 40.000m con miras a confirmar y extender la mineralización de El Mochito.

Asimismo, opera la minera Entremares -filial de Glamis Gold -, en la mina de oro San Martín.

EL SALVADOR

"Lo que vemos nosotros es que esta situación viene acarreando un conflicto, no sólo del país sino como región, en este caso en Guatemala, Honduras y El Salvador", indicó el jefe de geología y química de la Dirección de Minas de El Salvador, Silvio Ticay.

Para frenar el efecto de las protestas en contra de la minería, el gobierno de ese país ha realizado los Foros Mineros, donde recientemente se determinó que el movimiento ambientalista está siendo patrocinado por organizaciones extranjeras.

En ese sentido, Ticay explicó que el gobierno está trabajando "en la propuesta de una nueva ley minera que involucre no solamente aspectos de desarrollo integral para las comunidades donde están los proyectos, sino que además se contemple el tema medioambiental".

El gobierno está buscando además asesoría de los países que tienen actividad minera en desarrollo y que cuentan con modelos de minería que permiten demostrar lo que se puede hacer en el sector y cómo se están beneficiando las comunidades, dijo Ticay.

"Actualmente estamos generando los términos de referencia para licitar la contratación de un consultor que nos haga un diagnostico de la minería actual, definir todos los actores involucrados y poder determinar como se van a orientar estas políticas mineras", puntualizó.

En El Salvador opera la vancouverense Pacific Rim Mining (TSX: PMU), que a mediados de junio anunció que una estimación actualizada de su proyecto El Dorado había elevado los recursos medidos e indicados a 1,22Moz de oro equivalente, gracias al depósito South Minita.

La empresa continúa perforando objetivos dentro de las concesiones El Dorado, en el hallazgo aledaño Santa Rita y los proyectos en etapa inicial Zamora, todos en El Salvador.

También opera la compañía de Toronto Intrepid Minerals (TSX: IAU), que se encuentra realizando un programa de exploración en el prospecto aurífero San Jacinto.

NICARAGUA

Otro país que ha padecido una fuerte oposición al desarrollo minero por parte de las autoridades municipales y las ONG ambientalistas es Nicaragua.

"Tenemos conocimiento que trabajan en una colaboración muy estrecha", indicó la directora de la Administración Nacional de Recursos Geológicos (Adgeo), Carolina Castellón.

"Este tipo de protestas ha paralizado en una buena medida el trámite de otorgamiento de las concesiones mineras. Ha generado un efecto negativo", agregó.

Ante esta situación, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), de la cual depende Adgeo, ha realizado talleres en las comunidades y se está acercando más a ellas para entregarles la información de forma adecuada.

"Hemos hecho varios esfuerzos y seguiremos haciéndolos porque todavía tenemos un problema grave, que pese a estas actividades, no se ha podido aliviar", dijo la funcionaria.

La entidad contrató además una consultoría para establecer los parámetros para que, cuando las autoridades municipales se opongan al otorgamiento de una concesión minera, haya criterios más específicos que justifiquen la oposición y no sea simplemente porque no quieren o por un tema ambiental, explicó Castellón.

En Nicaragua, la canadiense Glencairn Gold (TSX: GGG) opera la mina de oro La Libertad, que en el 2005 produjo cerca de 34.000oz de oro, y la empresa espera aumentar la producción a unas 45.000-55.000oz/a y mantener ese nivel durante 6-7 años.

La empresa está desarrollando asimismo el proyecto de oro Limón en el país, que vendió 47.983oz de oro el 2004.

COSTA RICA

Al asumir el poder en el 2002, el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, anunció que su gobierno no otorgaría permisos de explotación minera metálica a cielo abierto por el impacto negativo que tienen en el medio ambiente y los posteriores efectos en la creciente industria turística del país.

Actualmente no hay protestas en Costa Rica, "pero esto no quiere decir que no haya oposición", indicó Katia Chacón, encargada de comunicaciones de la empresa Metales Procesados, filial de Glencairn Gold, que desarrolla el proyecto de oro Bellavista en el país.

"Es una oposición sana, está bien que se presente y siempre y cuando ésta se apegue a las normas de la ley", agregó.

Según Chacón, en Costa Rica la legislación establece una estricta fiscalización por parte de varios organismos del Estado, como la Dirección de Minas, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía (Minae).

"Es decir, no hay manera de que las cosas se hagan mal", agregó.

No obstante, luego de su decisión, Pacheco reconoció que el proyecto aurífero Las Crucitas -que pertenece a la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Vannessa Ventures (TSX.V: VVV)-, así como Bellavista tenían los derechos adquiridos y podían seguir adelante.

Por Harvey Beltrán
BNamericas.com

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