MAC: Mines and Communities

Miles de peruanos rechazan concesiones mineras en Puno

Published by MAC on 2011-05-30
Source: Loa Andes, La República, El Comercio, Cooperacción (2011-05-28)

Una de las protestas anti-mineras más fuertes de la región Andina en los últimos años.

Hasta la semana pasada, la prensa internacional ofreció escasísima cobertura de una de las protestas anti-mineras más fuertes de la región en los últimos años.

Por más de dos semanas, miles de manifestantes en la región de Puno bloquen la frontera entre Perú y Bolivia.

La protesta se inició como una reacción frente al proyecto minero de Santa Ana de la canadiense Bear Creek Mining, en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región.

Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%.

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Ejecutivo rechaza cancelar concesiones mineras y petroleras en Puno

http://www.rpp.com.pe/

27 de Mayo 2011

El viceministro de Minas, Fernando Gala, sostuvo que es “inviable” cancelar por decreto supremo las concesiones mineras y petroleras en Puno, como demanda la población, porque afectaría la seguridad jurídica del país.

En diálogo con RPP Noticias, explicó que una concesión minera es una propiedad inscrita en registros públicos, y solo una sentencia del Poder Judicial o una ley del Congreso la pueden anular.

La población puneña demanda que se cancelen todas las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno, y que se derogue el decreto supremo 083 que permite a la minera Santa Ana operar en la frontera sur del país.

“Estas dos derogatorias, vías decreto supremos, son inviables porque tienen contingencias de carácter legal, judicial y económica para la región Puno, para el país y atenta contra la seguridad jurídica”, advirtió.

Lamentó que pese a haberles explicado a los dirigentes puneños que sus reclamos son “inadmisibles legalmente”, no han cedido en sus pretensiones.

“Hemos explicado la inviabilidad de estos pedidos, les hemos dado propuestas alternativas y que en la práctica resuelven el problema, pero la posición de ellos es muy intransigente, no han cedido un centímetro en sus pretensiones, con lo cual, encontrar una solución está más complicada, pero voluntad del Ejecutivo existe en todo momento”, afirmó.

Para el Ejecutivo, la solución es que se suspenda, a partir de la fecha, los nuevos petitorios mineros en la zona sur del país, es decir, ya nadie más puede pedir minería en la región, indicó el viceministro Gala.

Asimismo, se les planteó que las concesiones ya otorgadas, se evaluarían “caso por caso para ver qué solución les dan, en caso hubiera una afectación".

No hay condiciones para el diálogo en Puno ni Juliaca

El funcionario dijo que en estos momentos no hay condiciones para reiniciar el diálogo en Puno ni el Juliaca, antes los actos de violencia y desmanes ocurridos en la región.

Por lo cual, invitó a los dirigentes a venir a Lima para continuar conversando y encontrar una solución a este problema.

Mientras, precisó, la Policía seguirá respetando la paralización y el Ejército cuidará las instalaciones principales.


El conflicto en Puno

José De Echave C. (Cooperacción)

27 de mayo 2011

Son varias semanas de protestas en Puno en contra de la actividad minera. Se inició como una reacción frente al proyecto minero de Santa Ana[1], en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región y se extendió por todo Puno.

Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “hay un tufillo político” ha declarado el presidente García; “se mueven intereses subalternos” dicen algunos editoriales. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.

En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en Puno también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

En Puno existe otro ingrediente: el tema de la minería en zona de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se emita un  decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. En el caso de Puno, en los últimos años se han dado varios decretos supremos y precisamente el DS 083-2007 es cuestionado por la población.

El conflicto en Puno ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos  recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por  primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto.

Esto obliga a evaluar lo que está pasando en el país en cuanto al tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados: las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varios gobiernos regionales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.

Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.

Se hace necesario mejorar este tipo de procedimientos para evitar conflictos. Un tema clave de política pública para la minería que hasta el momento ningún candidato ha abordado en serio.


Defensoría alertó desde el 2008 al Ejecutivo sobre conflicto en Puno

El Comercio

27 de mayo 2011

A través de reportes mensuales, la Defensoría del Pueblo alertó al Poder Ejecutivo desde el año 2008 sobre los cuestionamientos de la población a la actividad minera en Puno, especialmente a la presencia de la minera Santa Ana en el sur de dicha región.

Así lo aseguró el comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales del citado ente, Porfirio Barrenechea, quien, sin embargo, señaló que hubo un “período de latencia” de las alertas, puesto que no hubo mucho movimiento de los actores sociales.

“Pero hacia setiembre del año pasado, nuevamente –y eso lo pueden contrastar con los reportes que tiene la Defensoría- ya estamos indicando que hay problemas ahí, que es necesario que sean atendidos, hay una serie de demandas a nivel regional y a nivel nacional que el Estado tiene que tomar en cuenta”, expresó en declaraciones a RPP.

Por su parte, el Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, sostuvo que la postura radical en los puneños está cediendo, puesto que ahora están especificando que no quieren la minería en la zona sur de la región.

Asimismo, coincidió con Barrenechea en que este conflicto social “viene desde muy atrás” y dijo que es probable que sí existan “ingredientes políticos” en la problemática que ha movilizado a cerca de 15 mil personas.

En tanto, hizo un llamado a las autoridades para que agoten esfuerzos con el fin de que el proceso electoral del 5 de junio se desarrolle de manera adecuada.


Delegación insistirá en Lima en el fin de concesiones mineras
Diálogo. Autoridades y dirigentes de Puno llegaron anoche. Se reunirán con representantes de la PCM, pero no retirarán su principal demanda en defensa del lago Titicaca.

L. Velásquez y L. Fernández

http://www.larepublica.pe/

28 de mayo 2011

Las negociaciones que buscan solucionar el conflicto social en Puno  salieron de ese escenario y se trasladaron ayer a Lima en pos de encontrar, esta vez ante autoridades con capacidad de decisión, verdaderas soluciones y terminar la paralización que ya lleva 19 días.

Con ese fin llegó anoche desde Juliaca una delegación de 17 personas, integrada por el presidente regional Mauricio Rodríguez, dirigentes aymaras, alcaldes distritales de la provincia de Puno, alcaldes de Chucuito, Juli y Yunguyo, y representantes de la sociedad civil.

Todos con la sola misión de retomar el diálogo con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministro e insistir en su principal exigencia: la anulación de las concesiones mineras que ponen en peligro el lago Titicaca y la sobrevivencia de la población que depende de esa fuente natural de agua.

Repliegue pero no tregua

En tanto, los campesinos aymaras que tomaron la ciudad de Puno, en protesta contra las concesiones mineras, retornaron ayer a sus comunidades, tras la jornada violenta que terminó con destrozos a instituciones públicas y privadas.

No obstante, su retiro no supone una tregua. Los huelguistas retornarán el lunes con aprovisionamiento suficiente como para quedarse quince días, tiempo en el cual esperan que el gobierno atienda sus demandas.

Grupos de veinte personas por cada comunidad se mantendrán en Puno para realizar vigilias y marchas hasta el lunes. Durante su permanencia en esta ciudad no bloquearán vías ni atacarán instituciones públicas ni privadas y solo realizarán manifestaciones públicas sin afectar la tranquilidad.

El acuerdo fue adoptado en una reunión en el local de la Unión de Comunidades Aymaras (UNA).

De otro lado, el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) en Puno, Pablo Salas, acusó a las propias mineras de infiltrar sus marchas y causar destrozos para culpar y criminalizar a los manifestantes.

JNE y ONPE piden pronta solución

El JNE, la ONPE y el Reniec expresaron de manera conjunta su preocupación por el conflicto social que se vive en Puno, por lo que invocaron al gobierno y a los sectores sociales comprometidos “a resolver esta situación a la brevedad, a fin de no afectar el desarrollo de la jornada del 5 de junio”, en que se realiza la segunda vuelta.

A través de un comunicado también exhortan a los ciudadanos a confiar en la realización y conducción de la segunda vuelta electoral y en la legitimidad de sus resultados.

Según fuentes policiales, la ciudad estuvo a merced de los manifestantes en vista de que no tuvieron ninguna orden para intervenir. Tampoco las fuerzas armadas pudieron responder y hasta los bomberos brillaron por su ausencia.


Aymaras le dicen al Perú: “mina no, agro sí”

VÍCTOR ORTEGA VARGAS

http://www.losandes.com.pe/

24 de mayo 2011

La huelga contra las concesiones mineras en la zona sur de la región llega hoy su décimo quinto día, sin que se encuentre una solución real al conflicto. La población aymara en un número mayor a las 5 mil almas expresan al unísono “no a la minería” porque atenta a la Pachamama, madre de la existencia en el Altiplano.

La huelga iniciada por los pobladores de Zepita, Kelluyo, Pomata, Desaguadero y Yunguyo, ahora encuentra adhesión de ciudadanos de El Collao y del distrito de Ácora. Los protestantes demandan la cancelación definitiva de las concesiones mineras, el retiro del proyecto minero Santa Ana y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007. Los aymaras han sido claros en sus demandas, si el Gobierno central no atiende sus pedidos continuarán con su medida.

Considerando que la emisión de la Resolución Viceministerial N° 589 que declara al cerro Khapía como Patrimonio Cultural de la Nación (normas que prohíbe de explotación minera), ya fue suficiente; Alan García Pérez autorizó el domingo la represión. La Resolución Suprema N°191-2011 del Ministerio de Defensa, ordena la intervención del Ejército Peruano en la región, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La jornada de ayer inició un día antes. Casi al terminar la noche del domingo, cerca de 70 camiones ingresaron por la zona sur de la ciudad hasta llegar a la plataforma deportiva del barrio Chanu Chanu. Desde tempranas horas se gestó la protesta, al compás del tiempo, los protestantes continuaron llegando, cercar del medio departieron su fiambre y prepararon la movilización hacía el centro de la ciudad.

FUERZAS ARMADAS

Felizmente, ayer, no fue no fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para asegurar el orden en la ciudad de Puno. La población aymara, similar a las últimas dos semanas, prefirió una protesta pacífica, aunque no faltó cierto tufillo de autoritarismo de algunos pobladores que exigieron a rajatabla el cierre de algunos establecimientos comerciales como oficinas de las calles por donde recorrieron.

Quizá dio resultado el diálogo que entabló con los huelguistas, el general de brigada Wilman Octavio Andia Benavides. El alto oficial en su calidad de jefe máximo de las Fuerzas Armadas en Puno, megáfono en mano señaló, que sus soldados no dispararán, que el papel de la Fuerzas Armadas y policiales, se limitará a custodiar los servicios públicos y los servicios de la banca.

Sin embargo, los pobladores de la ciudad de Puno, vivieron un clima de incertudimbre ante la llegada de gran cantidad de pobladores aymaras. Decenas de policías que resguardaban las instituciones públicas en la ciudad, dieron a calma a miles de citadinos que ya conviven con la población indígena protestante.

ESCASES DE ALIMENTOS

Pero nada está dicho. Algunos pobladores de la zona sur de la Ciudad Lacustre, por temor a la escases de alimentos propio de las paralizaciones prolongadas, decidieron abastecerse de artículos de primera necesidad un día antes, el mercado Laykakota mostró un inusitado movimiento comercial.

Sin embargo, quienes ya viven los escases de alimentos, son las localidades de Ilave, Juli, Pomata y Yunguyo. Los pobladores de estas ciudades se quejan del desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, tales como aceite, arroz y verduras. La Cámara de Comercio y la Producción de Puno ha estimado las pérdidas en más de 20 millones de dólares, tanto en sectores de comercio como turismo.

Mientras tanto, la frontera entre Perú y Bolivia continúa cerrada, los bloqueos son cotidianos y las ollas comunes ya son parte de la regularidad. Piquetes de 100 personas se turnan para asegurar la ausencia de tránsito. En Desaguadero, una larga fila de camiones bolivianos espera la solución al conflicto, para emprender su viaje hasta el destino final. Similar situación ocurre en fronteriza ciudad de Yunguyo.

MITIN EN PUNO

Los miles de protestantes aymaras, defensores de la pachamama, que arribaron hasta la ciudad capital, cumplieron su cometido en horas de la tarde, sitiaron la plaza de Armas de Puno. En horas de la noche, protagonizaron una interrumpible cadena de discursos, cuya alocución copiosa fue el cese de las concesiones mineras.

Allí los dirigentes anunciaron que diversas organizaciones como pueblos del norte de Puno se adherirán a la lucha aymara, entre ellos organizaciones barriales, sindicatos de trabajadores estatales, tales como salud y el grueso número del magisterio. Sin embargo, las adhesiones se confirmarán conforme pasen los días.

En la plaza de Armas, un grupo de estudiantes de las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez - Puno y de la Universidad Nacional del Altiplano, se trasladaron al escenario de lucha para expresar su adhesión al paro. Pero igual no existe un pronunciamiento público de parte de la autoridad universitaria al respecto.

Horas antes, las más de 5 mil personas recorrieron por las principales calles haciendo conocer su reclamo. Durante el recorrido, decenas de negocios como centros de abastos, ante el temor del saqueo multitudinario, optaron por cerrar sus puertas.

En el trayecto, algunos de ellos bloquearon las pistas con pesadas piedras, rompieron vidrios para impedir el normal tránsito de los vehículos y se generó un caos vehicular, motivo por el que todos los transportistas pugnaban por huir de la masa de gente.

Finalmente, los moradores citadinos viven un clima de miedo y tensión ante lo que pueda suceder en las próximas horas. Comprendiendo tal desconfianza, la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) suspendió hasta nuevo aviso las labores escolares en las provincias de Chucuito- Juli, Yunguyo y El Collao hasta que el conflicto social se solucione. En el distrito de Puno, las labores se suspendieron por dos días.

Para hoy, los manifestantes han anunciado el bloqueo de las vía de ingreso de Juliaca a la ciudad de Puno, similar caso sucederá en el acceso de la zona sur. El fin es conseguir la atención del gobierno de Alan García Pérez a quien le piden un decreto supremo que suspenda las concesiones mineras en la región Puno.

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