Un Vale de muerte y destrucción

Minera Vale de Brasil acusada de daños ambientales y humanos

Fabíola Ortiz

IPS

20 de abril 2012

RÍO DE JANEIRO - Movimientos sociales de varios países denuncian a la empresa minera brasileña Vale, la segunda más grande del mundo, por la muerte de 15 trabajadores en accidentes laborales entre 2010 y 2012, y por otros hechos graves, con repercusiones ambientales y sociales.

Las acusaciones están asentadas en la Relatoría de Insostenibilidad de Vale 2012, publicada el miércoles 18 en Río de Janeiro por la Articulación Internacional de los Afectados por Vale, que reúne a 30 movimientos sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Mozambique, algunos de los países donde actúa la empresa.

Según cálculos de las organizaciones sociales, la empresa brasileña, privatizada en 1997, causó en 2010 daños en un área que corresponde a 741,8 kilómetros cuadrados.

La compañía es acusada de emitir ese mismo año 89 millones de toneladas de dióxido de carbono, gas que recalienta la atmósfera, y 6.600 toneladas de material particulado (humo y polvo), lo que representa 29 por ciento más que en 2009.

La emisión de óxido de nitrógeno fue de 110.000 toneladas en 2010, con un aumento de 30 por ciento en relación al año anterior. Y la de óxidos de azufre ascendió a 403.000 toneladas, 25 por ciento a más que en 2009.

Los datos de emisiones están publicados y son reconocidos por Vale en su última Relatoría de Sostenibilidad 2010.

Según dijo a IPS la directora ejecutiva de la organización no gubernamental Justicia Global, Andressa Caldas, este es un documento "sombra" que sigue el mismo molde de la Relatoría de Sostenibilidad preparada por la empresa minera, energética y logística.

"Vale genera un gran impacto y ha violado los derechos humanos no solo en Brasil, sino en otros 37 países donde opera", dijo Caldas.

En su opinión, lo más destacado de la relatoría no gubernamental se refiere al empeoramiento de las condiciones de trabajo.

"Hay casos, como en Canadá, en los que Vale ha cambiado radicalmente la relación con los trabajadores y sindicatos, hecho que llevó a huelgas, las más largas de la historia de Canadá", dijo Caldas.

Las huelgas a las que se refiere se llevaron a cabo durante 11 meses entre los años 2009 y 2010 en Sudbury y Port Colborne, en la provincia de Ontario, sudeste del país, y durante 18 meses en Voisey's Bay, en la oriental provincia de Terranova y Labrador.

"La reciente crisis mundial fue utilizada como justificativo para reducir sueldos, aumentar jornadas laborales, despidos masivos y cortes de beneficios y de otros derechos adquiridos", sostiene el documento.

En 2012, cuatro trabajadores murieron en explotaciones canadienses de Vale.

La unidad de Sudbury suspendió el 30 de enero la operación en cinco minas tras la muerte de dos trabajadores aplastados por un aluvión de lodo causado por la filtración de agua que inundó el túnel donde trabajaban.

Según el dirigente obrero Myles Sullivan, la investigación conducida por el sindicato United Steelworkers concluyó que Vale había ignorado los problemas de filtración de agua en las minas. El área debió haber sido aislada con antelación.

"Desafortunadamente cuatro trabajadores han muerto, dos de ellos en un mismo accidente. La compañía era consciente de que las condiciones de seguridad no eran suficientes y nada hizo para corregirlas. Estamos presionando al gobierno de Canadá para que denuncie la responsabilidad penal de Vale por estos accidentes", dijo Sullivan en Río de Janeiro.

La relatoría social destaca otro caso de infracción de normas, esta vez ambientales y en Río de Janeiro, de ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), una empresa de riesgo compartido entre Vale y ThyssenKrupp Steel, la mayor productora de acero de Alemania.

La población que vive en las cercanías de la siderúrgica soporta un aumento de 600 por ciento de partículas de hierro suspendidas en el aire, según constató el Ministerio Público (fiscalía) de Río de Janeiro, que ya había denunciado a la empresa y a dos de sus directores por delitos ambientales.

Vale es signataria del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) y del Índice de Sostenibilidad Empresarial de la Bolsa de Valores de São Paulo, que establecen principios de responsabilidad social y ambiental corporativa.

Sin embargo, en enero de 2011 fue elegida la "peor corporación del mundo" por The Public Eye Awards (Premios Ojo Público), una iniciativa no gubernamental que elige todos los años a la flor y nata de la "vergüenza corporativa mundial" en materia de atropellos ambientales y sociales.

Vale superó inclusive a la japonesa Tepco, operadora de los reactores nucleares de Fukushima, que colapsaron tras el tsunami de marzo de 2011.

Los movimientos de afectados por Vale quieren enviar su relatoría a entidades internacionales de control, como el ICMM y la Global Reporting Initiative, para que presionen a la compañía a modificar sus conductas.

En 2010, Vale obtuvo lucros operativos por 21.700 millones de dólares, y en 2011 estos llegaron a 22.200 millones de dólares.

Vale no aceptó comentar estas denuncias para IPS. Su asesoría de prensa divulgó un comunicado aseverando que "recibe con respeto todas las sugerencias y denuncias referentes a sus operaciones".

"Tenemos conciencia de que la actividad minera provoca impacto y, por esto, trabajamos en asociación con las comunidades y gobiernos para encontrar soluciones que garanticen seguridad a las personas, así como una convivencia harmónica y saludable", dice el texto.

La empresa admitió las muertes ocurridas en Canadá y aseveró que hace "un enorme esfuerzo para evitarlas, adoptando medidas que prioricen la salud y seguridad de los trabajadores".

En su última Relatoría de Sostenibilidad, la empresa reconoció que en 2010 hubo 11 accidentes mortales y aseguró que profundizará su estrategia para "alcanzar la meta de cero fatalidad".

Un pueblo cercado por un anillo de hierro

Fabíola Ortiz

IPS

25 de abril 2012

RÍO DE JANEIRO - Las 380 familias del poblado de Piquiá de Baixo, en el nororiental estado brasileño de Maranhão, deben convivir con la elevada contaminación del agua, el aire y el suelo causada por el vecino polo siderúrgico.

La localidad toma su nombre del árbol piquiá, que da una madera altamente apreciable, pero que se extinguió en la región, donde están instaladas desde hace 25 años cinco plantas siderúrgicas, lideradas por la empresa minera privada brasileña Vale.

Actualmente se producen en ese lugar al año 500.000 toneladas de arrabio, materia prima del acero que se obtiene fundiendo en altos hornos carbón, caliza y mineral de hierro.

El polo de Açailândia, municipio que tiene jurisdicción sobre la zona, depende del fortalecimiento de la actividad de las minas de hierro de Vale, cuya producción es luego transportada a los puertos del océano Atlántico en las proximidades de São Luís, la capital estadual ubicada a 500 kilómetros de distancia.

Los habitantes del pequeño pueblo, donde los patios de sus modestas viviendas lindan con los terrenos de las grandes fábricas, ya demuestran en su salud los impactos de la contaminación y degradación ambiental.

Debido a la pésima calidad del aire que respiran y del agua que consumen, más de 40 por ciento de los vecinos de Piquiá de Baixo se quejan de enfermedades y males respiratorios y de los pulmones, así como de lesiones dermatológicas, según un estudio del Centro de Referencia en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad Federal de Maranhão.

Esta población, que reclama el traslado a un lugar seguro, limpio y distante del polo siderúrgico, está conformada en su mayoría por agricultores que hoy solo pueden laborar la tierra a más de 200 kilómetros de sus hogares.

Este es un drama que se repite en muchas de las ciudades mineras de Brasil, varias de ellas también movilizadas.

Edvard Dantas Cardeal, 68 años, es presidente de la asociación de los vecinos de Piquiá de Baixo, afectados por el humo y residuos generados por los 70 hornos de fundición que existen en la región.

"Estamos en peligro, pues vivimos al lado de cinco siderúrgicas y, además, Vale tiene un puesto minero a 300 metros de nuestras casas, donde todos los días centenas de toneladas de hierro cruzan nuestro pueblo las 24 horas", comentó a IPS.

La denuncia de las precarias condiciones de vida en Piquiá de Baixo está destacada en la Relatoría de Insostenibilidad de Vale 2012 (http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/04/relatorio-insustentabilidade-vale-2012.pdf), lanzada el 18 de este mes en Río de Janeiro por la Articulación Internacional de los Afectados por Vale, que reúne a 30 movimientos sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Mozambique, algunos de los países donde actúa esta empresa, privatizada en 1997.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental Justicia Global, Andressa Caldas, señaló a IPS que el caso de Açailândia es emblemático, porque es una comunidad asentada hace más de 50 años y que "pide ser trasladada por el grado de degradación ambiental y contaminación tóxica que sufre".

En coincidencia, Danilo Chammas, abogado de los habitantes de Piquiá de Baixo, precisó que el pueblo ya existía cuando se instaló el polo siderúrgico en la región hace 25 años. Ahora "la convivencia se ha tornado inviable, ya que la población respira todos los días polvo de hierro mezclado con carbón", apuntó.

"El traslado de las familias debió hacerse cuando comenzó la construcción del polo, pero aún esa alternativa es la única y urgente", aseguró a IPS.

Chammas añadió que le exigen "a Vale un compromiso mayor con los vecinos y que, efectivamente, aporte recursos para la construcción de un nuevo asentamiento lejos de la contaminación".

Según la Relatoría de Insostenibilidad, la firma Vale "se niega a reparar los daños causados a esas personas y, por consiguiente, a cargar con el costo de reasentar las familias".

Cardeal también se sumó al reclamo de modo perentorio, porque su comunidad "no puede más quedarse allí, dado que hay un gran riesgo de degradarse aun más la salud pública".

"No podemos más, las siderúrgicas contaminan el río que cruza la población y solo podemos pedir a Dios para salir del lugar", manifestó.

IPS pudo confirmar que existe un terreno alejado del polo siderúrgico que fue expropiado en julio de 2011 por el municipio de Açailândia para reasentar a los vecinos afectados. A pesar de que en un principio hubo recursos legales presentados por su anterior propietario, el asunto fue resuelto el 20 de marzo por el tribunal de justicia de Maranhão.

Cardeal y el abogado de Chammas viajaron hasta Río de Janeiro intentando ser recibidos por representantes del consorcio Vale.

"Venimos con el espíritu de dialogar y para que Vale aproveche la oportunidad para limpiar su imagen, que está empañada por el vínculo que tiene con las industrias de arrabio, muchas de las cuales promueven el trabajo esclavo e infantil", denunció Chammas.

La asesoría de prensa de Vale no quiso comentar nada al ser consultada por IPS, aunque posteriormente divulgó un comunicado en respuesta a la Relatoría de Insostenibilidad.

"Vale recibe con respeto todas las sugerencias y denuncias referentes a sus operaciones. Tenemos consciencia de que la actividad minera provoca impacto y, por eso, trabajamos en conjunto con las comunidades y gobiernos para encontrar soluciones que garanticen seguridad a las personas, así como una convivencia harmónica y saludable", indica el texto de la empresa.