Actualizadad sobre legislación-regalías en América Latina

Published by MAC on 2011-09-14
Source: REUTERS, El Universal, El Cronista (Buenos Aires)

Brasil cambia las reglas de juego para la minería

Rafael Bitencourt

El Cronista (Buenos Aires)

1 de septiembre 2011

Al decidir rediseñar el sistema de recaudación de regalías del sector de minería, el gobierno definió cuatro grupos de bienes minerales que, según la evaluación oficial, desempeñan un papel importante en la economía, por lo cual, precisan un tratamiento diferenciado en la nueva legislación. La idea es tasar menos los minerales utilizados en la construcción civil y más a los que actualmente se exportan con poco agregado de valor.

Además, el plan gubernamental incluye la preparación de medidas complementarias para disminuir la carga de impuestos de los ítems usados en la industria manufacturera.

Los cuatro grupos que recibirán un tratamiento diferenciado son: bienes que concentran la mayor parte del valor de producción mineral brasileña y se exportan en forma bruta o semi elaborada, como mineral de hierro, bauxita e niobio; los insumos minerales esenciales para el desarrollo de la industria nacional, como cobre y níquel; los minerales no metálicos de fácil extracción, que abastecen básicamente la construcción civil, como arena, brita, arcilla y caliza; y las sustancias escasas en el suelo brasileño utilizadas en la producción de fertilizantes, como potasio, fósforo y fosfato.

Parte de los cambios se realizarán a partir de la formulación de la Compensación Financiera por Exploración de Recursos Minerales (CFEM), mecanismo usado en el cobro de los royalties. El resto dependerá de nuevas políticas de incentivo fiscal. Las principales novedades integran el nuevo marco regulatorio, en etapa final de discusión en la Presidencia de la República.

La profesora Maria Amelia Enríquez, de la Universidad Federal de Pará (UFPA), llamó la atención sobre un conjunto de distorsiones en el tratamiento tributario dado a las sustancias minerales de Brasil. Citó el hecho de que la arena usada en la construcción civil. Que no llega a costar R$ 40 la tonelada en el local de extracción, se tase de la misma forma que el níquel, cuya tonelada llega a costar R$ 40.000. "Eso no tiene sentido. Analizamos códigos de diferentes países y no encontramos nada semejante", dijo Enríquez.

La profesora trabajó hasta julio como asesora de la Secretaría de Geología, Minería y Transformación Mineral, del Ministerio de Mineas y Energía, participando activamente de la formulación de los cambios en la forma de cálculo de la CFEM. El cambio en las reglas de los royalties constituye sólo uno de los tres proyectos de ley que elabora el gobierno para reformular el marco regulatorio del sector.

Los otros dos tratan sobre la institución del nuevo Código de Minería, con las nuevas reglas de concesión y labra, y de la creación de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que realizará la fiscalización y el recogimiento de la CFEM. El gobierno definirá un margen de variación de las alícuotas de entre 0,5% y 8%. Hoy, cada mineral tiene una tasación fija, que puede alterarse a través de una ley -la facturación líquida obtenida en la tasación del mineral de hierro paga 2% de la CFEM. Con los cambios, las alícuotas podrán variar, dentro del margen establecido en la nueva ley, a través de un decreto presidencial. En el caso del mineral de hierro, la alícuota puede duplicarse.

La categoría de los bienes minerales exportados de forma bruta o semi elaborada -que integran mineral de hierro, bauxita y niobio- deberían sufrir una tasa más alta inmediatamente, según Enríquez. Ese segmento responde por 80% de la producción minera brasileña y se beneficia con incentivos fiscales dedicados a la exportación.

Esos incentivos desestimulan en la práctica, el agregado de valor dentro del territorio nacional. La profesora sugiere que el gobierno suba las alícuotas de royalties, en ese caso, a 4%. Además, el ministerio de Hacienda pretende aplicar el Impuesto de Exportación, con el objetivo de desestimular la venta de productos primarios y/o semi elaborados.

El segundo grupo, compuesto por una variedad de sustancias minerales, como cobre y níquel, es fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Esos minerales también sufrirán una suba de royalties. Como son relevantes para los costos de producción de la industria de transformación, Enríquez recomienda que el gobierno adopte una medida compensatoria: la reducción de la carga de impuestos.

"Es preciso darles un trato distinto, porque alimentan los diferentes ejes de la cadena productiva, lo que multiplica las oportunidades de negocios dentro del territorio nacional. Y eso contribuye a los avances tecnológicos, la generación y multiplicación de renta y empleo en el país", dijo.

Para el grupo formado por minerales de uso directo en la construcción civil -como arena, brita, arcilla y caliza, el gobierno prepara una reducción significativa de la alícuota, pasando de 2% a 0,5%. Además de mover las economías locales, ese segmento de la minería ayuda a sostener la expansión del mercado inmobiliario, sector importante para la generación de empleo y renta.

La insatisfacción del gobierno como los llamados productos "agregados" de construcción civil (arena y brita) está relacionada al alto grado de informalidad en la producción de esos minerales. La actividad es dominada por empresas de pequeños y mediano porte, que exploran áreas próximas a los centros urbanos, considerando que la logística es el principal factor de aumento de precio en el punto de entrega.

La expectativa es que, con menores tasas de royalties y un proceso de otorga menos burocrático, el mercado tiene estímulos para buscar la formalización.

En el caso del cuarto grupo de minerales -agro minerales, utilizados como insumo en la fabricación de fertilizantes--, el gobierno planea reducir el royalty. Algunos de esos elementos, como potasio y fósforo, tienen baja disponibilidad en Brasil, el proceso de exploración es complejo, pero son fundamentales para la producción agrícola. La mayor parte del consumo interno es atendido por la importación. Fósforo y potasio se mezclan al nitrógeno en la fabricación de fertilizantes NPK.

La regla actual de la CFEM para los agro-minerales es, según Enríquez, "ambigua" y tiene trampas que generan embates constantes de los equipos de fiscalización con las mineras. "El potasio, por ejemplo, está tasado con una alícuota de 3%. Ocurre que los fertilizantes pagan royalty de 2%. Pero 99% de ese potasio se utiliza en la producción de los fertilizantes".

Fuera de esos cuatro grupos, que recibirán tratamiento diferenciado, están el oro extraído por mineras y otros metales especiales. Después de ser beneficiado por más de 20 años con una alícuota considerada baja, de 1%, el oro producido en el país, con excepción de la exploración artesanal en minas, debe sufrir el aumento más alto de la CFEM. El nuevo porcentaje para el segmento debe superar 4%. En torno de 80% del oro producido en Brasil se exporta.

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Cerro Matoso paga $35.318 millones más en regalías

REUTERS

Agosto 29 2011

La minera BHP Billiton pagó 35.318 millones de pesos (19,6 millones de dólares) que reclamaba Colombia por una liquidación errada de regalías por la explotación de ferroníquel de su mina Cerro Matoso, que le abre la posibilidad de prorrogar el contrato por 30 años, informó ayer el Gobierno colombiano.

Las autoridades mineras detectaron que Cerro Matoso, controlada por la firma anglo australiana, pagó entre el 2005 y el 2008 una cuantía menor a la pactada por la explotación de la mina ubicada en el municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, en el norte del país.

“La solución a la que se ha llegado ha contado con el asentimiento y con el consentimiento de la empresa contratista”, dijo el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado.

“Es la mejor de las soluciones a las que se puede llegar, se han recuperado unos recursos importantes que van a financiar el desarrollo social del país y además nos evitamos controversias jurídicas que se pueden demorar ocho, diez o más años”, precisó.

BHP Billiton tiene una capacidad de producción de alrededor 50.000 toneladas anuales de níquel en la mina Cerro Matoso en forma de ferroníquel, una aleación de hierro y níquel.

De acuerdo con el Gobierno colombiano la mina tiene 21 millones de toneladas de níquel en reservas y produce alrededor del 4 por ciento del mineral a nivel mundial.

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Humala promulga ley de consulta previa sobre proyectos mineros
Analistas consideran que la ley debería frenar el malestar social de las comunidades indígenas de Perú, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y focos de millonarias inversiones extranjeras.

EL UNIVERSAL

Martes 6 de septiembre 2011

Lima.- El presidente peruano, Ollanta Humala, promulgó hoy una ley que busca reducir los conflictos sociales en el país, al darle más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

Humala firmó la ley en la localidad selvática de Bagua, en el norte de Perú, un lugar emblemático para los nativos luego de que hace dos años murieron más de 30 personas durante una protesta contra leyes que promovían la explotación de recursos naturales sin la consulta de los indígenas, indicó Reuters.

"Hoy estamos dando un paso importante, lo que es la construcción de una Nación, de una República", dijo Humala en un discurso transmitido por la televisión estatal, ante cientos de nativos muchos de ellos ataviados con trajes típicos.

Analistas consideran que la ley debería frenar el malestar social de las comunidades indígenas de Perú, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y focos de millonarias inversiones extranjeras.

Perú tiene proyectos por unos 50.000 millones de dólares en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo, que en ocasiones se torna violento, de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.

Humala, un militar retirado, afirmó que la llamada "Ley de Consulta Previa" traerá paz social y fomentaría el desarrollo y las inversiones de zonas olvidadas en el país sudamericano.

Según la ley, el Gobierno y los grupos nativos discutirán la viabilidad de un proyecto y en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

"Los procesos que se den de inversiones necesariamente van a tener que ser consultados con la población y el hecho de la vinculancia o no de la Ley no es, en este caso, lo importante, lo más importante es que se recobra la voz de participación de la ciudadanía", afirmó el presidente a periodistas.

Empresarios satisfechos

Empresarios del sector minero y energético apoyaron la promulgación de la ley de consulta, que busca aplicar parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

"Es importante el hecho de que hay muchas inversiones que han enfrentado conflictos sociales por desinformación", dijo el presidente del mayor gremio empresarial minero y energético de Perú (SNMPE), Pedro Martínez.

"No tiene carácter vinculante, es decir no hay derecho de veto" a las inversiones, refirió el empresario.

Humala, de 49 años, asumió la presidencia del país a fines de julio tras moderar un discurso radical de izquierda y enviar varias señales amistosas para los inversionistas, temerosos de que imponga un Gobierno estatista.

La ley de consulta había sido aprobada por el anterior Congreso pero fue observada por el expresidente Alan García -un fuerte impulsor de las inversiones privadas en los sectores clave de minería y energía-, quien argumentó que la norma iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.

Hace más de dos años, García sufrió el peor conflicto social y político durante su Gobierno, cuando una protesta en contra de leyes que promovían la inversión energética en la Amazonía dejó 34 policías e indígenas muertos.

Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según cifras oficiales.