MAC: Mines and Communities

Ejecutan a opositor de minera canadiense Fortuna Silver en Ocotlán, México

Published by MAC on 2012-03-20
Source: Noticiasnet.mx, E-oaxaca.mx, otros (2012-03-16)

Un segundo activista antiminero fue asesinado en el estado mexicano de Oaxaca.

Bernado Vasquez se manifestaba en contra de las actividades de la minera canadiense Fortuna Silver en su región.

En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero fue asesinado en circunstancias similares. Mariano se manifestaba contra la minera Blackfire Resources, otra canadiense con operaciones en el mismo estado.

La semana pasada, tres organizaciones canadienses condenaron la inacción de su gobierno en la investigación del asesinato de Roblero.

Ver post anterior: Asesinan a activista anti minero en Zapotec, Mexico

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PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES CIVILES EN RELACIÓN AL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, DIRIGENTE DE LA CPUVO

      
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 15 de Marzo de 2012

A los medios de comunicación
A la Opinión Pública
A las Autoridades Estatales y Municipales
A la Ciudadanía en General

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las organizaciones que abajo suscribimos hemos recibido información por parte de pobladores del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), que el día de hoy, 15 de Marzo de 2012, fueron emboscados por grupos armados los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca entre las 9 y 10 de la noche, cuando se trasladaban a bordo de un automóvil tipo Tsuru, marca Nissan de color rojo.

De acuerdo con la información recibida, Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán falleció debido a las heridas provocadas por los impactos de bala.

Antecedentes:

Bernardo Vásquez Sánchez y la CPUVO habían alertado a las autoridades estatales y federales desde 2008 sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San José del Progreso, debido a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.

En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez).

Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.

El 18 de Enero de 2012, fue asesinado el C. Bernardo Méndez Vásquez por orden del presidente municipal de San José del Progreso Alberto Mauro Sánchez, en esta emboscada resultó herida de gravedad la C. Abigaíl Vásquez Sánchez. Las autoridades estatales nuevamente no se involucraron, por el contrario brindaron su apoyo a los presuntos homicidas criminalizando nuevamente a los integrantes de la CPUVO.

Ante estos hechos denunciamos:

Repudiamos la actitud pasiva e indolente del gobierno estatal ante el conflicto social y político de San José del Progreso. Hasta el momento no hay castigo para los responsables de la muerte del compañero Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero de 2012.

Exigimos a las autoridades estatales y federales justicia y castigo para los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, Asesinado el día 15 de Marzo de 2012.

Denunciamos nuevamente que la empresa minera Cuzcatlán cuenta con grupos armados al interior de la comunidad y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales y estatales.

Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán por los cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez. Exigimos nuevamente se respete la demanda principal de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada y por sus actos de corrupción que se han generado diversos enfrentamientos en la comunidad, terminando lamentablemente con la vida de 2 defensores de derechos humanos.

Exigimos justicia:
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.


 

Ejecutan a opositor de la mina en Ocotlán

http://www.noticiasnet.mx/

16 Mar 2012

OCOTLÁN DE MORELOS.- El dirigente de la Coordinadora de la Defensa de los Recursos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez, fue ejecutado a balazos cuando se desplazaba a bordo de su automóvil en la carretera federal 175, en jurisdicción de Santa Lucía, perteneciente a este distrito; en tanto, dos de sus hermanos resultaron heridos al ser atacados por al menos tres sicarios.

LOS HECHOS

De acuerdo al reporte de las corporaciones policíacas, los hechos ocurrieron a las 21:00 horas de ayer, cuando Bernardo Vásquez conducía el automóvil Nissan tipo Tsuru con placas de circulación 434-NDP del Distrito Federal y se dirigía a su domicilio ubicado en San José del Progreso.

El líder de los habitantes de San José del Progreso que se oponen a la operación de la mina en esa comunidad, fue interceptado por al menos tres sicarios que se desplazaban en un automóvil Nissan tipo Tsuru de color blanco.

Los sicarios, al alcanzarlo a la altura del kilómetro 38 de la carretera federal 175, donde se ubica la entrada a Santa Lucía, Ocotlán, empezaron a dispararle, lo cual originó que perdiera el control del vehículo y se fue hacia unos terrenos de sembradío.

A unos 30 metros quedó el vehículo y en el interior quedó herido el dirigente junto con sus hermanos Álvaro Andrés y Rosa Linda, de apellidos Vásquez Sánchez.

UN TAXISTA LOS AUXILIA

Jaime Vásquez Valencia, al pasar por el lugar y observar que el automóvil estaba en el predio de sembradío con las personas heridas, decidió detener la marcha de su taxi marcado con el número 6524 del sitio de Santa María Coyotepec y auxiliarlos.

Las tres personas heridas de arma de fuego las abordó en su taxi y los llevó a su población de origen, San Pedro Apóstol, para que el doctor Federico Ríos Sánchez los auxiliara en su consultorio.

Pero cuando llegaron al lugar ubicado en la calle de 5 de Febrero esquina con 16 de Septiembre de San Pedro Apóstol, se dieron cuenta que Bernardo Vásquez ya había dejado de existir.

SUS HERMANOS ESTÁN GRAVES

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia auxiliaron a Álvaro Andrés y Rosa Linda, a quienes canalizaron al Hospital de Especialidades de San Bartolo Coyotepec, donde su estado es reportado como delicado.

La zona fue acordonada por policías estatales, en tanto peritos, el fiscal Eloy Rodrigo Martínez Duarte y agentes investigadores iniciaron con las diligencias.

Sobre la carretera fueron encontrados 16 casquillos percutidos calibre 38 y 9 mm que fueron disparadas por las armas de los sicarios.

Al lugar arribaron Alicia Vásquez y pidió que se investigue la identidad de los presuntos homicidas de su hermano. "Se los dije, esto iba a pasar...", dijo mientras abrazaba a su mamá.

Los agentes policíacos buscan a los presuntos responsables del crimen y no descartan que el móvil sea político, ya que el ahora extinto había encabezado manifestaciones para que no estuviera operando la mina en su comunidad de origen, San José del Progreso.


Ultiman a líder opositor a mina Cuzcatlán de San José del Progreso

Jaime Guerrero

e-oaxaca.mx

16 Marzo 2012

OAXACA - La noche de jueves, minutos antes de las 22:00 horas, en el Crucero de Santa Lucia Ocotlán, sobre carretera federal número 175, fue ultimado a balazos el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez, quien encabezó una lucha encarnada contra la minera Canadiense, Cuzcatlán, quien realiza operaciones en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán.

De acuerdo a fuentes de la Secretaria de Seguridad Pública, a la Policía Estatal del Sector de Miahuatlán de Porfirio Díaz, les reportaron de dos personas lesionadas por impactos de arma de fuego, en esa arteria vial de Santa Lucia Ocotlán.

Al lugar se traslado 1 oficial y 15 elementos a bordo de las patrullas 1492, 827 y 1498. En el lugar el Oficial Juan Hernández Pérez, con personal a su mando, se entrevistaron con el Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, quien presentaba un impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo.

Mientras que su hermano, Bernardo Vásquez Sánchez, líder de los opositores a la Mina Cuzclatlán San José Ocotlán, con impactos de bala, fue trasladado a bordo de un taxi foráneo a una Clínica particular de nombre “Federico Ruiz Sánchez” de San Pedro Apóstol para su atención médica, pero que al ingresar al nosocomio dejo de existir.

En tanto, resultó lesionada otra persona de nombre Rosalinda Vásquez.

Los presuntos responsables, según testigos, fueron 3 individuos que se dieron a la fuga a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, con dirección a Ejutla de Crespo.

Tras los hechos, la Policía Estatal, realiza patrullajes y filtros de control para localizar a los responsables.

Vázquez Sánchez, inició una ferra oposición a la instalación de la mina Cuzcatlán, desde enero del 2008, cuando esta se instaló en San José del Progreso, siendo esté el origen del conflicto social y ambiental.

El líder de los opositores a la mina, argumentaba que los pobladores no fueron previamente consultados para la apertura y puesta en marcha, por lo cual decidieron cerrar las instalaciones mineras el día 14 de Marzo del 2009, manteniéndola así por más de 2 meses sin que se atendiera esta inconformidad.

Para el día 19 de Junio del 2010, se presentó un enfrentamiento entre habitantes de San José el Progreso en el lugar denominado “Cuajilote” en donde se abrió fuego contra los ciudadanos y que trajo como resultado el fallecimiento de Venancio Oscar Martínez Rivera y Félix Misael Hernández, alcalde y concejal de esa localidad.

No obstante, para el 10 de febrero del 2011, el Presidente Municipal, Alberto mauro Sánchez Muñoz, le otorgó permiso a la minera Cuzcatlan para romper 206 metros de la guarnición del camino principal que comunica a la población con la carretera federal Oaxaca-Puerto escondido, sin haber consultado a la comunidad, no obstante que por el daño que iba a sufrir el camino en mención se debió consultar en asamblea.

En medio de ese conflicto, el 8 de Abril del 2011, fueron detenidos por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejercito el Sindico Municipal Amador Jaime Vásquez Gómez, el Regidor de Salud Gabriel Ruiz Arango, el tesorero Municipal Rodolfo López Ramírez y el suplente de regidor de Obras Enrique Joel Antonio Cruz, siendo turnados a la Procuraduría General de la República.

Y para 18 de enero del 2012, se suscito una balacera contra la población resultando heridos Bernardo Méndez Vásquez quien perdiera la vida 24 horas después en el Hospital de Especialidades, mientras que Abigail Vásquez Sánchez fue lesionada.

A 4 años el conflicto esta se ha agudizado entre la ciudadanía y las autoridades municipales, además de que en reiteradas ocasiones se han desatado hechos violentos, sin que hasta la fecha el Gobierno del Estado haya prestado la atención necesaria para mediar las controversias.

El pasado 9 de febrero, la diputada local del PAN, Ivón Gallegos Carreño, advirtió que de no dársele de manera inmediata la debida atención, se estaría ante un potencialmente conflicto que culminará en un estallido social por parte de los pobladores.

Ese día, desde la tribuna del Congreso, Gallegos Carreño, lamentó que la situación de ingobernabilidad que vive la comunidad, resultado del poco interés, de la omisión y de la falta de capacidad por parte de la Secretaría General de Gobierno, en virtud de que en reiteradas ocasiones se les hizo del conocimiento las múltiples agresiones.

En aquella ocasión, exhortó al Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, a que instruyera al Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, a atender el problema social de manera pronta y eficaz, realice las audiencias y mesas de diálogo que sean necesarias para menguar los problemas y no después se tengan que lamentar más pérdidas de vida humanas.

La diputada por ese distrito de la entidad, apeló al responsable de la política interna de la entidad, para que de el derecho de audiencia a los habitantes del Municipio de San José del Progreso “y que no se le olvide que en el Estado existen múltiples problemas agrarios”.

Y es que ante la indiferencia de las autoridades, la impunidad, los daños ecológicos, anotó, lo que se requiere es que se informe sobre los trabajos que desarrolla la empresa minera Cuzcatlán en los terrenos ejidales, ya que resulta notorio los desorbitantes ingresos económicos de la minera y por el otro lado la gran escasez económica del pueblo de San José del Progreso.


Demasiado silencio en el caso Blackfire
Dos años después, el gobierno canadiense no se ha expedido sobre el caso de Blackfire sobre corrupción y asesinato en Chiapas, México.

MiningWatch Canada

15 de marzo del 2012

(Ottawa/Toronto) Dos años después de haber elevado una queja ante la policía federal canadiense alegando corrupción por parte de Blackfire Resources, con sede en Calgary, un grupo de organizaciones canadienses de la sociedad civil querría saber el posicionamiento de las autoridades canadienses en relación a las controversiales operaciones de la compañía en Chiapas, México. Sin embargo, aún sigue sin respuesta la solicitud de información que se realizó hace 18 meses ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional mediante la Ley de Acceso a la Información.

A fines del 2009, las entidades Common Frontiers, Alerta Minera Canadá, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos y otras, obtuvieron documentación que indica que Blackfire había estado depositando fondos en la cuenta bancaria personal de un ex alcalde del municipio de Chicomuselo, Chiapas, donde la compañía operaba una mina de barita. El 10 de marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses de la sociedad civil elevaron una queja ante la policía federal canadiense en relación a la Ley de Corrupción de Dirigentes Políticos Extranjeros. La prensa nacional reveló en agosto del 2011 que la policía federal había comenzado sus investigaciones. Hubo informes de que se habían allanado las oficinas de la compañía en Calgary. Aún no se han presentado cargos.

Blackfire ya había estado en las noticias luego del homicidio de Mariano Abarca Roblero, reconocido dirigente comunitario que se oponía a las operaciones de la compañía, asesinado a tiros enfrente de su casa el 29 de noviembre del 2009. Poco después de la muerte de Abarca, se encarceló a varios hombres cuyos vínculos con Blackfire eran conocidos. Asimismo, las autoridades ambientales del estado suspendieron transitoriamente actividades mineras en Chicomuselo.

El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos, Common Frontiers y Alerta Minera Canadá organizaron una delegación de investigación en Chiapas a fines de marzo del 2010 con objeto de indagar sobre la muerte de Abarca y las actividades de la compañía. Los resultados de la delegación demuestran que la mina a cielo abierto había suscitado oposición a nivel local debido a las promesas incumplidas, la falta de beneficios, y la degradación ambiental en la zona. La delegación notó divisiones en las comunidades a raíz de la presencia de la compañía y a menudo escuchó reclamos impulsando a la compañía a retirarse. 

Durante una visita a la Embajada de Canadá en México, se informó a la delegación que un Consejero de Asuntos Políticos había redactado un informe al cabo de un viaje de investigación en Chiapas semanas después del asesinato de Abarca. Al solicitar una copia se le informó a la delegación que el informe estaba “clasificado”. A mediados del 2010 se le solicitó una copia de este informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés). Sin embargo, pese a las promesas de funcionarios y una queja elevada ante el comisionado de información, no se ha podido obtener una copia del informe.

Mientras tanto, existe la alarmante posibilidad que la compañía esté entablando nuevas operaciones en Chiapas. En enero, el periódico nacional de México, La Jornada, citó a pobladores del municipio de Siltepec, en un valle montañoso próximo a Chicomuselo. Según este periódico, los pobladores indicaron que quieren “evitar el saqueo clandestino, ya que la empresa minera Blackfire ha estado entrando por las noches y a escondidas ya sacaron ocho camiones de minerales…; advertimos que esto ya no lo vamos a permitir en ningún lugar de la Sierra.”

Es posible que cualquier compañía minera realizando actividades no deseadas en una zona tan próxima a Chicomuselo podría confundirse con la tan desacreditada Blackfire. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante dada la historia reciente y un nivel de probabilidad razonable que esta sea otra iniciativa de Blackfire. Al no contar con mecanismos claros, más allá de la ley anti-corrupción, que permitan pedir cuentas a la compañía por daños pasados, y vista la falta de respuesta clara por parte de DFAIT que indique un interés serio en abordar casos en los que el territorio y la vida de una comunidad corren peligro, no queda claro a quién se tendría que dirigir la reciente queja de Siltepec.

En la víspera del congreso “Walking the Talk: Human Rights Abroad Take II” (“Del dicho al hecho: derechos humanos en el extranjero – segundo intento”) que se celebra esta semana en el Parlamento, reclamáramos nuevamente que se responsabilice a las compañías mineras por sus operaciones en el extranjero. La propuesta de ley C-323 permitiría a ciudadanos extranjeros demandar a compañías canadienses en las cortes canadienses. Este es el tipo de iniciativa legislativa que se necesita para remediar los frecuentes abusos que cometen las compañías mineras canadienses como Blackfire.

A su vez, exigimos que el gobierno de Canadá tome una mayor responsabilidad en explicar por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no responden de manera más efectiva y puntual en un caso donde se han atropellado los derechos y las vidas, y en donde hace tiempo se hace caso omiso de las preocupaciones que manifiestan los pobladores.
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