Papúa Nueva Guinea: Graves violaciones en mina de Barrick Gold

Papúa Nueva Guinea: Graves violaciones en una mina de Barrick Gold
Fallas sistémicas subrayan la necesidad de que el Gobierno canadiense establezca regulaciones.

http://www.hrw.org/

1 de febrero, 2011

(Toronto) - Varios guardias de seguridad privados que trabajan en una mina de oro en Papúa Nueva Guinea han sido implicados en presuntas violaciones colectivas y otros abusos violentos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La mina Porgera ha producido miles de millones de dólares en oro en sus veinte años de operación. La minera canadiense Barrick Gold, la mayor productora de oro del mundo, opera la mina Porgera y controla una participación del 95 por ciento.

El informe de 94 páginas, "Gold's Costly Dividend: Human Rights Impacts of Papua New Guinea's Porgera Gold Mine" ("El costoso dividendo del oro: El impacto sobre los derechos humanos de la mina de oro Porgera en Papúa Nueva Guinea"), identifica fallas sistémicas de la compañía con sede en Toronto, Barrick Gold, que impidieron que la empresa detectara el riesgo de abusos y respondiera a las denuncias sobre violaciones cometidas. El informe examina el impacto de la insuficiencia de Canadá a la hora de regular las actividades en el extranjero de sus empresas, y también insta a Barrick a abordar con mayor transparencia las preocupaciones medioambientales y de salud relacionadas a la mina.

"Entrevistamos a mujeres que describieron brutales violaciones en grupo por guardias de seguridad en la mina de Barrick", dijo Chris Albin-Lackey, investigador principal de la división de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "La empresa debería haber actuado mucho antes de que la investigación llevada a cabo por Human Rights Watch los instara a la acción".

Human Rights Watch dijo que, en respuesta a su investigación, Barrick ha tomado medidas significativas para investigar los abusos cometidos en el pasado y hacer menos probable que ocurran casos similares en el futuro.

La mayoría de compañías mineras y de exploración del mundo tienen sede en Canadá. Pero el Gobierno de este país no ha implementado una supervisión ni regulación significativa de las operaciones en el extranjero de las empresas canadienses, señaló Human Rights Watch. El proyecto de ley C-300, un esfuerzo modesto pero importante para imponer una mayor supervisión del Gobierno, fue derrotado en la Cámara de los Comunes de Canadá en octubre de 2010. Barrick había presionado enérgicamente contra la medida.

"El Gobierno de Canadá está dormido al volante", dijo Albin-Lackey. "Y si Barrick quiere mantener su reputación como una empresa responsable, debería apoyar la supervisión y regulación relevantes de las empresas canadienses por parte del Gobierno".

Porgera, la mina de oro en expansión de Papúa Nueva Guinea, ha producido más de 16 millones de onzas de oro desde su apertura en 1990; una cantidad que tendría un valor de más de $20,000 millones de dólares a precios actuales. En 2010, las operaciones globales de Barrick estaban encaminadas a producir más de 7.5 millones de onzas de oro, una cantidad valorada en más de $9,700 millones a precios corrientes.

Papúa Nueva Guinea tiene una abundancia de recursos naturales, pero el mal gobierno y la corrupción han impedido que esta riqueza beneficie a la mayoría de sus ciudadanos. El Gobierno no ha logrado generar oportunidades económicas ni prestar servicios básicos estatales a Porgera, y la región está sumida en la pobreza y la violencia.

Barrick emplea una fuerza de seguridad privada de cerca de 450 guardias en Porgera. La mina enfrenta extraordinarios desafíos de seguridad, incluyendo ataques violentos de grupos de mineros ilegales. Sin embargo, la investigación de Human Rights documenta abusos oportunistas y violentos presuntamente cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad, y que en ningún caso representaron una reacción a estas amenazas.

Cada día, cientos de personas tratan de ganarse la vida rastreando los residuos de roca vertidos alrededor de la mina, en busca de diminutos restos de oro. En contraste con los participantes en los ataques violentos que la mina enfrenta de forma regular, estos mineros se dedican en su mayor parte a una actividad, que si bien no está autorizada, no es en absoluto violenta. Aun así, se arriesgan a ser detenidos en caso de que los guardias de seguridad de la compañía los descubran en los vertederos.

Human Rights Watch investigó seis denuncias de incidentes de violaciones en grupo por guardias de seguridad de la empresa. En todos los casos, las mujeres fueron presuntamente violadas después de haber sido capturadas por el personal de seguridad de la empresa en los vertederos de residuos. Las víctimas entrevistadas por Human Rights Watch describieron escenas de extrema violencia. Una contó cómo fue violada por seis agentes de seguridad después de que uno de los agresores le diera una patada en la cara y le rompiera los dientes. Human Rights Watch también documentó casos de personas que denunciaron haber sido golpeadas o maltratadas por los guardias que las detuvieron en los campos de residuos.

Ninguna de las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch dijo haber informado a las autoridades locales o a la empresa de las supuestas violaciones. Algunas contaron que los asaltantes las amenazaron con ser arrestadas si trataban de quejarse. Además, para empeorar aún más las cosas, Barrick no disponía de canales seguros de comunicación que los miembros de la comunidad pudieran utilizar para denunciar los abusos.

Barrick respondió inmediatamente con vigor a las denuncias presentadas por Human Rights Watch. La compañía abrió una importante investigación interna, facilitó una investigación penal por la policía de Papúa Nueva Guinea y se comprometió a tomar medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en la mina.

Las presuntas violaciones colectivas parecen formar parte de un patrón más amplio, aseguró Human Rights Watch. Las investigaciones por parte de la empresa y la policía, posteriores a la publicación de los hallazgos de Human Rights Watch,  han puesto en evidencia otros casos de supuesta violencia sexual.

En una declaración pública, Barrick calificó los resultados de su investigación interna como "perturbadores" y anunció el despido de varios agentes de seguridad por estar involucrados en los supuestos incidentes de violencia sexual, o por no denunciarlos. En enero de 2011, la policía arrestó a tres guardias que trabajan o solían trabajar en Porgera Joint Venture. Dos de ellos fueron acusados de violación y el tercero de infligir graves lesiones físicas.

Un comunicado que la policía publicó el 17 de enero predijo que sería probable que se derivaran más cargos de su investigación y señaló que los arrestos deben servir como una advertencia de que los abusos graves no serán tolerados. Este mensaje es importante, pero no resultará fácil ganarse la credibilidad de la gente, dijo Human Rights Watch.

Los miembros de la fuerza de policía de Papúa Nueva Guinea suelen verse regularmente implicados en incidentes de tortura y violación, y la reputación de abusivo que se ha ganado este departamento hace que las personas sean reacias a buscar su ayuda. Si el Gobierno quiere combatir la impunidad por las violaciones y otros delitos graves, tendrá que empezar por garantizar que los mismos policías rindan cuentas por su conducta, dijo Human Rights Watch.

La investigación de Human Rights Watch también examina las preocupaciones sobre el impacto  de la mina Porgera sobre el medio ambiente y la salud. Todos los días, la mina vierte 16,000 toneladas de residuos líquidos en el cercano Río de Porgera. Esta controversial práctica no cumple con las normas actuales de la industria, y a los críticos les preocupa que pueda representar riesgos de salud para las comunidades que viven en sus inmediaciones río abajo.

Human Rights Watch instó a Barrick a publicar varias fuentes específicas de datos relevantes para permitir la evaluación independiente de las alegaciones de la empresa. La compañía ha llegado a un acuerdo para hacer públicos por primera vez sus informes ambientales anuales. Este es un buen primer paso, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch también les pidió al Gobierno de Papúa Nueva Guinea y a los donantes internacionales que faciliten la realización de un estudio de salud pública sobre la posible intoxicación por mercurio en los alrededores de Porgera. A menudo, mineros pobres e ilegales de pequeña escala en la zona procesan el mineral de oro combinándolo con mercurio para luego quemar la mezcla sobre una llama abierta. Se trata de una práctica extremadamente peligrosa y que, según los médicos locales, puede haber desencadenado una epidemia de intoxicación por mercurio en las comunidades locales.

Violaciones confirmadas en mina canadiense

Andrea Lunt

IPS

4 de Febrero 2011

NUEVA YORK - Una de las mineras más grandes del mundo, Barrick Gold, se encuentra en modo de control de daños tras un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) sobre episodios de violencia física y sexual en la empresa de riesgo compartido que tiene en Papúa Nueva Guinea.

En su informe de 94 páginas, HRW describió los excesos cometidos en la mina de oro por fuerzas de seguridad de la empresa Porgera (PJV).

"Entrevistamos mujeres que describieron la brutalidad a la que fueron sometidas en la mina de Barrick", señaló Chris Albin-Lackey, investigador de la organización con sede en Londres.

"La compañía debió actuar mucho antes de que HRW realizara una investigación y los instara a tomar medidas", apuntó.

Barrick Gold, con sede en Toronto, respondió a las acusaciones iniciando una investigación interna, que concluyó con el despido de empleados vinculados con los incidentes, así como cambios en la seguridad de la mina. Además, tres ex empleados y uno en funciones de PJV fueron detenidos tras una investigación de la policía de Papúa Nueva Guinea. Dos fueron acusados de violación y un tercero de inflingir graves daños físicos. "Barrick condenó los delitos en los términos más duros posibles y espera que todos los responsables sean juzgados de acuerdo a las leyes de Papúa Nueva Guinea", reza una declaración divulgada el martes por la compañía.

Pero la actuación de la empresa llegó tarde y no es suficiente, se lamentó la organización MiningWatch Canada, dedicada al control de la industria minera.

"Desde hace años, Barrick ignora las advertencias urgentes recibidas, tanto por escrito como de forma verbal, sobre las graves violaciones a los derechos humanos vinculadas con la seguridad en la mina de Porgera", señaló la portavoz Catherine Coumans.

La compañía debe tomar ahora medidas para compensar a las víctimas y mejorar la transparencia en relación con otras cuestiones ambientales y de derechos humanos en la mina, añadió.

PJV, 95 por ciento de Barrick y cinco por ciento de Mineral Resources Enga, ha generado miles de millones de dólares en oro en los 20 años que hace que está operativa.

El personal de seguridad de Porgera se enfrenta a diario con "desafíos extraordinarios", como asaltos de grupos de mineros ilegales, pero los casos de violación fueron "oportunistas" y cometidos por empleados que de ninguna manera reaccionaban a amenazas violentas, indicó HRW.

Las agresiones fueron perpetradas contra mujeres pobres de la zona tras encontrarlas revolviendo desperdicios de roca alrededor de la mina en busca de restos de oro, una práctica no autorizada, pero no violenta, concluyó la investigación.

Una mujer denunció haber sido violada por seis guardias de seguridad hasta que uno de los agresores le pateó la cara y le destrozó los dientes.

El informe de HRW también cuestiona las normas que regulan las operaciones de las minas del Estado canadiense en el extranjero.

Tras el fracaso del proyecto de ley C-300, que preveía mejorar el control del gobierno sobre las compañías mineras, se renovaron los reclamos de fijar normas más estrictas.

"Lo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea es un ejemplo de cómo, inevitablemente, las cosas saldrán mal mientras el gobierno se niegue a desempeñar supervisar y a suministrar pautas de funcionamiento a las compañías", dijo Albin-Lackey, de HRW, a IPS.

"Barrick es una compañía enorme y con mucha experiencia. Los problemas que ocurrieron en su mina de Papúa Nueva Guinea revelan que una compañía de su dimensión, experiencia y recursos no puede regularse a sí misma, lo que conlleva consecuencias para la población que vive donde tienen sus operaciones", remarcó.

"Lo ocurrido debe ser un llamado de alerta para el gobierno canadiense para que avance y termine de implementar una política para supervisar a sus empresas en el extranjeros", apuntó.

Si Canadá no reacciona, la corrupción endémica y la falta de gobernanza en Papúa Nueva Guinea permitirán que siga la violación de derechos humanos, indicó Albin-Lackey.

"El gobierno de Papúa Nueva Guinea ha mostrado un total desinterés en regular o controlar las actividades de las grandes compañías del sector de industrias extractivas del país, al igual que en brindar otra gran variedad de servicios estatales", dijo a IPS.

"Por eso es importante el papel del gobierno canadiense", añadió.