MAC: Mines and Communities

Juez ordena suspender el mega proyecto Agua Rica luego de enfrentamientos en Andalgalá, Argentina

Published by MAC on 2010-02-24
Source: Prensa Unión de Asambleas, Perfil, Clarín (2010-02-17)

Un de los proyectos mineros más resistidos de Argentina, que fuera afectado por la crisis fnanciera internacional el año pasado (ver http://www.minesandcommunities.org//article.php?a=9143), ha sido suspendido por una orden judicial luego de protestas y enfrentamientos en la ciudad de Andalgalá (próxima al proyecto), provincia de Catamarca.

La medida del juez debe ser entendida como política, antes que como estrictamente jurídica. Su objetivo parece ser "calmar" la indignación social y ganar tiempo.

Por eso quizá fue rechazada por organizaciones locales, que pretenden una prohibición a la minería a cielo abierto en todo el departamento. Las masivas protestas, que llegaron incluso a la capital provincial, aparecieron en los medios de comunicación nacionales, y son muy significativas porque Catamarca ha sido la primer provincia donde se aplicó el esquema neliberal para la industria minera en Argentina (con la apertura de la mina Bajo La Alumbrera en 1997).

Localmente y durante los últimos 4 años se viene demandando la realización de una consulta popular sobre el emprendimiento, proceso que podría haber evitado la violencia.

Yamana Gold, la canadiense involucrada en Agua Rica, es también propietaria de otro proyecto "suspendido" en Argentina: Cordón Esquel (luego de absorver a Meridian Gold en 2007).

 

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Prensa Unión de Asambleas Informa
17 de febrero de 2010

Contra la violencia organizada del Gobierno. Por una Vida Digna, Justa y Sostenible.

Solidaridad con el Pueblo de Andalgalá
Por la Asociación Civil Be.Pe., Catamarca, Argentina

Los dolorosos hechos de violencia ocurridos en la jornada de ayer, tras la represión ordenada contra centenares de vecinas y vecinos de Andalgalá que en el ejercicio de sus derechos constitucionales vienen manifestando su oposición a la explotación de Agua Rica, constituye uno de los más graves y lamentables episodios políticos ocurridos en nuestra provincia en los últimos tiempos.

Más allá de la salvaje e incontrolada represión ordenada, con su secuela de más de cincuenta detenidas y detenidos, y varias decenas de hospitalizados, los acontecimientos ponen de manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en torno al territorio y los bienes ambientales: la criminalización, represión y judicialización de la protesta social.

El aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vean allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del ‘desarrollo’ y la ‘generación de empleo’, el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de su tierra y sus fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos y de una virulencia creciente.

En el caso de la resistencia andalgalense al emprendimiento minero de Agua Rica, ha habido una espiral de violencia irresponsablemente desatada desde altas esferas del gobierno provincial, con acciones coordinadas y planificadas entre el ejecutivo provincial, el poder judicial y el gobierno municipal para desactivar la resistencia popular literalmente a ‘cualquier costo’. La trágica jornada de ayer no es un episodio aislado ni espontáneo: forma parte de una cadena de acontecimientos cuya máxima responsabilidad reposa sobre el Poder Ejecutivo provincial. Cabe recordar los principales hitos de esa espiral de violencia azuzada desde el poder:

- La reunión mantenida entre el ministro de gobierno, Javier Silva, con el director provincial de minería, José Luis Molina y las autoridades del municipio de Andalgalá en la jornada del 05 de febrero próximo pasado en la que se incriminaba al accionar de las asambleas de vecinos de la paralización de las obras en Agua Rica, desconsiderando no sólo la oposición vecinal sino también el hecho de que la empresa no ha completado aún con la reformulación del Estudio de Impacto Ambiental requerido por la propia secretaría de minería de la provincia hasta la fecha, por lo que el inicio de la explotación configuraría un acto manifiestamente ilegal.

- Los contactos mantenidos entre el ministro Silva y el director de minería Molina con el juez de control de garantías (sic) Rodolfo Cecenarro y la fiscal Marta Nieva, para activar la arremetida judicial emprendida en los días posteriores, con la confección de la orden judicial de desalojo del camino comunal y la imputación de cuatro integrantes de la Asamblea El Algarrobo.

- La desconsideración política tanto de las masivas manifestaciones realizadas durante las semanas previas, con la participación de miles de vecinas y vecinos reclamando el cierre definitivo de Agua Rica, como de la medida institucional promovida por tres concejales de los mismos partidos gobernantes, de solicitar la convocatoria a un plebiscito sobre Agua Rica, como forma de descomprimir el descontento social creciente.

- La obstrucción del acceso a la Justicia de las y los asambleístas, no sólo por la desconsideración de hecho del amparo ambiental presentado solicitando la suspensión definitiva de la explotación de Agua Rica, sino también por la reticencia y/o la negativa a recibir las denuncias relativas a amenazas, atropellos y uso abusivo de la fuerza que sufrieron antes y durante los episodios desencadenados el 15 de febrero próximo pasado.

- Las irresponsables declaraciones del intendente de Andalgalá José Perea, quien por la radio FM "Z" declaró "que si es necesario matará a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica", previo a la realización de la histórica marcha del 11 de febrero, que congregó a más de 5.000 manifestantes.

En el marco de ese contexto, los episodios del día 15 constituyen la expresión del hartazgo popular ante el sistemático ejercicio de la violencia institucional; quebrados los límites de la tolerancia, la brutal represión policial alimentó una escalada de reacciones que terminó en el desborde total de la situación, con un pueblo entero en las calles y una situación caótica que podría haber dejado saldos aún más dolorosos. Por cierto, ni propiciamos ni acordamos bajo ningún respecto el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores.

Por el contrario, lamentamos y condenamos el uso de la violencia, pero señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables y adherimos al reclamo social de exigir la renuncia de los mismos. Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del estado para ‘brindar ‘protección y seguridad jurídica’ a las empresas, aquellas de grandes capitales transnacionales, aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias poblaciones.

Expresamos nuestro apoyo y solidaridad para con el pueblo de Andalgalá. Saludamos su lucha como una legítima defensa no ya sólo de su territorio y las fuentes naturales de vida, sino la de los derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos. Reclamamos que se escuche y se respete, en particular, la terminante negativa del pueblo de Andalgalá a la explotación de Agua Rica, y exigimos, para todo proyecto de explotación a gran escala, la consulta y el consentimiento previo e informado de la población, tal como lo requiere la Ley General del Ambiente de la Nación (Ley 25.675).

Convocamos la población en general a adherir y sumar nuestros esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.


 

Catamarca: tras graves incidentes, un juez ordenó suspender la actividad de una mina
Martes 16, Febrero 2010
http://www.clarin.com/

17:47|Guillermo Cerda dispuso "el cese de actividades hasta nuevo aviso" del emprendimiento minero Agua Rica, que se prepara para extraer oro, cobre y molibdeno. Ayer hubo episodios violentos con ciudadanos autoconvocados que se oponen a la mina.

El juez dijo que la suspensión de actividades se hizo con la intención de poner fin al conflicto social en la zona, donde anoche hubo unos 50 detenidos, heridos de bala de goma (un menor tuvo que se trasladado a un hospital de la capital provincial), gases lacrimógenos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.

"Es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer", sostuvo el magistrado.

La represión fue llevada a cabo por la policía provincial y la gendarmería contra manifestantes que cortan la ruta desde diciembre pasado, y que ayer intentaron impedir el paso de un camión con insumos para la mina Agua Rica, que será tres veces más grande que La Alumbrera actualmente en funcionamiento que opera Barrick Gold. Días antes, la fiscal Martha Nieva había ordenado el desalojo de la ruta.

Tras los incidentes con la policía, hubo una nutrida manifestación en la ciudad de Andalgalá, que terminó ayer en nuevos incidentes: fueron atacadas (con principio de incendio) la sede de la intendencia, oficinas de la empresa minera y la fiscalía. El intendente kirchnerista, Jorge Perea, y gobernador radical, Eduardo Brizuela del Moral, apoyan las actividades de la minera.

En tanto, manifestantes riojanos que protestan contra la contaminación minera anunciaron hoy que viajarán a la localidad catamarqueña de Andalgalá para apoyar a sus vecinos, mientras en Buenos Aires militantes del Partido Obrero marcharon hasta la Casa de Catamarca, en el barrio porteño de Balvanera.

Para detener los incidentes, Cerda decidió suspender las actividades de la mina. Dijo que notificó esta mañana "al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".


Catamarca: una pueblada obligó a un juez a frenar la actividad de una mina
Ambientalistas que se oponen a la mineria a cielo abierto fueron reprimidos. Se paralizan los trabajos.
16 de febrero, 2010
http://www.criticadigital.com/

Los pobladores de Andalgalá, Catamarca, piden el traslado de la minera Agua Rica que, según denuncian, contamina la zona por la explotación del mineral a cielo abierto.

Asambleístas que rechazan la minería contaminante denunciaron que la policía de Catamarca y Gendarmería Nacional reprimieron este lunes a los pobladores que bloqueaban a vehículos mineros en la localidad de Andalgalá, en esa provincia, y que la medida —efectuada con perros y equipos especiales de dispersión de motines— dejó varios heridos, entre ellos niños y mujeres. La cifra de detenidos por la policía, en tanto, supera las cincuenta personas.

Como consecuencia de los desmanes, el juez de Minas de Catamarca, Guillermo Raúl Cerda, resolvió este martes la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.

Cerda dijo que notificó al apoderado de la empresa y "si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense", informó la agencia de noticias DyN.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat, sostuvo que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido ayer.

La tensión comenzó al mediodía del lunes cuando la policía provincial desalojó la asamblea permanente que funciona desde el 14 de diciembre a la vera del camino comunal del Chaquiago, ubicado a 5 kilómetros al norte de Andalgalá, y cortó el camino después de permitir que pase una máquina de la empresa de Agua Rica.

Enzo Acuña, integrante de la Asamblea Socio Ambiental de Catamarca, contó a Crítica de la Argentina que allí “los vecinos que no podían pasar para el pueblo de Chaquiago volvieron a la ciudad de Andalgalá y comenzaron a concentrar en la plaza hasta alcanzar las 200 personas, pero se armó el desmadre cuando, cerca de las cinco de la tarde, la policía empezó a desalojar brutalmente a la gente”.

Los pobladores reclaman “que se cumplan los derechos constitucionales a un ambiente libre de contaminación, diciéndole si a la vida y no a la explotación a cielo abierto del Nevado de Aconquija en manos de la empresa minera Agua Rica”, ubicada a 17 kilómetros de Andalgalá señaló el asambleísta.

Pese al desalojo, más personas comenzaron a acercarse a la plaza y a las 20 horas la concentración alcanzaban las cuatro mil manifestantes. Entre balas de goma y gases lacrimógenos “la gente comenzó a destrozar y prender fuego algunos sectores de la Municipalidad”, en reclamo de la renuncia del Intendente José Perea, así como también las oficinas de la minera Agua Rica y comercios de proveedores mineros.

A la medianoche, según relató Acuña, “el municipio cortó la luz y comenzó la balacera, el desalojo fue brutal, la policía disparó a mansalva sobre mujeres y niños que estaban en la plaza”.

"Luego comenzaron las detenciones y el traslado de los heridos a los hospitales. Había vecinos ensangrentados y la policía impedía a los médicos que asistan a los heridos”, relató el asambleísta. Recién entre las dos y las tres de la madrugada los vecinos pudieron retornar a sus casas.

Los pobladores denunciaron que entre los demorados se encuentran varios menores de edad y que los heridos ingresados al hospital sumarían unos 70. “Hay un chico menor de edad –de 16 años de apellido Paz- trasladado al hospital de Catamarca con heridas graves de balas de goma”, aseguró Acuña.

Actualmente, en Andalgalá se encuentran reunidas cerca de dos mil manifestantes en dirección hacia la comisaría y el municipio. A su vez, un centenar de personas están concentradas en la plaza principal de Catamarca Capital para pedir explicaciones al gobierno provincial de por qué se llevó a cargo el desalojo.

Al mediodía, los detenidos en Andalgala y Chaquiago habían comenzado a ser liberados, en tanto cuatro asambleístas fueron acusados por la fiscal Martha Nieva por los delitos de “amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre”.
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