Denuncian asesinato de sacerdote en Marmato, Colombia
Published by MAC on 2011-09-19Source: Mendoza On Line, Statement
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Denuncia asesinato párroco de Marmato, Colombia
9 de Septiembre de 2011
El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, repudiamos el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, párroco de Marmato y defensor del derecho del pueblo a pervivir y permanecer en su territorio.
El pasado viernes 2 de septiembre de 2011, el cuerpo sin vida del sacerdote fue encontrado sin sus documentos de identificación, junto a la motocicleta en la que se transportaba, en la vía que conduce entre Mistrató y Belén de Umbría en el Eje Cafetero Colombiano. Medios de comunicación relacionaron su muerte con un supuesto atraco, versión dudosa que puede estar ocultando la realidad de un asesinato relacionado con su trabajo de defensa de la población del municipio minero.
La semana anterior a los hechos, del 23 al 26 de agosto, el sacerdote Restrepo había visitado la ciudad de Bogotá junto con líderes del municipio para denunciar la zozobra que vive la comunidad por el megaproyecto de extracción minera de oro a cielo abierto que conlleva al desarraigo y pérdida de derechos de población afrodescendiente, indígena y mestiza de Marmato en el departamento de Caldas.
El padre Restrepo denunció que la empresa Medoro (ahora fusionada con la Gran Colombia Gold), de origen canadiense, había hecho circular información sobre la supuesta venta de la parroquia, confundiendo a la comunidad sobre la realidad en torno a la reubicación de la iglesia. Para verificar esta información, el mismo sacerdote se comunicó con la diócesis de Caldas y con el episcopado de la región indagando si efectivamente se había realizado esa venta, lo cual fue negado por esa autoridad eclesiástica.
A ojos de los líderes sociales en defensa de Marmato y del padre Reinel, estas situaciones han obedecido a la intención de sacar a toda costa a las personas que habitan el caso urbano de esa localidad para desarrollar la minería a cielo abierto; él había expresado públicamente en varias ocasiones que "solo a la fuerza podrán sacarme de la parroquia y del municipio."
Expresamos nuestra solidaridad con la familia del sacerdote y con su comunidad religiosa que pierde a uno de sus miembros comprometido con la defensa de los derechos humanos.
Antecedentes
En la municipalidad de Marmato en el departmento de Caldas, Colombia, conviven históricamente, población afrodescediente, indígena y mestiza. La economía de este municipio se ha sustentado en la pequeña minería, desarrollada por habitantes de la región en minas de socavón. Hace aproximadamente cuatro años, empresarios canadienses llegaron a la región adquiriendo títulos y tierras a los pobladores; esto a la vez fue el anunció de las intenciones de dejar cientos de personas sin empleo, fuera de las minas que habían trabajado a través de la pequeña minería, así como la reubicación del casco urbano y las instituciones allí asentadas (hospital, escuela, colegio, iglesia) a la vez que se incrementa la presencia de fuerza pública lo que la población siente como intimidación frente al libre ejercicio de los derechos y la pacífica expresión de sus reclamos.
El desarrollo del megaproyecto, igualmente, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios ancestralmente. Al respecto el estado colombiano ha expresado su voluntad de no llevar a cabo el proceso de consulta previa. Así lo expresó el exministro de Minas Hernán Martínez Torres el 29 de julio de 2009 indicando "dejó claro que no se desarrollará el proceso de Consulta Previa", actitud que se mantienen en el actual gobierno con la cual el estado colombiano desconoce sus obligaciones en materia de derechos humanos y en particular la surgida del Convenio 169 de la OIT ratificado en Colombia a través de la ley 21 de 1991 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Una filial de la empresa Medoro Resources presentó ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) más de 100 amparos administrativos para que le reconozcan propiedad sobre títulos mineros en Marmato, de minas que han estado a cargo de pequeños mineros, también llamados guacheros. Es evidente que al lado de este interés la multinacional ende quedarse con las minas para iniciar el desarrollo del proyecto de explotación a cielo abierto.
La intención reubicar el casco urbano y las comunidades adyacentes, se ha sustentado sobre la declaratoria de riesgos geomorfológicos mitigables en caso de que existieran.
Solicitudes
Al estado colombiano
- Desarrollar una investigación exhaustiva, seria y pronta por estos hechos y adoptar medidas para que la misma contribuya al esclarecimiento del crimen.
- Garantizar que los derechos de las comunidades y sus organizaciones, incluidos los de expresión y participación frente a la implementación de estos megaproyectos, no sean irrespetados.
- Garantizar a la población su derecho a permanecer en el casco urbano habitado ancestralmente.
- Garantizar que la iglesia, lugar de culto de la población católica, permanezca en el lugar en que se encuentra.
Al estado canadiense
- Tomar las medidas necesarias para impedir que las empresas de origen canadiense, o que tengan sus activos en ese país, generen o se beneficien de violaciones a derechos humanos.
- Garantizar que de ser necesario, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, serias y prontas en su jurisdicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
A la iglesia católica colombiana
- Mayor compromiso y apoyo a los párrocos locales en su labor de acompañamiento de las comunidades en la defensa de sus territorios.
- Exigencia firme al estado colombiano de acciones efectivas para el pronto esclarecimiento de este crimen.
La historia más infame: la montaña de oro que mató a un joven cura en Colombia
Gabriel Conte
http://www.mdzol.com/mdz/nota/326116
14 de Septiembre de 2011
A las guerrillas que se retroalimentan de muerte y que hasta se surten de armas en las mismas compañías con tal de continuar con su espiral de terror, se les ha sumado la muerte porque sí. O porque no. Porque no estás de acuerdo con algo, porque luchás por derechos sociales o porque te interponés entre los intereses de grandes corporaciones económicas.
Al menos, así lo están denunciando organizaciones sociales de Colombia y lo ratifican organismos internacionales que están, justo ahora, especialmente conmovidos por la situación.
Seis sacerdotes fueron asesinados en lo que va del año en Colombia, que se ve envuelta en una ola de temor por el solo hecho de ser partícipes de alguna causa popular.
El cura católico José Reinel Restrepo Idárraga, por ejemplo, tenía 34 años cuando fue ultimado. Lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, una localidad ubicada en Caldas. Allí hay una montaña en la que una veta de oro tienta más de la cuenta y, en el tironeo por poseerla, según señalan tanto la prensa como dirigentes sociales, murió quien, en el medio de la disputa, velaba por los derechos de la población, montaña abajo.
¿Quiénes son los que se disputan el oro del corazón de esa montaña? Un grupo de pequeños mineros y una compañía internacional con sede en Toronto, Canadá, según da cuenta el periodista Jorge Iván Posada Duque, enviado por el diario El Colombiano a la zona.
La minería no les resulta una actividad extraña. según esta crónica, Marmato es el cuarto municipio más antiguo de Colombia y "donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza".
Pero la compañía multinacional les fue comprando los títulos uno por uno a los pequeños mineros de la localidad. "Solo nos queda comprar 14 títulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato", afirmó -según El Colombiano- Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).
El cura, antes de morir, había dicho, dirigiéndose al titular de la compañía: "Si a mí como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les diría: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no".
Hoy en Colombia su nombre integra una lista de 6 sacerdotes y muchos civiles que son asesinados. Pero, a fuerza de ser sinceros, la noticia no conmueve a todo el país. Está demasiado acostumbrado a la muerte. La naturalización del ojo por ojo le ha puesto un freno a la conmoción y solamente el accionar internacional puede hacer que algo se mueva alrededor de casos tan repugnantes como éste.
El oro. Y también el barro
Su participación en la restitución de tierras a víctimas de su despojo ha molestado bastante o mejor dicho, muchísimo, a quienes las están estrujando hasta su última gota de producción. Nadie puede decir que son ellos los dueños de las amenazas de muerte que pesan sobre Luis Emil, pero también en torno a la vida de Ana Teresa Bernal, Carmen Palencia, Gerardo Vega y Jesús Mario Orozco, todos, dirigentes sociales reconocidos en Colombia.
"Estamos muy preocupados. Hay mucha gente amenazada y, si bien hay mucha solidaridad, están matando gente", nos dijo, sin querer abundar más y desde algún lugar secreto de su país en el que debe ocultarse mientras consigue que se cumplan las garantías para que su vida no llegue a un abrupto final.
Esta semana, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se pronunció en respaldo "a los líderes y las liderezas amenazadas". "Toda amenaza e incitación a la violencia y a la intolerancia tiene que ser rechazado firmemente por el Estado" e insta a brindarle a las personas bajo amenaza su protección y sancionar ejemplarmente a quienes formulan las amenazas.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, instó a las autoridades competentes adoptar medidas de protección efectivas que garanticen el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que han sido relacionadas en el panfleto amenazante, de igual manera pidió a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas. Pérez dio a conocer sus solicitudes junto con un rechazo a las amenazas de que fueron víctimas los directivos de Redepaz, junto a líderes del proceso de restitución de tierras.
También Pax Christi Internacional expresó su solidaridad con la organización Redepaz y con las otras organizaciones que trabajan con las víctimas en la restitución de sus propiedades, en una carta abierta en la que también "urge a las autoridades y demás organismos competentes a agilizar la reglamentación de la ley y la protección a las organizaciones que lideran la restitución de bienes". En su nota, Pax Christi que "entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas, y que cerca de 4 millones de personas fueron desplazadas por la violencia".
La solidaridad mueve montañas, podemos decir, aunque no lo haya logrado con aquel monte dorado de Marmato, que se le terminó viniendo encima al sacerdote y líder popular.
Parecerá una cuestión ajena, pero no lo es. La suma de todos los esfuerzos puede ayudar a que esta gente sobreviva. Nuestra solidaridad ya está explícita con esta nota.
Pero sumá la tuya. Haceles sentir que los estás acompañando. Mandales un correo a: contacto@redepaz.org.co