MAC/20: Mines and Communities

¿uranio? No Gracias, Dicen En San Rafael

Published by MAC on 2006-07-15

¿Uranio? No gracias, dicen en San Rafael

Luis Claps (MAC) Mendoza, Julio de 2006

La mina de uranio Sierra Pintada esta ubicada en la cuenca hídrica de San Rafael: la atraviesa el arroyo El Tigre, que desemboca en el río Diamante, principal abastecedor de agua de la ciudad y los distritos cercanos. De este sistema hídrico, que nace y recarga en las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes, depende toda la actividad agropecuaria de la región. La vitivinicultura, fruticultura, ganadería y agroindustria (secaderos, conservas y pequeños emprendimientos) concentra más del 80 por ciento de la mano de obra privada del Departamento. Unos 30 mil puestos de trabajo. En cuanto al turismo, es la actividad que más ha crecido en los últimos 10 años. La reapertura del complejo uranífero, sostienen los vecinos de San Rafael, pone en riesgo el futuro de esas actividades económicas y el medioambiente en el que viven.

Las experiencias de resistencia a proyectos mineros son numerosas y diversas a lo largo de la franja oeste de Argentina. Cada comunidad asume de manera única y creativa el problema, si bien solidaria con las demás. De modo que Esquel, Santa María o Ingeniero Jacobacci, tienen mucho en común, pero también ciertas cosas que las diferencian. En el caso de San Rafael hay dos aspectos, al menos, que singularizan el devenir del movimiento social de oposición a la explotación minera: la lucha no es contra una empresa multinacional extranjera, sino contra un organismo del propio Estado argentino (la Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA). Por otra parte, el objetivo es impedir la reapertura de una explotación que ya ha operado durante varios años en la zona, por lo que las organizaciones involucradas persiguen también la restitución del daño ya causado.

El Complejo Sierra Pintada ocupa 2000 hectáreas, distantes a unos 50 km de la ciudad de San Rafael y a unos 20 km de la Villa 25 de Mayo. Comenzó su actividad en la década del 70, y la planta empezó a funcionar en 1979. En 1986 se amplió, pasando de una capacidad anual de 60 a 120 toneladas de uranio. En 1995, ante una coyuntura internacional desfavorable, se detuvo la explotación minera. Pero aún tiene una reserva probada que supera los 15 años de extracción a razón de 120 toneladas anuales. Y ante el notable aumento del precio internacional del uranio, y la intención del actual gobierno nacional de construir la central de generación de energía nuclear ATUCHA II, el negocio del uranio ha vuelto a ser atractivo. Pero no para los sanrafaelinos, que proponen incluir en el debate las l000 toneladas de residuos sólidos enterrados en 5340 tambores, las 1,7 millones de toneladas de colas de uranio abandonadas en el sitio y los 1,2 millones de metros cúbicos de agua embalsados en canteras y diques de evaporación. ¿Uranio? No gracias, dicen. Es la respuesta que dan a quienes promocionan el negocio nuclear.

Vivir con incertidumbre

Virginia y Alejandro llegaron a San Rafael hace unos cuatro años, para instalarse en una pequeña finca en las afueras de la ciudad. Producen vino de forma artesanal y orgánica, una actividad que está creciendo mucho en la zona ya que además de ser un exelente producto regional, no requiere de agroquímicos ni aditivos. El año pasado elaboraron unos 4 mil litros, que venden en Mendoza y Buenos Aires. Todos los sábados instalan una mesa en el centro de la ciudad, para informar a sus vecinos sobre los riesgos de la explotación del uranio. También juntan firmas para que no se reinicien las operaciones en Sierra Pintada. Y ya han levantado varios miles. "Lo más difícil es vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar" me decía Virginia. "No queremos irnos, queremos quedarnos y luchar" agrega Alejandro.

Vivir con la CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica es, probablemente, el organismo argentino con peores antecedentes en materia medioambiental. Según la Asociación Contra la Contaminación de Esteban Etcheverría hay agua contaminada con uranio en un radio de 2.500 hectáreas de los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza en la provincia de Buenos Aires, afectando a un millón de personas. Allí funciona el Centro Atómico Ezeiza, de la CNEA. El año pasado, un juez ordenó una pericia sobre las aguas de la zona, que realizó el geólogo Fernando Máximo Díaz. Una copia de ese análisis de más de 600 páginas fue dejada en forma anónima en el buzón de la asociación de Esteban Echeverría. Así fue como los vecinos se enteraron de su contenido. Díaz sostuvo que el 74 por ciento de los 46 pozos analizados se halló agua no potable, con concentraciones de uranio de 50 a 80 microgramos por litro. También se detectaron otros dos materiales radiactivos, radón y estroncio.

Pero el más resistido e irracional proyecto de la CNEA fue el repositorio nuclear de Gastre, en la provincia de Chubut, que proponía importar al país residuos radioactivos. Así nació el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH). Hoy, 20 años después, y tras una larga lucha, el ingreso de materiales radioactivos está prohibido por la Constitución Nacional. Para la Multisectorial del Sur, a partir de estos antecedentes, está comprobado que "la CNEA es totalmente irresponsable". Además, sostienen, hay una "incapacidad manifiesta de la CNEA, y de la Autoridad Regulatoria Nuclear para controlarla". El futuro

El año pasado, la Legislatura de Mendoza condicionó la reapertura de la mina. A través de una resolución de la comisión especial que se conformó para analizar el tema, los legisladores pidieron que primero se remedien los pasivos ambientales que dejó la explotación de la mina durante los años en los que funcionó. Hace algunas semanas, la CNEA presentó un plan de remediación que incluye sólo menos del 10 por ciento de la totalidad de los residuos. Al parecer, esta plan no es más que una estrategia para lograr reanudar la explotación de la mina, y no un proyecto serio e integral de remediación. Por su parte, la Multisectorial del Sur realizó una masiva marcha contra la reapertura, el 2 de junio pasado, y lleva adelante varias acciones judiciales. Para una comunidad con una relación tan profunda con las montañas y sus aguas (la Ley de Riego de Mendoza tiene más de 100 años de vigencia), no resulta difícil decidir hacia dónde caminar para encontrar el mejor futuro posible.

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