Pueblo guatemalteco no debería pagar por daños de Goldcorp

Accionistas reclaman por el plan de cierre de la mina Marlin.

El pueblo guatemalteco no debería ser quien paga por los trastornos de Goldcorp

Mining Watch

19 de abril 2012

Varios accionistas entregaron una resolución a Goldcorp Inc en la que se le solicita a la compañía que se comprometa a cubrir la totalidad de los costos del cierre de la mina Marlin en Guatemala, y que revele la totalidad de sus planes de cierre. Aseveran que el no hacerlo pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas a largo plazo y podría exponer a la compañía a riesgos de juicio por daños.

Se ha demostrado en estudios que la garantía financiera de la mina actualmente es altamente inadecuada. Un equipo independiente de ingenieros con base en EEUU calcula que el costo de cierre y post-cierre de la mina Marlin en Guatemala es de US$49 millones, mientras que la fianza de la compañía para la mina actualmente es de sólo US$1 millón. Los pueblos indígenas cuyo futuro corre peligro no han participado de manera significativa en el proceso de la creación de un plan de cierre y post-cierre.

Se espera que la mina cierre en 2018, al agotarse las reservas de minerales. Es probable que el área no vuelva a su estado y usos previos a la mina debido a la contaminación por metales pesados tóxicos, erosión de la infraestructura, sedimentación y alteraciones del terreno. “La contaminación de la tierra y el agua en al área de la mina Marlin tendrá efectos duraderos cuyo alcance aún no se puede determinar”, dice la Hermana Natalie Wing de Loretto Literary and Benevolent Institution, una de las accionistas que entregaron la resolución.

Patricia Jones, del Unitarian Universalist Service Committee, que también entregó la resolución, indica su preocupación en cuanto al acceso a agua potable limpia: “De no atenderse debidamente la rehabilitación, se expone a las comunidades afectadas a un futuro incierto en cuanto a si el agua se podrá beber sin peligro o si los cultivos que se produzcan cerca de la mina abandonada tendrán mercado. La compañía y el gobierno tienen la responsabilidad de respetar y proteger el derecho humano al agua de las comunidades. La salud a largo plazo de las comunidades aledañas – cuyas tierras se han utilizado para la minería sin su consentimiento – está realmente en riesgo”.

Al no crear, revelar y financiar planes de cierre sólidos y concretos, Goldcorp se expone a juicio por daños. En fallos de cortes recientes, se han ordenado pagos elevados a compañías extractivas por limpieza ambiental inadecuada. Cabe destacar que el 3 de enero de 2012 una corte de apelaciones en Ecuador ratificó el fallo de US$8,646 millones por daños que emitiera la corte de menor instancia en contra de Chevron. La propia Evaluación de Derechos Humanos de 2010 de Goldcorp ha resaltado que los planes de cierre limitados en su planificación y financiamiento ponen en riesgo a largo plazo a los derechos humanos de las comunidades afectadas, e insta a Goldcorp a revisar y mejorar sus planes de cierre y post-cierre en consulta con las comunidades, y a brindar una garantía financiera suficiente para los costos del cierre.

“La compañía ha indicado que está implementando recomendaciones de la Evaluación de Derechos Humanos para la mina Marlin”, señala Kris Genovese, abogada principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional en Washington. “Los accionistas simplementen le están pidiendo que le de seguimiento.”

En septiembre de 2011 se eliminó a Goldcorp del Índice de Sostenibilidad del indicador bursátil Dow Jones, en un contexto de alegaciones de contaminación ambiental y abuso a los derechos humanos.

"El director ejecutivo de Goldcorp se halla dentro del 0.01% de residentes canadienses con mayores ingresos registrados en Canadá y los activos de la compañía actualmente sobrepasan el PIB real de Guatemala”, indica Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. “Esta compañía tiene recursos suficientes como para cerrar sus minas de manera adecuada sin sobrecargar aun más a las comunidades afectadas”.

La resolución de accionistas le solicita a la compañía que financie la totalidad del cierre y post-cierre de la mina, consulte con las comunidades locales sobre los planes  de cierre y post-cierre, y que revele completa, detallada y públicamente sus procesos de planificación y remediación. La compañía ha recomendado que se vote en contra de la resolución de accionistas. La asamblea general de la compañía se realiza en South Porcupine, provincia de Ontario, el 26 de abril de 2012.

(Ottawa, ON/Washington, DC)

Para mayor información:

Elizabeth Berton-Hunter, Amnistía Internacional Canadá, (416) 363-9933 ext 332 Celular (416) 904-7158 
Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439
Kristen Genovese, Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés), (202) 742-5831

http://www.miningwatch.ca/es/news/el-pueblo-guatemalteco-no-deber-ser-quien-paga-por-los-trastornos-de-goldcorp-seg-n-accionistas

Cierre de la mina Marlin valdría US$49 millones
Accionistas de la empresa Goldcorp Inc. están preocupados porque esta solo tiene una fianza de garantía por US$1 millón, para el futuro cierre de la mina Marlin, en San Marcos, mientras un estudio efectuado por los propietarios revela que necesitarían US$49 millones (unos Q389 millones).

ÁLEX F. ROJAS

Prensa Libre

21 de abril 2012

La proyección se fundamenta en un estudio independiente hecho en EE. UU., donde se detallan 25 acciones para garantizar la calidad del agua y los suelos luego de que concluya la explotación.

Los costos se calculan con base en el valor del mercado actual y toma como referencia el cierre de otras minas en el mundo.

Un grupo de accionistas de Goldcorp, casa matriz de Montana, entregó una resolución para que esta empresa asuma el costo total del cierre de la mina, previsto para el 2018, y se evite que el Estado de Guatemala absorba esos gastos y los daños al ambiente.

La propuesta se discutirá en la asamblea general de la compañía, en Ontario, Canadá, el próximo jueves.

Representantes de la mina, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, dicen que han invertido US$30 millones en el proceso “paulatino” de cierre, política que seguirán en los próximos siete años.

Estudio

El informe, elaborado por seis ingenieros y geólogos, expertos en minería, indica que los riesgos de contaminación en cualquier mina en el mundo existen, y las consecuencias pueden extenderse por décadas.

En el caso de Guatemala se indica que el cierre debe incluir la rehabilitación de caminos, protección de cuencas, afluentes subterráneos y revegetación del suelo.

“La contaminación de la tierra y el agua en el área de la mina Marlin tendrá efectos duraderos, cuyo alcance aún no se puede determinar”, afirmó Natalie Wing de Loretto, una de las accionistas.

El informe advierte de que, de no contar con una fianza de recuperación adecuada, el país se encuentra expuesto a altos riesgos ambientales.

Otra accionista, Patricia Jones, expresó que si no se atiende la rehabilitación, el riesgo mayor es para las comunidades cercanas.

Refirió: “Existe un futuro incierto en cuanto a si el agua se podrá beber sin peligro o si los cultivos que se produzcan cerca de la mina abandonada tendrán mercado. La compañía y el Gobierno tienen la responsabilidad de respetar y proteger el derecho humano al agua de las comunidades”.

El estudio afirma que existe una alta probabilidad de que afluentes contaminados del sector requieran tratamiento de agua por tiempo indefinido y pide incluir esos costos en la fianza de garantía.

El informe concluye en que es importante aumentar la fianza de garantía, para que pueda ser utilizada en la recuperación de las tierras explotadas, proteger a la gente local y al medioambiente de daños de largo plazo, y regresar las tierras explotadas a su uso anterior.

Según Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, las empresas mineras cumplen con la ley, pero la propuesta a largo plazo en monitoreo se queda corta.

“Los números no prevén a largo plazo quién asumirá el pasivo minero; la empresa cerrará, ¿y qué va a pasar en 50 años?”, expresó el ecologista.

Sugieren vigilancia

El estudio de los expertos concluye: “Si no se cuenta con vigilancia por parte del Gobierno y las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, así como de la población local, la mina Marlin podría  dejar un legado sumamente costoso, así como una fuente de continuos problemas ambientales durante muchos años”.

Cambios a la ley

El director de Calas, Yuri Mellini, dijo que le preocupan los impactos ambientales en el  futuro. Considera que  el Estado  debería modificar la Ley de Minería y exigir  un fondo   entre US$50 millones y US$80 millones para manejar a largo plazo los problemas ambientales, “porque no se sabe qué vendrá en el futuro”.

 “Ya se cumple”

Mario Marroquín, director ejecutivo para Guatemala de Goldcorp, minimiza los señalamientos y aduce que provienen de un grupo de accionistas que ignoran el trabajo de la mina Marlin.

Marroquín explicó que desde que comenzó la explotación en la mina, hace seis años, se han invertido más de US$30 millones —Q238 millones— en la recuperación de las áreas afectadas.

“Nosotros tenemos una gestión muy adecuada y en ese sentido hacemos la recuperación anualmente en una forma técnicamente razonable”, aseguró.

El ejecutivo afirmó que se ha pagado una fianza de US$1 millón, como “lo manda la ley”, y “no será necesario utilizarla porque no existirá pasivo minero luego del cierre”.

 Marroquín acusó a los accionistas que hicieron el estudio de tener “un ángulo poco constructivo”, y adelantó que “la moción que proponen no procederá  en la próxima   asamblea”.

Datos

130  mil hectáreas de bosques se pierden al año, según el Instituto Nacional de Bosques.

2.9 millones de hectáreas boscosas se han perdido en el país durante  los últimos 50 años.

600 libras de basura, en promedio, se calcula que genera  cada habitante  de la

capital.

2 mil  toneladas de basura  recibe a diario el  relleno sanitario de  la zona 3, de nueve municipios del departamento.

Bosques: tala ilegal es la más dañina

La pérdida de bosques en el país supera las 130 mil hectáreas anuales, y según el Instituto Nacional de Bosques, solo se logra recuperar el 75 por ciento.

La tala ilegal, según estadísticas oficiales, representa unas 73 mil hectáreas anuales, lo que deja pérdidas por hasta Q2 mil 200 millones al Estado.

Sin embargo, el potencial riesgo de desastres naturales es la causa principal de la erosión del suelo, y en cada invierno genera deslizamientos.

El cambio del uso del suelo también afecta la tala y destruye el hábitat natural.

Basura: no existe manejo de desechos

Los desechos sólidos contaminan ríos, laderas y el aire. Los daños son mayores en el país, porque  cifras del censo efectuado en el 2002 indican que más del 30 por ciento de la población quema la basura, y tan solo el 1 por ciento maneja los desechos en  forma sustentable.

Una cuarta parte de la basura producida en el país es recolectada y llega a basureros municipales, y otra porción igual se deposita en botaderos clandestinos.

En la actualidad no existe manejo de desechos sólidos y los rellenos sanitarios no han sido tratados en forma correcta.

Déficit: sin acceso a servicio de agua  

Aunque suene contradictorio, el país posee una gran cantidad de recurso hídricos a través de ríos y lagos; sin embargo, muchos de ellos están contaminados y el alto grado de deforestación aumenta el riesgo de perder las fuentes de agua potable.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, menos de la mitad de la población tiene acceso a agua entubada y en el área rural tan solo el 16 por ciento cuenta con ese servicio.

Estudios precisan que la disponibilidad de agua superficial ha disminuido hasta  70 por ciento, por la deforestación.