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Costa Rica reafirma oposición a explotación de oro

Published by MAC on 2010-06-28
Source: ACAN-EFE,

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mantuvo una medida cautelar que impide a la empresa Industrias Infinito completar la construcción de una mina de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos.

Ver nota anterior en: http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9643

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Tribunal mantiene freno a explotación minera en Crucitas
Medida cautelar sigue hasta que se resuelva demanda contra firma minera
Ambientalistas que acusaron a Industrias Infinito celebran resolución temporal

Vanessa Loaiza N

http://www.nacion.com

15 de junio 2010

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mantuvo ayer la medida cautelar que le impide a la empresa Industrias Infinito completar la construcción de una mina de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos.

Los jueces ratificaron lo dispuesto desde el 16 de abril pasado, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso que la minera no puede cortar árboles en Crucitas, ni construir obras de infraestructura en la zona de protección del bosque.

El presidente del Tribunal de Apelaciones, José Joaquín Villalobos, invocó el principio de in dubio pro natura; es decir, que existe un riesgo de daño ambiental si no se toman medidas precautorias.

La suspensión de la tala y la construcción de infraestructura se mantendrán hasta que se resuelva por el fondo una demanda presentada desde noviembre del 2008 contra la empresa minera.

Para hoy está prevista la audiencia preliminar en la que empezará a discutirse si este caso se eleva a juicio o se desestima.

Las medidas cautelares continuarán incluso hasta que se dicte sentencia, “si es que se desarrolla un juicio”, reconoció Juan Carlos Hernández, abogado de Industrias Infinito.

Gino Biamonte, de Apreflofas, no ocultó su satisfacción por lo dispuesto ayer en el Tribunal.

“Nos deja más tranquilos, saber que podemos continuar este proceso (eventual juicio) sin pensar que hay otros (en Crucitas), talando árboles. (...) Nos esperábamos una resolución así, más bien el Tribunal tardó mucho”.

Este fallo surge dos meses después de que la Sala IV rechazó 20 recursos de amparo al no encontrar afectación al ambiente por parte del desarrollo de la mina.

Origen de medida cautelar. La empresa fue demandada en noviembre del 2008 por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas).

Esta organización sostiene que hay acciones aparentemente ilegales que facilitaron la aprobación del proyecto, en favor de la minera.

Entre esas acciones, se cuestiona que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) haya otorgado la viabilidad ambiental al proyecto, pese a que a posteriori se varió el área de operación de la mina.

Apreflofas también critica el decreto 34.801 firmado por el expresidente Óscar Arias, que declaró de interés público el proyecto Crucitas y permitió la tala de especies vedadas como el almendro amarillo, vital para preservar la lapa verde.

Impacto particular. Juan Carlos Obando, gerente de Asuntos Corporativos de la minera, aceptó que cada mes de atraso implica una pérdida de $200.000 para la empresa.

Aquí se incluyen los salarios de los 70 trabajadores de la minera y sus costos de operación.

Obando se manifestó respetuoso de la resolución de ayer, aunque dijo que no la comparte. Sin embargo, aplaudió la venia otorgada por el Tribunal, que les permite ejecutar “medidas de mitigación” en la zona minera.

Entre ellas, la remoción de los árboles talados en octubre del 2008, que siguen tirados en la zona y representan un riesgo de incendio u obstrucción de ríos y quebradas.

La minera también debe intervenir las áreas ya taladas para evitar la erosión de los suelos.



Ecologistas satisfechos por decisión judicial en Costa Rica
Tribunal mantiene paralizadas obras en Las Crucitas

ACAN-EFE

16 de junio 2010

Un tribunal de Costa Rica mantuvo como medida cautelar la paralización de la construcción de una polémica mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, al resolver una apelación de la empresa minera Industrias Infinito, cuya casa matriz es la canadiense Vanessa Ventures.

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, indicó en su fallo que mantiene la medida cautelar, dictada en 2008, de forma indefinida hasta que se dicte sentencia por un proceso abierto.

Este proceso, que aún no tiene fecha de juicio, es sobre una denuncia de organizaciones ecologistas por daño ambiental, a causa de la tala de unas 190 hectáreas de árboles hecha por la empresa el año pasado, para construir la mina “Las Crucitas”.

“Alabamos la decisión de los jueces y estamos muy satisfechos, porque se mantienen las medidas cautelares”, declaró a Acan-Efe, Heidy Murillo, activista de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).

Murillo se mostró confiada en que las organizaciones ambientalistas ganarán el juicio, y reiteró que el proyecto minero representa “un alto riesgo” para el medio ambiente.

Minera respeta a Tribunal, pero...

Juan Carlos Obando, Gerente Corporativo de Industrias Infinito, dijo a la prensa local que respeta la resolución del tribunal pero que no la comparte, pues considera que la empresa ha actuado a derecho.

El pasado 16 de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos de amparo contra la mina al determinar que los estudios técnicos y ambientales estaban en orden y avalaban la operación de la mina.

Sin embargo, la empresa no pudo reanudar los trabajos debido al proceso penal que se tramita en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los recursos de amparo declarados sin lugar por la Sala Constitucional, denunciaban contaminación de aguas, afectación del hábitat del árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro de extinción, y la carencia de algunos requerimientos ambientales.

También cuestionaban la legalidad de un decreto firmado en 2008 por el entonces presidente Óscar Arias, que declaraba la mina como de “conveniencia nacional”.

La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700,000 onzas de oro (19.8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.

El Gobierno de Nicaragua también se ha quejado oficialmente porque la mina se ubicaría a unos tres kilómetros del fronterizo río San Juan, lo que a su juicio representa un serio riesgo de contaminación.

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