Inspectores ambientales asesinados cuando investigaban denuncia de contaminación minera en Mexico
Published by MAC on 2010-06-01Source: El Sol de Mexico, EFE, Associated Press
Cuatro personas murieron cerca de a mina La Guitarra, de la canadiense Genco Resources, en Temascaltepec, a unos 130km de la ciudad de Mexico.
Durante la mayor parte de 2009 la mina permaneció cerrada debido al bloqueo de un camino público que permite acceder a ella, por parte de pobladores de la comunidad de San Simón de Guerrero.
Tres inspectores ambientales asesinados cuando realizaban una investigación por una denuncia de contaminación minera
Associated Press
22 de Mayo de 2010
MEXICO - Tres inspectores ambientales y un residente local fueron asesinados a tiros en el centro de México cuando investigaban una denuncia sobre contaminación por residuos mineros, informaron autoridades locales.
Los inspectores estaban desaparecidos desde el jueves, luego que acudieron a revisar un supuesto caso de contaminantes químicos de una mina de metales en la zona de Valle de Bravo, cerca de un lago a una hora y media al oeste de la Ciudad de México.
Sus cadáveres aparecieron el viernes con múltiples balazos.
"Perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo", informaron las autoridades en un comunicado de prensa.
Dos de las víctimas trabajaban en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. René Carmona, vocero de esa dependencia, dijo que habían recibido una queja de la población sobre emisiones y otros contaminantes provenientes de los residuos de la mina.
Carmona señaló que hacía dos años y medio que la procuraduría no sufría asesinatos de sus trabajadores. El vocero no pudo dar el nombre o la ubicación de la mina ni el tipo exacto de extracción que realizaba.
Casos frecuentes
La tercera víctima trabajaba como representante local de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la cuarta era un residente local que los acompañaba durante la inspección.
De momento no estaba claro si las muertes estaban relacionadas con la revisión. La zona suele ser pacífica y es uno de los destinos favoritos de los habitantes de la capital como paseo de fin de semana aunque, como en gran parte del país, se han reportado allí algunos crímenes comunes y otros relacionados al narcotráfico.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y dijo que la investigación de los crímenes será realizada por autoridades del Estado de México.
Las agresiones contra los activistas ambientales no son raras en México, pero sus asesinatos pocas veces se han resuelto. Uno de los casos más recientes fue el de un activista contra una mina. Mariano Abarca murió a balazos el 27 de noviembre en el sureño estado de Chiapas y según sus compañeros fue asesinado por trabajadores de una mina de propiedad canadiense que opera en la zona. La compañía minera ha negado estar involucrada.
El crimen organizado puede estar tras muerte de inspectores, dice fiscal ambiental mexicano
Agencia EFE
24 may 2010
Grupos del crimen organizado o dedicados al narcotráfico pueden ser los responsables de las muertes de dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dos personas ocurridas la semana pasada en el Estado de México, informaron hoy fuentes oficiales.
"Sin duda las sospechas tienen que ir hacia el crimen organizado, el narcotráfico tiene que estar considerado, pero no podemos adelantar vísperas", explicó en declaraciones a la emisora MVS el titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada.
El funcionario detalló que los inspectores Bernardo Sánchez Venegas y Juan Gavia Xingu, así como el guía Isidro Luna y el policía municipal de Villa de Allende Valentín Reyes García "estaban yendo a hacer una labor de inspección en la zona" de la mina La Guitarra cuando fueron sorprendidos por desconocidos.
Medios de comunicación locales aseguran que los inspectores ambientales encontraron químicos empleados por el narcotráfico para procesar drogas, razón por la que fueron asesinados por integrantes del crimen organizado.
El grupo salió el pasado 20 de mayo y no regresó, lo que motivó una operación de búsqueda en el ejido Cerro de Don Luis, municipio de Temascaltepec, donde los cuatro sujetos fueron hallados "semienterrados en una zanja, torturados y con impacto de arma de fuego".
En relación con el móvil del hecho, Patrón señaló que no está totalmente descartado que tenga que ver con la mina pero no cree que esa hipótesis sea la correcta en el caso.
"Probablemente al recorrer los bosques de la zona, al estar andando por los caminos y brechas rumbo a la mina, algo encontraron, se toparon con alguien y vino el desafortunado desenlace", sostuvo.
La explotación minera había pedido un mes antes permisos "no para funcionar sino para rellenar socavones" que había en la zona, algo que habían solicitado los habitantes de la zona.
El funcionario señaló que aún se desconoce "qué encontraron" o "qué vieron" las cuatro víctimas en la zona donde ocurrieron los hechos.
El caso está en manos de la fiscalía del Estado de México, vecino a la capital del país, aunque también han participado agentes de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), de la Policía Federal y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
"Esperemos que se llegue a fondo y se esclarezca el caso", concluyó Patrón Laviada.
Exige el Cemda seguridad para defensores del medio ambiente
Jorge Olmedo
El Sol de México
28 de mayo de 2010
Ciudad de México.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) exigió ayer a los gobiernos federal y estatal se garantice la seguridad de los funcionarios públicos que llevan a cabo labores de defensa del medio ambiente, así como las personas de la sociedad civil que denuncian actos violatorios de la legislación ambiental, tras lamentar la muerte de dos inspectores de la Profepa y uno más de la Conanp, en la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, Estado de México.
De acuerdo con el reporte emitido por el Cemda, el pasado jueves 20 de mayo los empleados federales Juan García Xingu, Bernardo Sánchez Venegas, Valentín Reyes García e Isidro Luna Alonso, éste poblador de Temascaltepec, ingresaron a la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, investigando posibles impactos a los recursos naturales de la zona por vertimiento de químicos, así como cambios de uso de suelo, presuntamente a cargo de la compañía canadiense "Genco Resources", titular de los derechos de exploración de la mina denominada "La Guitarra", y al día siguiente fueron hallados muertos.
La Profepa debe desarrollar un sistema de inteligencia y seguridad mucho más sofisticado del que tiene actualmente, así como operaciones más diligentes y responsables.
Hechos como el no contar actualmente con un delegado de Profepa en el Estado de México ni con un subprocurador jurídico desde hace ya varios meses, hacen que la zona sea más vulnerable a situaciones de esta naturaleza.
Es hora de que el Estado demuestre con hechos contundentes el discurso del Ejecutivo a favor de la legalidad y el estado de derecho, así como el de considerar fundamental y urgente la defensa del medio ambiente.
A través de su vocería, el Cemda destaca que el país tiene una larga lista de defensores torturados, incriminados o asesinados por su labor. Activistas asesinados, como Dante Valdez, en 2008 en Chihuahua, por actuar en contra de mineras; Mariano Barca, en 2009 en Oaxaca, en contra de minera Blackfire; Francisco Quiñónez, torturado y asesinado en 2006, en contra de minera en Peña Colorada, Jalisco.
Los defensores en contra de rellenos sanitarios han sido también víctimas constantes como Cristóbal Martínez Robles, torturado y secuestrado en 2009 (Lomas de Mejía, Cuernavaca) y el abogado Fernando Mayén (contra relleno de Jilotzingo, Estado de México), asesinado en 2008. Otra causa recurrente que victimiza a líderes es la tala ilegal; en este caso están los campesinos Aldo Zamora y Rodolfo Montiel, el último de estos casos litigándose ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Cemda, dijo que ante estos atropellos y el clima de inseguridad creciente, los defensores de causas sociales y la ciudadanía exigen el esclarecimiento de todos estos hechos, que en su gran mayoría han quedado en la impunidad, para que no impere la ley del más fuerte sino la de la razón y de las leyes.