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¿Banco Mundial va a perjudicar al pueblo de El Salvador por disputa minera?

Published by MAC on 2010-06-06
Source: Mesa Nacional, Diario Co Latino (1900-05-29)

Este sitio web a cubierto previamente la demanda de Pacific Rim contra el Estado de El Salvador, utilizando el CAFTA y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El caso ha comenzado y podría establecer un precedente de cómo un acuerdo de libre comercio puede ser usado para "amenazar países que intenten proteger los derechos humanos de sus ciudadanos".

 

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El Salvador va a juicio el lunes

Beatriz Menjívar

Diario Co Latino

29 de Mayo de 2010

La demanda interpuesta por la empresa minera Pacific Rim en contra de El Salvador, por no avalar la explotación minera, iniciará este lunes en el Centro Internacional de Arbitrajes de Disputas de Inversiones (CIADI) en el Banco Mundial (BM), en Washington, Estados Unidos.

El Salvador ha sido demandado por $100 millones de dólares por la empresa minera, de capital canadiense, amparada bajo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con Estados Unidos por los gobiernos de ARENA; que avala la demanda de un Estado firmante en caso de oponerse a la explotación o inversión en recursos naturales.

El Salvador negó a la transnacional los permisos de explotación minera en el Departamento de Cabañas luego de que la población denunciara, a través de diversa marchas sociales y foros, los altos impactos ambientales que implicaría el proyecto. La iglesia católica también se pronunció, en su momento, en contra, pues esa práctica va contra la vida.

La demanda procesada contra El Salvador ha recibido el rechazo de ciudadanos y ambientalistas internacionales que se han manifestado en al menos cinco ciudades estadounidenses.

Las ciudades de Portland, Seattle, Nueva York y Washington fueron invadidos el pasado jueves por ambientalistas que portaban títeres gigantes que representaban a la empresa canadiense, además de corear los nombres de Dora Alicia Sorto, Marcelo Rivera y Ramiro Rivera, líderes ambientalistas asesinados en situaciones inciertas.

En Washington, los manifestantes se plantaron frente a la oficina del bufete de abogados que representan a Pacific Rim. En Nueva York y Boston, los manifestantes fueron a los consulados de Canadá para demandar la regulación de las actividades de empresas mineras canadienses en otros países.

Además, reclamaron que Pacific Rim retire su demanda inmediatamente y que el gobierno de los EE.UU. derogue el CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y Centroamérica), que permite estos tipos de demandas.

Manuel Pérez-Rocha, miembro del Instituto de Estudio de Política, tanque de pensamiento en Washington, calificó el litigio como “un caso ejemplar” de la proliferación de inversores que quieren usar las reglas de los TLC para amenazar países que intentan proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.

Por su parte, la Coalición Internacional en contra de la Minería en El Salvador, que abarca sindicatos, iglesias y organizaciones sociales han pedido que el congreso estadounidense y el Parlamento de Canadá, investiguen los asesinatos de los tres líderes comunitarios y el papel de Pacific Rim en generar la violencia en Cabañas.

Mientras tanto, Alexis Stoumbelis, Directora Ejecutiva del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), afirmó que no van a dejar que la transnacional “se siente tranquilo” en sus oficinas en Vancouver y en los tribunales del CIADI mientras causa tantos daños sociales y ambientales en El Salvador.

“El pueblo estadounidense está pendiente y vamos a seguir luchando contra esta empresa deshonrosa y la política de libre comercio de nuestro gobierno”, concluyó Stoumbelis.


País enjuiciado

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

26 de Mayo, 2010

El 31 de mayo próximo se realizará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, acusado por la empresa Pacific Rim de violentar sus derechos corporativos al negarle permisos de explotación minera en Cabañas.

Este hecho, sobre el que no informan los grandes medios de comunicación y del cual el “gobierno del cambio” evita referirse en público, constituye un precedente nefasto para cualquier país del mundo que intente proteger el medioambiente, la salud de la población y la continuidad de la vida, en detrimento de los intereses de compañías extractivas.

La empresa canadiense concretó su amenaza de demandar a El Salvador cuando el actual gobierno ratificó la decisión de su antecesor referida a impedir los proyectos mineros, y activó el arbitraje del CIADI, una especie de tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington.

Según Pacific Rim, las autoridades salvadoreñas incumplieron su derecho a obtener una licencia de explotación, que debía recibir como extensión del permiso de exploración, y que su expectativa de operar en el país le llevó a invertir 77 millones de dólares, que ahora exige como indemnización, más los costos procesales que completarían los 100 millones.

El gobierno de El Salvador desmiente tales acusaciones, argumentado que los permisos de explotación no son automáticos; es decir: al otorgar una licencia de exploración, el Estado no está obligado a asignar la autorización para explotar. Por tanto, el derecho alegado por Pacific Rim es inexistente.

El principal requisito para lograr licencias de explotación es el permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), algo que Pacific Rim no consiguió por el incumplimiento de requerimientos ambientales y por falta del estudio de factibilidad del proyecto. La empresa se limitó a presentar un pre-estudio de factibilidad.

Además, el MARN negó dicho permiso porque la compañía minera nunca pudo demostrar que sus proyectos no causarían daños al medioambiente. Al contrario, aun cuando sólo exploró los yacimientos minerales, secó afluentes y contaminó quebradas en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.

Por eso la Mesa Nacional frente la Minería Metálica respalda los argumentos del Estado salvadoreño que, con el propósito de evitar una catástrofe socio ambiental y amparado en su soberanía, rechazó la solicitud de Pacific Rim; así mismo exige al CIADI declarar improcedente la demanda, en tanto la empresa minera reclama derechos que nunca tuvo.

Otra opción es que el CIADI se declare incompetente para conocer el caso, debido a que no es un problema de inversiones, sino de autodeterminación y –esencialmente– de derechos humanos, tanto los que intenta proteger el Estado, negando el permiso, como los que violentó Pacific Rim al generar conflictos comunitarios, comprar voluntades de funcionarios públicos y líderes locales, causar daños a recursos hídricos, etc.

Por tanto, el país entero debe manifestarse este lunes 31 de mayo contra el juicio en el CIADI. Es injusto que la víctima sea demandada por el victimario.

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