“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” Benedicto XVI (Caridad en la Verdad, n.º 51).

1. Como ciudadanos y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

2. Lo hacemos apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo 50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."

3. Según lo han demostrado diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en zonas de rica biodiversidad como la nuestra, tales como: la remoción de áreas de cobertura boscosa; la afectación de los suelos y de la geomorfología; la contaminación atmosférica por polvo, plomo y mercurio así como por la emisión de gases de efecto invernadero; la alteración del recurso hídrico superficial y subterráneo; el consumo y almacenamiento riesgoso de sustancias tóxicas tales como el cianuro; la afectación a la fauna y al paisaje; así como riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades circundantes, debido a los ya mencionados contaminantes.

4. Por lo que consideramos oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más armoniosa con la naturaleza. En este orden, no debe pesar una visión utilitarista o economicista, sino más bien una seria valoración técnica y ética enfocada en el balance real de riesgos y de beneficios hipotéticos de una actividad, así como en su pertinencia para el bien colectivo. Sigamos apostando al modelo de desarrollo sostenible impulsado por el país y la política de paz con la naturaleza. Es importante se preste atención a los cuestionamientos y se analicen los efectos ambientales, sociales, económicos y legales perjudiciales del proyecto.

5. No es justo que un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones, como lo expresa el Santo Padre Benedicto XVI: “Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras.”[1]

6. Por todo lo anterior y con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un enfoque de desarrollo sostenible.

Dios bendiga a todas las personas de buena voluntad que, con espíritu agradecido, reconocen en la naturaleza el don y el reflejo del Creador y hacen esfuerzos por administrar adecuadamente los bienes recibidos y preservar este maravilloso regalo.

San José, a los 12 días del mes de enero, año del Señor 2010.

Monseñor Hugo Barrantes Ureña,
Arzobispo de la Arquidiócesis de San José
Presidente

Monseñor Ángel Sancasimiro Fernández,
Obispo Diocesano de Alajuela

Monseñor Guillermo Loría Garita,
Obispo Diocesano de San Isidro de El General
Vicepresidente

Monseñor Oswaldo Brenes Álvarez,
Obispo Diocesano de Ciudad Quesada

Monseñor Óscar Fernández Guillén,
Obispo Diocesano de Puntarenas
Secretario General

Monseñor José Francisco Ulloa Rojas,
Obispo Diocesano de Cartago

Monseñor Vittorino Girardi Stellin,
Obispo Diocesano de Tilarán

Monseñor José Rafael Quirós Quirós,
Obispo diocesano de Limón
Tesorero