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Desalojos ilegales en la mina de oro más grande de Papúa

Published by MAC on 2010-02-09
Source: Efe, AI (2010-02-02)

La organización Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre casos de brutalidad policial y desalojos forzados en la zona de la mina de oro Porgera, en Papua Nueva Guinea.

La firma operadora de la mina, Barrick Gold, asegura que las acusaciones son falsas.

Una versión completa del informe de AI puede verse (en inglés) en: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA34/001/2010/en

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Amnistía Internacional ha denunciado que la policía de Papúa Nueva Guinea lleva a cabo desahucios ilegales en los alrededores de la mina de oro más grande del país.

Según el informe de la organización no gubernamental, entre abril y julio de 2009, la policía habría asaltado y quemado al menos 130 edificios en las proximidades de la localidad de Porgera sin dar tiempo a sus ocupantes a recoger sus pertenencias, para obligarles a abandonar la zona.

El 95% de esta mina es propiedad de filiales de la mayor compañía de oro del mundo, Barrick Gold Corporation, con sede en Canadá, que forman parte del conglomerado empresarial Porgera Joint Venture (PJV), que reconoce que paga alojamiento, combustible y dietas a policías, pero sólo "a aquellos que respetan las leyes nacionales e internacionales y los derechos humanos".

Aunque Amnistía no acusa a la compañía de pagar a los agentes por la violencia que ejercen sobre la población, la organización sostiene que PJV no está haciendo lo necesario para que las autoridades cejen en su acoso a los vecinos de esa localidad.

La especialista de la organización en minas y derechos humanos, Shanta Martin, ha afirmado que en el momento en que PJV tuvo conocimiento de que se estaban quemando los hogares y vulnerando los derechos de las familias que viven cerca de la mina "deberían haber denunciado la situación ante las autoridades de Papúa Nueva Guinea".

Sin embargo, según Martin, "PJV continúa auspiciando a la policía y Barrick sigue defendiendo públicamente la actividad de los agentes".

Amnistía Internacional instó a las autoridades de Papúa a llevar a cabo una investigación para castigar a los responsables de la violencia y compensar a las familias que han sufrido daños y desalojos.

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