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Arbitraje internacional, la nueva jugada de Doe Run Perú

Published by MAC on 2011-01-25
Source: CooperAcción, IPS (2011-01-15)

El Grupo Renco anunció al gobierno peruano el pasado 5 de enero de 2011 su intención de iniciar un arbitraje internacional invocando la protección a la inversión privada extranjera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el Perú establece.

¿Es este otro ejemplo de amenaza empresarial? ¿Qué habría ocurrido si el gobierno no hubiera permito a Doe Run incumplir con el  programa de mejora ambiental (PAMA) en 2004?

Ver post anterior: ¿Cuándo se conocerá el destino de Doe Run Perú?

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La nueva jugada de Doe Run

Milagros Salazar

IPS

15 enero 2011

LIMA - La empresa metalúrgica Doe Run volvió a desafiar al Estado peruano. A través de su representante, el Grupo Renco, notificó al gobierno de su intención de iniciar un arbitraje internacional amparándose en el tratado de libre comercio (TLC) entre este país y Estados Unidos.

Antes de proceder, lo conmina a llegar a un acuerdo en 90 días. ¿Qué hay detrás de ese ultimátum?

Con avisos en los diarios de Lima, la empresa informó el 5 de este mes a la opinión pública que se amparaba en el acuerdo comercial porque sentía haber recibido "un trato injusto e inequitativo" del gobierno de Perú y no haber gozado de "protección y seguridad" como inversionista de capitales estadounidenses que exige el tratado.

Doe Run empezó a operar en 1997 la planta metalúrgica de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, ubicada a 175 kilómetros de Lima, en la región centroandina de Junín.

Al obtener la concesión, Doe Run se comprometió a cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo de 10 años, mientras que las autoridades aceptaron responsabilizarse por la "remediación" (remoción de los elementos contaminantes) de los suelos, debido a que antes la fundición había estado a cargo de la empresa estatal Centromin.

Actualmente, Doe Run asegura que Activos Mineros, la empresa estatal que asumió los compromisos de Centromin, se rehúsa a remediar los suelos de La Oroya y que además "desconoce su responsabilidad ante las demandas interpuestas por un grupo de ciudadanos" de la ciudad.

"Pero es Doe Run el que no ha cumplido con el PAMA y ha seguido contaminando a La Oroya. Con este comunicado es como si le dijera al gobierno: yo contamino y tú pagas", dijo a IPS María Chappuis, ex directora general de Minería.

Chappuis renunció a su cargo en diciembre de 2004 a causa de la aprobación de una norma que permitía ampliarle el plazo del PAMA a Doe Run.

La ex funcionaria cuestionó que la compañía pretenda que el gobierno pague las indemnizaciones que podría dictaminar un tribunal estadounidense a favor de más de 100 niños contaminados por plomo en La Oroya.

En noviembre se informó que el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, aceptó 11 denuncias contra el grupo Renco y su afiliada Doe Run Perú. Si el proceso les sigue siendo adverso, la empresa tendría que pagar una reparación económica a los niños y niñas.

La compañía estadounidense se comprometió, como parte del PAMA, a lograr que 95 por ciento de los niños y niñas menores de seis años de La Oroya tuvieran menos de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud), refirió la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Pero en 2008 el Ministerio de Salud determinó que por lo menos 100 niños tenían 45 microgramos de plomo por decilitro en sangre.

La empresa también se comprometió a construir tres plantas de tratamiento de ácido sulfúrico para sus procesos de producción de plomo, zinc y cobre, de las cuales no concluyeron la de cobre, la más importante, según los expertos.

Hasta mediados de 2009, a Doe Run le faltaba por cumplir cerca de 20 por ciento del PAMA. Desde entonces no ha habido avances porque la compañía dejó de operar en abril de 2009, tras declararse en quiebra, pese al alto precio de los metales, e incumplir la prórroga que le dio el gobierno peruano de Alan García para reanudar sus operaciones en julio de 2010.

"El plazo (de 90 días que Doe Run le da a las autoridades) es sospechoso. Lo que busca es que en ese tiempo aparezca alguien que ceda a sus presiones, como sucedió antes, sobre todo ahora que se vive una campaña electoral", aseguró a IPS la ex funcionaria.

Chappuis hizo referencia a una carta que envió el ex primer ministro peruano Jorge del Castillo (2006-2008), en octubre de 2007, al entonces embajador de Estados Unidos en Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "intervención del Departamento de Estado" en un proceso judicial en Missouri iniciado en esos días contra Doe Run Resources Corporation, socia de Doe Run Perú.

Del Castillo pedía al gobierno de Estados Unidos que notificara al Departamento de Justicia y a la Corte de Saint Louis, para que no se estableciera "un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países y que socava la seguridad jurídica", dice la carta.

El ex primer ministro respondió en su momento que lo hizo para "evitar controversias de cara a la aprobación del TLC con Estados Unidos", que entró en vigor a inicios de 2009.

Si se concreta el arbitraje, sería la primera empresa que recurre al TLC para hacerlo.

"El gobierno peruano no puede cometer un nuevo error y debe actuar con cautela", advirtió el economista José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción.

El Ministerio de Energía y Minas aseguró a IPS que "el Estado se pronunciará únicamente por las vías legales".

Activos Mineros, por su parte, publicó un encarte en una revista local. Allí la empresa estatal asegura que planificaron una inversión de 100 millones de soles (35 millones de dólares) entre 2007 y 2015. Hasta ahora han invertido 4,8 millones de dólares en un estudio de remediación de suelos y trabajos en la zona urbana, afirma.

IPS también pudo conocer que Activos Mineros ya calculó cuánto debería pagar Doe Run a Perú por la remediación, ya que trascendió que el contrato establece que, si la empresa operadora no tiene mejor comportamiento ambiental que Centromin, debía asumir parte de estos costos.

"Si en 2004 no se hubiera ampliado el plazo del PAMA, la empresa no se hubiera acogido al TLC que recién entró en vigencia cinco años después", aseguró De Echave.

También cuestionó que "se afirme que un tribunal como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones) tenga sensibilidad ambiental, cuando sus fallos suelen ser favorables a los inversionistas".

El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones, diversas organizaciones advirtieron que el capítulo de inversiones del TLC con EE UU era muy concesivo. "Hoy vemos las consecuencias", insistió.



Doe Run busca ampararse en el TLC entre Estados Unidos y Perú

José De Echave y Emma Gómez

CooperAcción

7 de enero 2011

El miércoles 05 de enero el Grupo Renco hizo público el aviso de intención al Gobierno peruano, para iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.

Lo que habíamos anunciado se hace realidad. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que "el TLC no amparará a Doe Run" y que en los TLC sólo "se protege la inversión bien hecha", "más aún cuando es un tema ambiental".

Las protecciones a las inversiones privadas extranjeras que prevé el TLC con los Estados Unidos empiezan a hacerse efectivas con el anuncio del Grupo Renco. Al respecto, hay dos elementos que debemos tomar en cuenta: el primero es quién es el Grupo Renco y segundo qué escenario plantea un proceso de arbitraje internacional.

El Grupo Renco y su subsidiaria Doe Run Perú (DRP) han dado claras muestras de ser empresas con ínfimos estándares ambientales y con un mínimo de interés de asumir sus compromisos financieros, ambientales, de remediación de daños a la salud pública causados en La Oroya. Doe Run ha visto en el TLC una oportunidad para poner en jaque al Gobierno Peruano una vez más.

¿Qué es lo que alega DRP a través del grupo Renco?

Lo que se señala es que el Estado Peruano ha incumplido una serie de obligaciones como es la remediación de los suelos de La Oroya y asumir la responsabilidad por las demandas interpuestas por un grupo de pobladores de La Oroya en Estados Unidos. Renco considera haber recibido un trato injusto e inequitativo por parte del Gobierno del Perú, que además no ha cumplido con brindarle seguridad y total protección a sus inversiones. Por supuesto estos argumentos son totalmente cuestionables.

Sin embargo, no debemos olvidar dos hechos importantes que podrían estar detrás de la decisión del Grupo Renco. Hace algunos meses fue admitida en Missouri una demanda contra la empresa, por parte de un grupo de pobladores de La Oroya por los daños a la salud ocasionados por DRP. A raíz de ello, Renco inició una campaña mediante la cual buscó responsabilizar al Estado peruano por estos daños, alegando que el contrato de transferencia del complejo metalúrgico así lo establecía.

Por otro lado, está en curso un procedimiento concursal ante INDECOPI que definirá en los próximos meses el futuro de la empresa DRP. En efecto, la junta de acreedores deberá determinar si la empresa se reestructura o se liquida.

Es posible que estos dos hechos hayan condicionado la decisión de DRP a través del Grupo Renco y que lo que se busca es ejercer presión para que el Gobierno ceda y flexibilice nuevamente sus compromisos ambientales y financiar la millonaria deuda que tiene ante SUNAT. La otra posibilidad es que la empresa busque obtener una millonaria indemnización en un tribunal internacional pese a los débiles argumentos que presenta.

¿Tendrá éxito la estrategia de Doe Run? Todo dependerá de lo que haga o deje de hacer el Estado peruano. Ya se han cometido varios errores como fue el otorgarle nuevos plazos para la ejecución de sus inversiones ambientales a una empresa que había demostrado ser irresponsable. No hay que olvidar que la primera ampliación fue otorgada antes de que entrara en vigencia el TLC con los Estados Unidos, por lo tanto la empresa no contaba entonces con el instrumento que hoy pretende utilizar.

Lo cierto es que la sola demanda obligará a que el Estado peruana tenga que destinar recursos y definir una estrategia que impida que esta empresa se salga con la suya.

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