MAC: Minas y Comunidades

Comunidades de Salinas Grandes se movilizan contra la minería de litio en Jujuy, Argentina

Published by MAC on 2011-08-01
Source: Statement, Página 12 (2011-07-22)

Corte de ruta entre Susques y Purmamarca, Jujuy

Después de una intensa lucha contra la exploración de uranio en la Quebrada de Humahuaca el año pasado, los Pueblos Indígenas y organizaciones sociales de la provincia de Junuy, en el norte de Argentina (en la frontera con Bolivia y Chile) enfrentan ahora la ocupación de todos y cada uno de los salares de la Puna para el desarrollo de la minería de litio (además del potasio, boratos y cualquier otro mineral que las empresas puedan obtener).

Ver: Justicia argentina frena explotación de uranio en la Quebrada de Humahuaca (2010)

En los últimos años, los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy han otorgado derechos mineros a decenas de empresas canadienses que cuentan con financiamiento de fabricantes de automóviles como Toyota y Mitsubishi. El litio, por su capacidad de almacenar energía, podría convertirse en la clave para la transición a los automóviles eléctricos.

En noviembre de 2010, 33 comunidades de Salinas Grandes presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires para que sus derechos sean respetados y se cancelen todas las conseciones mineras otorgadas en los salares sin su consentimiento libre, previo e informado.

El 14 de julio de 2011, denunciaron la grave situación que padecen ante James Anaya [Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las naciones Unidas] en Ginebra. El año pasado, Anaya llamó la atención al gobierno argentino por el caso de la fundición de plomo de Abra Pampa, también en la provincia de Jujuy.

La "fiebre del litio" se extiende a los salares de todo el noroeste de Argentina, sur de Bolivia y norte de Chile. Ver: El litio tambén es nuestro, dicen Pueblos Indígenas de Bolivia (2009)

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Delegación de comunidades indígenas afectadas en Ginebra
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS SALINAS GRANDES EN PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LITIO – PELIGRO AMBIENTAL

Buenos Aires, 12 de julio de 2011

En el día de hoy arribaron a Ginebra, representantes de 33 comunidades indígenas de la Puna Jujeña y Salteña, donde expondrán el próximo jueves 14 de julio de 2011, a las 12:30 hs. ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas la grave situación que provocan las actividades mineras desde principios de 2010 y continúan en la actualidad en la región conocida como Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc.

Integran la Delegación Rodrigo Solá, abogado de las comunidades y Clemente Flores, representante indígena, quien afirmó: “vamos a plantear la defensa del territorio de las comunidades de las Salinas Grandes, del medio ambiente y el uso del agua. Contarle que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra, y a plantear el caso que hemos presentado ante la Corte Suprema por la explotación del litio sin consultarnos a las comunidades. La demanda surge por la intrusión de las empresas en nuestro territorio, nos juntamos para ver como se podía defender la cuenca. Logramos reunirnos y acordar 33 comunidades, todas desconocían que era el litio, que agua se iba a utilizar, con qué métodos”.

El 24 de Noviembre de 2010 fue presentada la Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de OIT y Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. Respecto de esta acción, el líder indígena manifestó “Con esfuerzo presentamos la demanda ante la Corte suprema, tanto de las comunidades como el equipo técnico de apoyo. El gobierno sigue sordo a todo esto. En Jujuy por ejemplo sacando una ley que declara al litio como mineral estratégico, esto es una burla a las comunidades. Los medios de comunicación locales tratan de confundir a las comunidades, dicen que es una gran fuente de trabajo y no es así”.

La idea de acceder a instancias internacionales se concreta luego de agotar las instancias en Argentina, donde según declaraciones de los propios comuneros: “no nos están dando respuesta, hicimos los pasos nacionales, pedimos información en la provincia y no nos contestaron, presentamos el recurso en la Corte y tampoco está resolviendo todavía, así que ahora intentaremos desde lo internacional. Los problemas en el territorio siguen, las perforaciones siguen, el agua dulce subterránea sigue saliendo a la superficie y eso nos preocupa. No tenemos tanto tiempo para esperar a que la Corte resuelva, sabemos que tienen muchos casos pero nosotros necesitamos una respuesta urgente porque las empresas avanza en los territorios y nos van a provocar daños para siempre”.

La delegación estará en Ginebra hasta el viernes 15 de Julio.

Contacto:

En Jujuy (en Ginebra desde el 12 al 15 de Julio): Rodrigo Sebastián Solá, Abogado de las comunidades, rodrigosola@hotmail.com

En Buenos Aires: Soledad Sede, Redaj – Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería -  redaj@ceppas.org


En Jujuy: Alicia Chalabe, Abogada de las comunidades jujeñas, lalichalabe@arnet.com.ar



Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS SALINAS GRANDES EN PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LITIO – PELIGRO AMBIENTAL

Cuándo y dónde:

Las actividades mineras comenzaron a principios de 2010 y continúan en la actualidad en la región conocida como Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc. Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la provincia de Salta, e integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc - Salinas Grandes. Esta sub-cuenca forma parte de la Puna, porción del altiplano que pertenece a la República Argentina. La superficie total de la cuenca alcanza los 17.552 km2. Si bien ambiental y culturalmente conforman una sola unidad, su administración política está dividida entre las jurisdicciones de las provincias de Salta y Jujuy, ambas de la República Argentina.

Víctima(s):

Comunidades de Jujuy: Santuario de Tres Pozos, Comunidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito, Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados, Comunidad Aborigen de Aguas Blancas, Comunidad Aborigen de Sianzo, Comunidad Aborigen de Rinconadilla, Comunidad Aborigen de Lipan, Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”, Comunidad Aborigen de Pozo Colorado - Departamento Tumbaya, Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Rio Grande y Agua de Castilla, Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno, Comunidad de Santa Anta.

Comunidades De Salta: Comunidad Aborigen Cerro Negro, Comunidad Aborigen de Casa Colorada, Comunidad Esquina de Guardia, Comunidad Indígena Atacama de Rangel, Comunidad Aborigen de Cobres, Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos, Comunidad Aborigen De Tipan.

Qué sucedió: Desde el año 2010 se han divulgado informaciones en revistas y diarios de circulación en las provincias, que dan cuenta de la exploración de un mineral denominado el oro blanco del siglo XXI: el litio. Esta situación generó gran inquietud en las comunidades de las Salinas quienes nunca habían sido consultadas acerca de las posibles nuevas exploraciones y sus eventuales consecuencias en su equilibrio comunitario y ecológico.

En comunicado de prensa las comunidades indígenas afectadas reseñaron: …“durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy.

Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias, etc. En síntesis: a toda nuestra vida”...

Las primeras perforaciones ya presentan surgencia de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos, lo cual según informes científicos provocará consecuencias notables sobre el sistema salino, limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales y favorecerá la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad. Si se priva a estas comunidades del acceso al agua para sus haciendas, pasturas y chacras, se les despoja de sus espacios de reproducción cultural, lo cual deja de ser un tema meramente económico, y aunque el daño se pueda resarcir económicamente, la pérdida de estos espacios de reproducción cultural es la muerte de una identidad, es un genocidio realizado en aras de una homogenización cultural.

La urgencia por el inicio de actividades de explotación y apoyo por parte de los gobiernos provinciales se puso de manifiesto en Salta a través de un Decreto Nº 3860/10 del mes de Septiembre. En el mismo se declara de interés público el proyecto e iniciativa privada de la empresa Bolera Minera S.A. para la exploración, explotación e industrialización de recursos sobre siete minas del Salar Salinas Grandes en el departamento La Poma. La etapa de búsqueda de la sustancia será por dos años. En caso de que se decida por explotar estas sustancias, se prevé que sea por el término de 20 años, "con derecho a prórroga por otros 20 años, o bien alguna otra forma de asociación con la Provincia de Salta". Bolera Minera S.A. es un joint venture compuesto por los grupos franceses Bolloré y Eramet, líderes en los sectores minero e industrial, respectivamente. Su proyecto apunta fundamentalmente a la extracción de litio, mineral necesario para la construcción de acumuladores de energía eléctrica, fundamental para modernas baterías para el sector automotriz.

El Decreto menciona, paradójicamente, como fundamentos "integrar a las comunidades locales para un desarrollo social y económicamente equilibrado, teniendo como primer objetivo la sustentabilidad del desarrollo, generando puestos de trabajo, y en este sentido, coadyuvando con el Estado en la generación de empleo genuino; también propone, respecto a la protección al medio ambiente y aplicando el principio de responsabilidad social de la empresa, el irrestricto respecto de la normativa vigente". Tampoco para el dictado de esta normativa fueron consultadas las comunidades que en definitiva serán quienes reciban el mayor impacto.

Por su parte el Gobernador de la Provincia de Jujuy dictó el viernes 02 de marzo de 2011 el Decreto – Acuerdo Nº 7592 que dispone declarar las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico generador del desarrollo socio económico de la Provincia de Jujuy. A su vez crea un Comité de Expertos para el análisis integral de proyectos de litio y otras regulaciones, nuevamente sin consulta y participación a las comunidades indígenas afectadas. Continuando el gobierno con su arremetida lo convirtió en Ley Nº 5674. En la misma sesión la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley Nº 5675 que dispone en su artículo primero “Aprobar en todas sus partes el Decreto-Acuerdo Nº 7626-P-11 de fecha 15 de Marzo de 2011, por el que se constituye una Sociedad del Estado bajo la denominación JUJUY ENERGÍA Y MINERÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (J.E.M.S.E.)”. Ambas normas fueron sancionadas sin ningún tipo de consulta a las comunidades indígenas afectadas.

A su vez los días 28 y 29 de Abril se desarrolló en San Salvador de Jujuy el seminario “Utilización Integral del Litio en Argentina. Ciencia, Tecnología e Innovación al Servicio del Desarrollo” organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Industria de la Nación, junto al Gobierno Provincial, con la participación de los funcionarios de mayor rango jerárquico de cada área. Nuevamente, las comunidades involucradas se enteraron por los medios de prensa y asistieron al evento para reclamar por el armado de proyectos mineros en sus territorios sin ser consultados previamente5.

Responsables:

Gobierno de la Provincia de Jujuy, Gobierno de la Provincia de Salta, Estado Nacional.

Acciones tomadas por las autoridades nacionales:

El 24 de Noviembre de 2010 se presenta Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de OIT y Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. Se solicita cumplimiento de la obligación de consulta y participación así como la suspensión de trámites hasta tanto se de esta participación de forma efectiva y transparente6. El caso aún no cuenta con resolución del máximo Tribunal. Sin embargo, la Procuración General de la Nación ha dictaminado que corresponde, tal como se presentó, a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las autoridades provinciales no sólo no tomaron medidas para reparar la situación sino que agravaron la situación con el dictado de nuevas leyes que fomentan la actividad nuevamente de forma inconsulta. En el caso del Estado Nacional tampoco desde la Secretaría de Minería se ha implementado ni fomentado instrumentos de consulta.

Acciones en el ámbito internacional:

Hasta el momento sólo se ha informado de la situación a nivel internacional a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el “CUESTIONARIO SOBRE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES DENTRO O CERCA DE TERRITORIOS INDÍGENAS” presentado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) con fecha 29 de Abril de 2011.



19-07-2011  Comunicado de prensa


Comunidades Aborígenes de las Salinas Grandes de la Puna de Jujuy y Salta, nos movilizamos en defensa de nuestros territorios y de los bienes naturales, contra el avance de las empresas mineras

Ante el arribo de empresas mineras en busca de litio, las comunidades y organizaciones indígenas campesinas de Jujuy, Salta y otras provincias, nos manifestamos el próximo jueves 21 de julio, a partir de las 10 hs, en la Ruta Nacional 52, en las Salinas Grandes de Jujuy, para expresar nuestro rechazo al desembarco de empresas multinacionales en nuestros territorios. El negocio del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios.

Las Comunidades nucleadas en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc, Salinas Grandes de Jujuy y Salta, y con un fuerte apoyo de todas las organizaciones hermanas de la Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, estaremos presentes en las salinas, para alzar nuestra voz y exigir al gobierno provincial:

El cese inmediato de todos los trabajos y actividades que realizan las empresas mineras en la zona, y la cancelación de todos los permisos de cateo, exploración y explotación minera otorgados en la Cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes;

La entrega inmediata de los títulos comunitarios de nuestras tierras, que nos corresponden por derechos expresados en la Constitución Nacional.

Derecho al territorio:

Las comunidades aborígenes de la cuenca de Salinas Grandes - Laguna de Guayatayoc, somos descendientes de los pueblos que desde tiempos ancestrales habitaron estas tierras, y hemos aprendido de nuestros abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio. En este sentido hemos realizado permanentes reclamos para que nos entreguen los títulos de las tierras que habitamos. Desde el primer Malón de la Paz en el año 1946, hasta nuestros días.

Hace 17 años, con la reforma de la Constitución Nacional, nuestros derechos fueron reconocidos (art.75 inc.17). Imaginábamos que por fin íbamos a poder concretar la titularización de nuestras tierras.  Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado. El Gobierno Provincial no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional, ni por la sentencia judicial del año 2006 que así le ordena. Hoy, como ayer seguimos sosteniendo la lucha por el territorio.

Mientras el gobierno provincial se niega a entregar los títulos de nuestras tierras, el año pasado comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, la minería de litio en el subsuelo de la Salinas Grandes de la Puna de Jujuy y Salta. Nadie nos informó nada, ni fuimos consultados, pasando por encima de nuestros derechos amparados en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, y artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

“Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”.

 “Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. Las empresas mineras llegan y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, es la expresión de la Mesa de Pueblos Originarios de la Laguna de Guayatayoc- Salinas Grandes.

Derecho a los recursos naturales:

El gobierno de Jujuy hace grandes anuncios con respecto a los beneficios de la minería, y en particular a la extracción de litio. Sin embargo, nadie dice nada de cómo ésta nueva explotación puede afectar a las salinas, a las vertientes de agua, al agua subterránea, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias. En síntesis, a toda nuestra vida.

La minería del litio forma parte del modelo de extracción y saqueo de recursos naturales, y utiliza una enorme cantidad de agua en una zona de extrema sequía. Del agua dependen nuestras comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras, y con la explotación del litio corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta.

Los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron concesiones a la empresa minera canadiense Dajin Resources S.A, y la australiana Orocobre Limited, asociadas a automotrices Toyota y Mitsubishi.

Las Salinas Grandes constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de nuestros propios territorios, lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y Atacama, que provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para nuestra subsistencia, como el agua y la sal que nos permite la vida, el trabajo y la producción

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ONU:

En noviembre del año pasado, 33 comunidades aborígenes de las Salinas de Jujuy y Salta presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando frenar toda actividad minera en la zona, y que se consulte a las comunidades. A nueve meses, aún esperamos respuesta.

El pasado 14 de julio, fue el turno internacional, está vez en Ginebra, Suiza, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), se presentó una denuncia por parte de nuestras comunidades. “Planteamos la defensa del territorio de las comunidades, del medio ambiente y del uso del agua, que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados internacionales, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra”, explica el delegado de las 33 comunidades originarias que estuvo en la presentación de la denuncia en Ginebra.

Queremos afirmar el rechazo de las comunidades a la actividad minera en nuestros territorios. Exigimos al Gobierno Provincial y Nacional que respeten nuestros derechos.

Tierra, Agua y Justicia para una vida digna en el campo!!

Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de  Guayatayoc y Salinas Grandes
CPI Pueblo Kolla Región Puna de Jujuy
Red Puna  – Movimiento Nacional Campesino Indígena
IV  Tinku  Juvenil  Intercomunitario  Plurinacional



Piquete contra la megaminería

Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.

Darío Aranda

http://www.pagina12.com.ar/

Viernes 22 de julio 2011

“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.

Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.

El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.

La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.

Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.

La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.

Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.

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