MAC: Mines and Communities

Luchas por el litio en América Latina

Published by MAC on 2012-04-02
Source: Reuters, Business News Americas, Prensa Latina, et (2012-04-29)

Las reservas de litio - vitales para la fabricación de baterías y otros aparatos de alta tecnología - están distribuídas de manera desigual en el mundo.

La gran mayoría se encuentra en una porción de territorio entre el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina.

Pero los pueblos indígenas y otros grupos sociales de la región están en alerta ante las amenzas que supone la explotación a gran escala de este "mineral estratégico".

La semana pasada, más de treinta comunidades de la puna jujeña se presentaron a una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires. Allí reclamaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Demandaron también la protección de su economía tradicional, basada en la explotación artesanal de los salares.

Ver: Comunidades de Salinas Grandes se movilizan contra la minería de litio en Jujuy, Argentina

En Chile, un grupo de organizaciones llamó a conformar un "frente de defensa del litio" en respuesta a la decisión de su gobierno de otorgar concesiones para la prospección de los salares de Atacama.

Mientras tanto, la empresa estatal minera de Bolivia firmó un acuerdo preliminar con un consocio formado por la estatal coreana Kores y el gigante de la fabricación de acero Posco, para producir cátodos de litio en el salar de Uyuni, la mayor reserva mundial.

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Corte Suprema, minería y pueblos indígenas
Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto.

Darío Aranda

http://odhpi.org/

Marzo 2012

Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.

El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. En las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, puna de Jujuy y Salta, donde viven comunidades kolla y atacama, los gobiernos provinciales identificaron la presencia de litio y dieron la bienvenida a empresas mineras.

Los pueblos originarios cuestionan que gobiernos y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio y alertan sobre el enorme consumo de agua de la minería, en una zona semidesértica como la Puna.

En noviembre de 2010, 33 comunidades indígenas recurrieron mediante un amparo a la Corte Suprema. Ayer, dieciséis meses después, se celebró la audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

“Por el litio entraron empresas mineras, hicieron exploraciones, pozos, hubo derrames de agua dulce, manchas en el salar, hicieron terraplenes. Y todo ha sucedido sin que pudiéramos opinar. Los gobiernos nunca nos ha consultado”, denunció Liborio Flores, del Pueblo Atacama, e hizo un recorrido histórico de la presencia indígena en las salinas (desde antes de la llegada española), las luchas de los pueblos andinos (Batalla de Quera, en 1875, y Malón de la Paz, durante el primer gobierno de Juan Perón) hasta la actualidad.

“Con la reforma de la Constitución de 1994, cuando el Estado reconoció a los pueblos indígenas, nos dieron una esperanza de recuperar nuestros territorios, el salar y poder trabajar. Sin embargo, la instrumentación de ese entramado constitucional se ha hecho demasiado largo en las provincias, no tenemos el reconocimiento de los territorios”, cuestionó.

Recordó que hace dos años las empresas llegaron hasta la comunidad y hablaron con pocas familias. Ofrecieron trabajo y mejoras a esas familias. “Eso ha hecho que nuestra en comunidad se produzcan divisiones”, lamentó y recordó que nunca se cumplió la consulta libre, previa e informada que establece la ley nacional e internacional.

“Queremos preservar integridad cultural de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos preservar la integridad de nuestros territorios. Queremos cuidar el medio ambiente, que es la vida de nuestros pueblos”, afirmó mientras miraba a los jueces y, en el máximo tribunal del país, hizo un llamado básico: “Pedimos el cumplimiento de los derechos indígenas”.

Cerró su alocución y, de inmediato, sobrevinieron los aplausos de la sala.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió que no se trataba de una “tribuna”, y pidió que no haya aplausos al final de las exposiciones.

La abogada de las 33 comunidades indígenas, Alicia Chalabe, explicó el rol central que las salinas tienen en la cultura de los pueblos andinos, “es el elemento central de su identidad, se referencian con las salinas”. Confesó que para las culturas no indígenas es difícil entenderlo, pero llamó a intentar comprender que el ambiente tiene una dimensión “casi humana” para las comunidades.

Cuando abordaba el aspecto cultural-indígena, a dos minutos de comenzar a hablar, Lorenzetti cortó la exposición. Y comenzó un proceso de pregunta-respuesta (donde intervinieron también los jueces Elena Highton de Nolasco y
Juan Carlos Maqueda) que abortó la exposición planificada por la abogada de las comunidades.

“Se pide derecho a participar. ¿En qué los beneficiaría?”, preguntó el Presidente de la Corte.

Chalabe: “Lo que se pide es que se cumpla el derecho a la consulta establecida en normas internaciones de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades no han sido consultadas”.

Maqueda preguntó, respecto al derecho a consulta referido a los recursos naturales, en qué debiera consistir la intervención de las comunidades previo a los permisos de exploración.

La respuesta es el ABC del derecho indígena.

La abogada de las comunidades explicó que el Estado “y no las empresas mineras” debe cumplir la obligación de consultar, pero no de cualquier manera. “Con un procedimiento muy detallado”, advirtió y marcó como jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enumeró:


-Lo debe hacer el Estado.
-Se consulta a los representantes que los pueblos deciden que los representen.
-Debe haber una adecuación cultural con una evaluación de impacto social y ambiental de acuerdo a las pautas de los pueblos indígenas.
-Se debe evitar la desigualdad entre las partes. “No puede haber 15 representantes del Estado y de las universidades, y un sólo delegado indígena, como prevé el gobierno de Jujuy”, graficó.

Aún no había finalizado la descripción del proceso de consulta en base al derecho indígena, y Maqueda volvió a preguntar: “¿El Estado ha realizado esas consultas?”

Chalabe fue tajante: “No. Y hay un mapa de la empresa Orocobre (que pretende extraer litio), del 11 de marzo este año, que muestra 47 perforaciones en Salta Y jujuy…”.

Volvió a cortarla Maqueda: “¿Cuáles serían los recursos naturales que esas exploraciones autorizadas por la Provincia afectarían?

“La sal. Y el agua”. Resumió la abogada. Recordó que un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó respecto al uso de agua en minería y explicó la fragilidad del sistema de salinas, con aguas superficiales y subterráneas, dulces y saladas. “La posibilidad que se mezclen aguas dulces y saladas significa la pérdida del salar, que será la pérdida de esta cultura andina de siglos”.

Las constantes preguntas de los jueces, una suerte de ping-pong supremo, había hecho mutar el clima de la audiencia. Nadie había imaginado (al menos los vinculados a los pueblos indígenas) que esa sería la metodología del tribunal.

Este redactor asistió a otras tres audiencias de la Corte Suprema respecto a la realidad indígena (por la desnutrición en Chaco, los desmontes en Salta y, el 8 de marzo último, por el Pueblo Qom de Formosa) y siempre los jueces permitieron exponer sin interrupciones. Las preguntas siempre fueron al final de cada exposición.

La ausencia del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el más cercano a la realidad indígena, también fue un factor negativo para las comunidades.

Enredos

Los momentos más tensos fueron cuando comenzó a preguntar la jueza Highton de Nolasco. En poco menos de 15 minutos, intervino en 24 oportunidades para preguntar y/o repreguntar. La crónica sería, de citarse textual, de insoportable lectura.

Algunos tramos de Elena Highton de Nolasco (EHN) y la abogada Alicia Chalabe (AC):

EHN: La provincia de Jujuy dice que no se ha dado permiso para litio. ¿Es así?

AC: Ojalá pudiera contestarle con certeza de documento escrito. La Provincia no nos ha contestado. En las páginas web de las empresas mineras sí aparece (la exploración).

EHN: ¿Pero lo ven en territorio? ¿Hay gente intentando explotar o es algo puramente preventivo la demanda?

AC: En la comunidad Santa Ana hubo una perforación. En la zona cercana a Cangregillos se está explorando.

EHN: ¿Qué han peticionado al Gobierno?

AC: Se ha pedido en agosto de 2010 que se cumpla el derecho a la consulta.

EHN: Lo entiendo como algo genérico el derecho a consulta, pero en concreto del litio y el borato, piden consulta pero sobre todo participación. ¿En qué consistiría? ¿En si se explota o no? Aparentemente no habría oposiciones a la explotación sino que se quiere una explotación limpia. ¿O es también tener trabajo para la comunidad? Para entender en concreto.

AC: No se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental, sino el ejercicio de un derecho indígena, establecido y desarrollado por la Corte…

EHN: Sí, pero concreteme un poco. Actos concretos que se esperan de la Provincia o de esta Corte, de la sentencia. Porque es una forma muy general el derecho a la participación, ¿pero en concreto?

AC: En concreto es un proceso de consulta que cumpla con los estándares internaciones de derechos humanos. Proceso que no lo lleven adelante las empresas mineras, sino el Estado, con pautas claras.

EHN: ¿Hay alguna exploración o es algo preventivo, un temor?

AC: Existen los permisos de exploración en las informaciones de las empresas mineras. Tienen declaraciones de impacto ambiental, es información de las empresas, no del Gobierno.

EHN: Digamos que por ahora nadie ha pedido nada al Gobierno o no sabemos. Esta demanda contra el Gobierno es en realidad por las páginas web de las empresas.

AC: Y por las actividades (de las empresas) en la zona des salinas (… ) Todo está en la documentación (del expediente).

EHN: Lo he leído completo, pero me queda volando qué es lo concreto que pretenden frente a una exploración. ¿Qué el Gobierno los consulte o que el Gobierno los consulte en general antes de empezar nada? No tengo claro.

AC: El pedido es que se cumpla el proceso de consulta. Y que se haga antes de iniciar…

EHN: Para la Corte tiene que haber un caso, un conflicto concreto. Esto ni siquiera es una demanda meramente declarativa, que es lo mismo que surge del expediente, que está todo muy en general, como hipotético, pero no veo un caso, un conflicto concreto… usted es abogada…

AC: Por eso se ha pedido la información a la Corte. La información no ha sido cedida a la comunidad.

¡Ayuda!

El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, resumió. “Está claro que piden el derecho a consulta y participación”. Y preguntó: “¿Quieren que el Gobierno les pida una opinión? ¿Autorización para entrar a explorar? ¿Participación qué significa? ¿Debe ser el Estado? ¿El Estado debe pedir permiso? ¿Y si no se da permiso no se puede realizar? ¿Los pueblos originarios tendrían ese derecho? ¿O consulta y participación es un debate donde después decidiría el Estado?”

La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, explicó que la participación se debe dar antes, durante y después de la exploración, en todo momento que se decida sobre los recursos naturales en territorios indígenas. Y remarcó que la jurisprudencia internacional, a que Argentina adhirió, prevé como “salvaguarda especial el consentimiento. No se trata de una participación informativa o de un solo proceso de conversación con las comunidad”.

Lorenzetti redondeó la idea (sujeta a derecho indígena). “En concreto, usted plantea que para explotar debe haber consentimiento de las comunidades indígenas. Y si no lo hay no se puede explotar, como si fuera propiedad originaria”.

Chalabe cerró: “Sí”.

Gobierno

En representación del gobierno jujeño expuso el fiscal de Estado, Alberto Matuk, que enfrentó las mismas preguntas, repreguntas e interrupciones que la abogada de las comunidades indígenas.

Explicó que en la zona hay seis explotaciones de boro, pero que una sola afecta a una comunidad y que ésta dio su visto bueno “y participó en todas las etapas” de exploración, instalación y explotación.

“No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona de Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes. Existen pedimentos, varios, diversos, pero sin ninguna clase de trámite”, señaló sin inmutarse –por la contradicción– el Fiscal de Estado. Es una misma oración reconoció pedidos de exploración, pero no trámites. Los jueces, incisivos en toda la audiencia, no repreguntaron.

Cerró la audiencia la joven kolla Modesta Rosana Calpanchay, de la comunidad Puesto Rey. Respaldó las afirmaciones del gobierno provincial y dio la bienvenida a la minería en la región. “El Gobierno nos entregó título y nos consultó siempre (…) No sólo queremos fuentes de trabajo, queremos ser proveedores de servicios locales, queremos educación, capacitación. Si tenemos abogados y geólogos podremos controlar mejor”.

La comunidad de Calpanchay, reconocida en la zona por su cercanía al gobierno provincial, está ubicada a 90 kilómetros de la zona de conflicto, en Susques, región que no está incluida en la amparo ante la Corte Suprema y, por lo cual, no se entendió su participación en la audiencia.

Epílogo indígena

Los delegados de las 33 comunidades regresaron anoche a la Puna. Antes de partir, Liborio Flores, 49 años, padre de siete hijos, del Pueblo Atacama, hizo su balance, a título individual (avisó que la próxima semana habrá asamblea y allí surgirá una lectura colectiva). “La audiencia fue una oportunidad, es la primera vez que la Corte recibe a los pueblos andinos, planteamos nuestra realidad y pudimos recordar las luchas de nuestros abuelos. Llegar a la Corte Suprema es parte de esa misma lucha”, explicó.

Consultado sobre el gobierno provincial, Flores sonrió. “Conocemos sus dobles discursos. Se muestran como corderitos y en el territorio ya le conocemos bien el cuero. Dicen que no hay exploración, pero todos sabemos que sí hay, incluso se le escapó al decir que hay ‘pedidos’”, alertó.

Y, sin nombrarlos, Flores recordó a los jueces supremos. “Parecía que querían que dijéramos otra cosa. Nosotros no estábamos pidiendo plata ni trabajo, no pasa por ahí nuestra vida. Nosotros queremos que nos dejen decidir nuestro futuro”.


Otra serpiente que viaja por la sal

Sabrina Améndola

http://www.pagina12.com.ar/

29 de marzo 2012

Representantes de 33 comunidades reclamaron que se los consulte antes de otorgar concesiones para explotar litio.

Representantes de 33 comunidades originarias, habitantes ancestrales de territorios que forman parte de las provincias de Jujuy y Salta, reclamaron ayer, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, que se los consulte sobre los proyectos de “exploración y explotación” de litio y borato que se llevan a cabo en la región de Salinas Grandes, donde ellos viven. Esas iniciativas –denunciaron– “avanzan sobre sus actividades económicas, culturales y sociales”. Es que unos de los medios de vida de esas comunidades es la recolección y comercialización de sal. El gobierno de Jujuy asegura que a las comunidades se les dio participación cuando se concesionó la explotación de borato.

“Al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio (mineral que tiene numerosos usos en la industria y en la medicina) exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales cuatro comenzarán su explotación en los próximos dos a seis años”, informaron miembros de las comunidades originarias. Frente a esta situación, las comunidades decidieron autoconvocarse para “hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU”, añadieron.

“Las comunidades se enteraron a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas sobre este tema que amenaza su forma de vida. Estas comunidades se encuentran en situación de extrema pobreza y aislamiento y tienen muy poco acceso a los medios de comunicación”, expresó Alicia Chabale, abogada que representa a las comunidades ante la Corte.

Sin embargo, representantes del gobierno jujeño, convocados para la audiencia, replicaron que ese reclamo ya fue satisfecho “con holgura” y pusieron como ejemplo que cuando se concesionó la explotación de borato (la de litio aún no ha comenzado) los pueblos originarios tuvieron “participación en la evaluación del impacto ambiental”.

Las comunidades originarias que habitan las Salinas Grandes, en los departamentos jujeños de Cochinoca y Tumbaya, sostienen que les fue “cercenado” el derecho a la participación prevista en la ley para la concesión de permisos de exploración y explotación minera en esas áreas.

En este sentido, ante los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el representante de las comunidades, Liborio Flores, y la letrada Chalabe reclamaron “una consulta libre, previa e informada sobre las obras” previstas para los futuros procesos de exploración y explotación. Ello contribuirá, según consideraron, a “preservar la identidad cultural” de los pueblos originarios.

“En la zona de Salinas Grandes, los recursos afectados serán la sal y el agua. Está claro que existe la posibilidad de que se transmitan las aguas dulces y se transfieran con las sales, lo que significaría que las comunidades tendrían que dejar de trabajar la sal”, expuso Chalabe.

La audiencia fue seguida en los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales por dirigentes políticos y sociales, entre ellos el ex diputado Luis Zamora y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En las afueras del salón principal, decenas de integrantes de las comunidades originarias, varios de ellos con atuendos típicos, también acompañaron la audiencia, que prosiguió con una conferencia de prensa en el Hotel Bauen.

En la zona de Salinas Grandes viven 6500 personas. Allí existe una gran reserva de litio y potasio. “Exploraciones, pozos, derrames de agua dulce, terraplenes y caminos se han hecho sin que nosotros podamos opinar y por eso hemos recurrido a la Corte Suprema, mediante un amparo iniciado ante el máximo tribunal en noviembre de 2010”, señaló Flores.

Robin Suárez, referente kolla de las comunidades aborígenes, dio a Página/12 una respuesta terminante: “Queremos que nos respeten como ciudadanos argentinos nativos que somos. Hemos percibido que los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta desconocen nuestra existencia y eso lo consideramos una falta de respeto hacia las comunidades originarias que habitamos la región de Salinas Grandes”.

“Las salinas han sido desde siempre un recurso importante de supervivencia. Por ejemplo, los salineros han llegado a hacer hasta viajes de 30 días a países vecinos con el único objetivo de intercambiar la sal por otros productos”, dijo Flores.

“Desde hace dos años, con el auge de la minería y el litio, hubo un gran revuelo, en manos de personas que no son de la zona. Nos preocupa no poder seguir viviendo como hasta ahora”, comentó Flores. Agregó: “Este reclamo busca preservar la identidad cultural de nuestro territorio. Exigimos cuidar la vida de nuestros pueblos”.


Coordinan frente de defensa del litio en Chile

Tania Peña

Prensa Latina

1 de marzo 2012

Santiago de Chile - Organizaciones sociales y sindicales chilenas articulan aquí la creación de un frente de defensa del litio como respuesta a la decisión del gobierno de impulsar la licitación del estratégico mineral.

Con ese propósito para este jueves está prevista una reunión entre dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), del movimiento estudiantil y de otras agrupaciones, en la cual será fijado el calendario de próximas movilizaciones populares en torno al tema.

El objetivo es impedir que se concrete la iniciativa de La Moneda, calificada por los actores sociales y sectores de la oposición como otro intento privatizador de la actual administración.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el presidente de la CTC, Cristian Cuevas, señaló que la anunciada licitación del litio a través de contratos especiales se inscribe en una filosofía de despojo de las riquezas naturales del país.

Creemos como trabajadores del cobre e interpretando el pensamiento de la mayoría del pueblo chileno que este es un acto ilegal, arbitrario e inconstitucional, cuya finalidad es entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, afirmó el también dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores.

En ese tema, afirmó, hay que tener una mirada de país, de soberanía, la convicción de que un recurso tan importante como el litio sea desarrollado por el Estado de Chile para a partir de sus utilidades solucionar muchas de las necesidades que enfrentamos los 17 millones de chilenos.

A través de la renacionalización del cobre y de poder desarrollar nosotros mismos la producción del litio podríamos financiar la educación gratuita para los niños y jóvenes; también la salud y las necesidades de vivienda, consideró el líder de los trabajadores del metal rojo en Chile.

En 2010 las baterías de litio se convirtieron en el método principal para reemplazar a los contaminantes combustibles fósiles. El Salar de Uyuni, en Bolivia, concentra más de la mitad de la reserva mundial de ese mineral y el Salar de Atacama en Chile el 40 por ciento.

Una tonelada de litio costaba 350 dólares en 2003 y ya en 2009 su precio estaba situado en los tres mil dólares.


El litio, un recurso estratégico no concesionable

Isabel Allende

http://blogs.cooperativa.cl

17 de febrero 2012

A través de medios de prensa nos hemos enterado que el gobierno pretende realizar licitaciones para la explotación del recurso litio, por medio de los denominados Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).

Declaro mi desacuerdo con la forma en que el Gobierno del Presidente Piñera, está intentando privatizar la explotación de este recurso natural.

No podemos permitir que le suceda a Chile con el litio, lo mismo que ocurrió con el cobre, que finalmente para “no perder nuestro liderazgo en el mercado internacional”, lo entreguemos sin discusión mediante su extracción a privados y no aprovechemos al máximo para nuestro país los beneficios provenientes de este mineral.

En el año 1983, durante la dictadura militar, se impuso un código de minería que entregó nuestras riquezas minerales a inversionistas privados, principalmente extranjeros, además de asegurarles invariabilidad tributaria vía Decreto 600.

El año 2006, 23 años después y luego que la derecha hiciera fracasar un proyecto de Royalty, logramos imponer un Impuesto Específico al Cobre (IEC) y, recién el año 2010, conseguimos un aumento de este impuesto para abordar las tareas de reconstrucción pos terremoto.

Este Impuesto -si bien no es todo lo que la Concertación aspiraba para Chile y su desarrollo- permitió crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que distribuye US$ 400 millones anuales entre las regiones del país, lo que ha significado un aumento relevante para su presupuesto anual.

La legislación vigente en Chile, establece al litio como recurso estratégico, lo que en la práctica se traduce -a diferencia del cobre- en un recurso no concesionable.

Si bien la razón que motivó esta clasificación tuvo que ver con su eventual utilización en armas nucleares, la razón ética, económica y política que hoy reviste al litio como recurso estratégico para nuestro país, dice relación con su utilización para el crecimiento y desarrollo sostenible de Chile y del mundo. Por ello, no puede ser objeto de políticas públicas guiadas exclusivamente por una visión de mercado.

La Comisión de Minería y Energía del Senado inició el 2011 un programa de sesiones para analizar el futuro del litio para Chile. En dichas sesiones se ha invitado a diversos actores y se ha constatado las dificultades y falencias del país en la materia, quedando clara la necesidad de establecer -entre otros temas- un modelo de negocio para el litio que garantice su aporte al Fisco, aproveche las ventajas comparativas de nuestro país y nos mantenga como líderes mundiales en la explotación de este recurso.

Me parece completamente inadecuada la forma de proceder de este gobierno, al anunciar los citados CEOL, obviando la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento de la República y, además, desconociendo lo que la Ley establece explícitamente, utilizando un artilugio jurídico-administrativo que nos compromete por los próximos 20 años.

Los CEOL no son los únicos instrumentos posibles de utilizar para proyectar a Chile en el mercado del litio. También es necesario discutir la posibilidad de un joint venture o la explotación directa de Codelco.

El litio se reconoce como la energía del futuro. En la última década su precio ha crecido exponencialmente y los analistas esperan que llegue a US$ 7.000 la tonelada.

Es un mercado en expansión y Chile es la segunda reserva más grande del mundo después de Bolivia, por ello no es razonable ni deseable la urgencia que la industria quiere poner en la discusión.

Nuestras riquezas no pueden terminar en manos de unos pocos, y el rol que el Estado debe tener es para utilizar los recursos naturales en forma sustentable y que los beneficios –sus rentas- lleguen a todos.

Eso es ser eficiente, y no presentar propuestas de esta envergadura en temporada estival, de un tema relevante para el futuro de Chile como para pasar “por secretaría”.

Los chilenos y las chilenas no nos merecemos esto del gobierno.


Litio: ministro de Minería se inhabilita por parentesco con alto ejecutivo

http://economia.terra.com.co

8 de febrero 2012

SANTIAGO - El lunes el gobierno anuncio un paquete de diez nuevas medidas para la agenda de Impulso Competitivo. Una de ellas tiene una importancia estratégica: reimpulsar el liderazgo del mercado del litio en nuestro país, desbloqueando las restricciones que impiden su explotación, junto con generar mecanismos, para aumentar la competencia e incrementar la inversión en el área, tarea que deberá asumir el ministerio de Minería.

Ayer, el subsecretario de la cartera, Pablo Wagner, entregó los detalles de los contratos especiales o CEOL con los que el gobierno espera licitar el equivalente a 100 mil toneladas metálicas de litio durante los próximo 20 años. Sin embargo, el ministro Hernán de Solminihac decidió marginarse de esta importante tarea por su estrecho vínculo con un alto ejecutivo del sector.

El titular de la cartera es hermano de Patricio de Solminihac, subgerente general de Soquimich (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) una de las dos únicas empresas en Chile que, junto con SCL (Sociedad Chilena del Litio) actualmente tienen concesiones de litio en el país.

El propio Wagner confirmó que el ministro optó por inhabilitarse, lo que ya fue comunicado al propio Presidente Sebastián Piñera. "En eso el ministro ha sido transparente, muy riguroso y extremadamente claro, toda vez que presentó una carta el Presidente de la República diciendo que respecto a este tema, no se iba a pronunciar ni iba a participar", afirmó.

US$ 350 a US$ 500 millones por proyecto

Wagner anunció ayer el plan del gobierno para afianzar el primer lugar de Chile en este mercado, amenazado por el avance de sus competidores y por trabas en la legislación actual.

"Si nosotros no hacemos nada, sólo por efecto de la competrencia del mercado, sólo por el crecimiento que va a tener el desarrollo del mercado, lo que va a suceder es que vamos a perder participación en la industria del litio", aseguró el subsecretario.

En ese sentido, anunció la creación de contratos especiales de operacion de litio, que destrabarán la declaración de inconcesibidad de 1979. "Para reimpulsar el mercado del litio, crearemos los CEOL, contratos especiales de operación de litio, que establece la Constitución. Estos consisten en que vamos a licitar internacionalmente un contrato que contempla el poder explotar el litio en cualquier lugar que en la actualidad está impedido de hacerlo. Vamos a licitar el equivalente a 100 mil toneladas metálicas de litio durante 20 años", explicó.

Durante este año se quiere adjudicar el primer CEOL, y para ello se espera que en el primer trimestre la Contraloría apruebe las bases de licitación. En el segundo trimestre, en tanto, habrá un proceso de consulta, y ya para fin de año se esperan las primeras ofertas y adjudicación de los CEOL.

"Nosotros calculamos que en los 20 años en que se pueda llevar a cabo este contrato, se pueden recaudar en US$ 350 y US$ 500 millones por proyecto", indicó Wagner.

El Estado cobraría por el pago por la primera vez del proceso de licitación, más el 7% del valor de las ventas, además de los impuestos generales.

Chile lidera el mercado de participación litio, con el 41% de la producción mundial. Le sigue Australia con el 20%, China con el 14%, y Argentina con el 11%. Además, Chile tiene 50 salares a lo largo del país para hacer exploración y explotación de litio.

Las baterías de litio ion se han convertido en la principal aplicación, ya que se usan intensivamente en dispositivos como cámaras fotográficas, computadores portátiles, celulares, reproductores de MP3, agendas electrónicas, y automóviles.

Se estima que entre el año 2004 y el 2008 la demanda por baterías de litio experimentó un crecimiento promedio anual entre el 20% y el 22%. La demanda total de litio alcanzará entre las 180 mil a 200 mil toneladas el año 2020, y entre las 320 mil y 350 mil toneladas el año 2030.


Consorcio Kores-Posco firma acuerdo con Comibol por proyecto de cátodos de litio - Bolivia

Business News Americas

29 marzo 2012

El consorcio creado entre la estatal surcoreana Kores y la siderúrgica connacional Posco firmaron un principio de acuerdo con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para el desarrollo y la producción de cátodos de litio, informó la agencia estatal ABI.

"El acuerdo en cuestión permitirá a Kores-Posco y a Bolivia implementar una planta piloto para la fabricación de cátodos de litio, que es el componente principal y más importante de litio", dijo el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, citado en la información.

La parte inicial del proyecto -que busca darle mayor valor agregado al carbonato de litio que se produce en el Salar de Uyuni- demandará una inversión de US$1,5mn y cada una de las partes aportara un 50%, según reporta la prensa local.

El acuerdo contempla además que al finalizar esta fase, a finales de 2013, permitirá escoger la tecnología que se usará para la instalación de una planta industrial de cátodos de litio.

En agosto del 2011, los gobiernos de Bolivia y de Corea del Sur suscribieron un memorando de entendimiento para iniciar la industrialización del litio del salar de Uyuni por medio de una eventual asociación con empresas de este país asiático.

En virtud del acuerdo, los países promoverán el desarrollo de la industria del litio entre ambos países. El acuerdo se firmó entre ejecutivos de Posco, Kores y Comibol.

Las autoridades bolivianas han descartado varias ofertas para desarrollar la industria de litio porque solamente se orientaron a explotar el mineral. Entre esas ofertas se destacan aquellas de la francesa Bolloré, la surcoreana del sector privado LG y las japonesas Mitsubishi y Sumitomo.

En el 2010, el Gobierno boliviano también firmó con Japón un memorando de entendimiento para que este último brinde apoyo técnico, capacitación e intercambio de experiencias sobre el litio. Lo mismo se hizo con el Gobierno de Irán, que ofreció apoyo para la investigación en esa industria.

El Gobierno de Bolivia apunta a explotar los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, que cuenta con una superficie cercana a los 10.000km2 y posee reservas de 8,9 millones de toneladas (Mt) de litio, 7,7Mt de boro y 211Mt de magnesio, además de sodio y calcio.


Bolivia mira a litio como industria, no materia prima

Carlos A. Quiroga L.

Reuters

29 de marzo 2012

LA PAZ  - Bolivia pretende ser el primer país latinoamericano que fabrique baterías de ion de litio con tecnología propia, dijo el miércoles el jefe de la oficina gubernamental encargada del proyecto financiado inicialmente sólo con fondos estatales.

Esas baterías, no contaminantes y de alto rendimiento, son consideradas clave para la producción masiva de vehículos eléctricos o híbridos con que la industria automotriz mundial enfrentaría al creciente costo de los altamente contaminantes combustibles derivados del petróleo.

El gerente de Recursos Evaporíticos de la estatal minera Comibol, Luis Alberto Echazú, dijo en una entrevista con Reuters que el litio boliviano, que constituye al menos la mitad de las reservas mundiales conocidas de ese mineral ultraliviano, ingresará al mercado sólo después del 2015.

El Gobierno de Evo Morales, que nacionalizó en el último quinquenio los hidrocarburos y parte de la minería, impulsa con este propósito un proyecto estatal de producción de carbonato de litio y otro paralelo de industrialización para el cual se ha asociado inicialmente con firmas de Corea del Sur.

"Bolivia no quiere repetir con el litio la historia pasada de la minería de la plata y el estaño, que extrajo y exportó materias primas sin valor agregado y dejó muy pocos beneficios para los bolivianos", afirmó Echazú.

"La estrategia que ejecutamos por mandato del presidente Morales es lograr el mayor grado de industrialización en un proyecto controlado por el Estado. No queremos ser un país maquilador, sino industrializador del litio", aseguró.

Según el funcionario, quien fue ministro de Minería durante el primer mandato del izquierdista Morales, para el país sudamericano, uno de los menos industrializados del continente, "el problema no es la cantidad, sino la calidad y el precio de su oferta de productos de litio, en procura del máximo beneficio para el país".

La cantidad estaría asegurada por los al menos 100 millones de toneladas de litio que se calcula están depositados en los salares del altiplano boliviano, particularmente el de Uyuni, que suman una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados.

La apuesta por la calidad y el precio se centra en el desarrollo de una tecnología propia, según Echazú ya probada con éxito, para la producción de carbonato de litio, y alianzas con socios como el consorcio surcoreano Kores-POSCO para producir cátodos de ion litio utilizando el carbonato como insumo fundamental, y posteriormente baterías.

¿ATRASO?

Echazú consideró infundadas las críticas de analistas y opositores políticos, que advirtieron sobre un supuesto grave atraso del ingreso de Bolivia al mercado internacional del litio, en el que destacan actualmente vecinos como Chile, Argentina, que también tienen salares.

"Nuestros vecinos llegan hasta la producción de carbonato de litio, nosotros apuntamos a las baterías, con el mayor contenido de producto nacional que sea posible", señaló.

Explicó que para ello el plan boliviano arrancó con la investigación de la tecnología de explotación de litio en el salar de Uyuni y la producción de carbonato de litio en un proyecto piloto que concluirá en 2015 ó 2016, cuando se espera que esté en pleno montaje una planta industrial.

Para entonces se prevé también que esté en operación una fábrica de cátodos de ion litio desarrollada en sociedad con el consorcio surcoreano que esta misma semana se comprometió a perfeccionar en el mismo salar la tecnología requerida.

"Creemos que se dan las condiciones para que Bolivia tenga lista su oferta de productos de litio en el momento más adecuado de desarrollo de este nuevo mercado, con componentes de baterías e incluso baterías de ion litio terminadas a precios y calidad competitivos", afirmó Echazú.

Señaló que, a diferencia del carbonato de litio que constituye menos del cinco por ciento del costo total de fabricación de una batería de ion litio, los cátodos de ion litio representan el 40 por ciento.

"Creemos que en el proceso final de fabricación de baterías podemos llegar a incorporar al menos un 60 por ciento de insumos locales, y será tecnología bajo nuestro dominio", dijo Echazú.

"No estamos atrasados, incluso tenemos temor de llegar antes de tiempo, de demorar con nuestra oferta de carbonato, cátodos y hasta baterías un previsible 'boom' del litio y presionar a la baja el precio del mineral", advirtió.

PERSPECTIVAS DE MERCADO

La demanda mundial de carbonato de litio es de hasta 150.000 toneladas anuales -no hay estadísticas precisas, admitió- aparentemente estancada porque la industria automotriz no termina de desarrollar tecnología para la producción masiva de automóviles eléctricos o híbridos con baterías de ion litio.

Bolivia prevé entrar al mercado en el 2016 con una oferta inicial de 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio y similar cantidad de cátodos de ion litio.

Hacia fines de esta década, la producción de carbonato de litio sólo en el salar de Uyuni llegaría a 30.000 toneladas, de las cuales una parte se utilizaría localmente en la fabricación de cátodos y baterías.

A precios actuales, la exportación de esas 30.000 toneladas de carbonato de litio reportaría al Estado boliviano unos 140 millones de dólares, "pero si se exporta cátodos, que valen el triple, o mejor baterías, los ingresos se multiplicarían", dijo.

Para la producción a escala industrial de carbonato de litio y un proyecto paralelo de cloruro de potasio el Gobierno ha previsto una inversión de 485 millones de dólares, ya financiados por el Banco Central de Bolivia.

No está determinado por ahora cómo se financiarán los proyectos de cátodos y de baterías, que según cálculos oficiales previos requerirían otros 500 millones de dólares.

Echazú añadió que la reciente alianza con el consorcio surcoreano no bloqueará eventuales proyectos paralelos con empresas japonesas interesadas también en el litio, o chinas, que han puesto sus ojos en el potasio de los salares para producir fertilizantes.

(Reporte de Carlos A. Quiroga; Editado por Ricardo Figueroa)

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