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Indígenas Ngöbe Buglé bloquean principal vía de Panamá por planes mineros en su territorio

Published by MAC on 2012-02-07
Source: AFP, EFE, Diario Montanes, otros. (2012-02-04)

El cierre de la vía Interamericana contra la minería en la Comerca Ngäbe Buglé comenzó la semana pasada a la altura del cruce San Félix, en Chiriquí, a unos 369 kilómetros al oeste de la capital de Panamá.

Los indígenas protestan por la eliminación de un artículo del proyecto de ley minera, en discusión parlamentaria, que garantizaba la no explotación de los enormes yacimientos de cobre del Cerro Colorado.

El domingo, la policía reprimió a los manifestantes y despejó los bloqueos. En la operación murió Jerónimo Montezuma, indígena de 26 años. Unas cincuenta personas resultaron heridas.

La televisión local mostró a un grupo de indígenas levantar del suelo a Montezuma y subirlo ensangrentado a un vehículo. Más tarde, los manifestantes incendiaron el cuartel policial de San Félix.

Ver post anterior: Presidente de Panamá pide a Congreso revocar ley minera

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Indígenas bloquean la principal vía de Panamá en rechazo a la actividad minera

Agencia EFE

2 de febrero 2012

Panamá - Indígenas panameños mantienen hoy bloqueada, por tercer día consecutivo, una carretera que atraviesa todo el país y lo comunica con el resto de Centroamérica, en rechazo al desarrollo minero en sus territorios.

La protesta, que el Gobierno asegura es alentada por sectores opositores que no identifica, ha paralizado el transporte de carga, alimentos y pasajeros, y hasta ahora se ha desarrollado sin incidentes.

El cierre de la llamada vía Interamericana comenzó el martes pasado a la altura del cruce de San Félix, en Chiriquí, a unos 369 kilómetros al oeste de la capital, y los indígenas han asegurado que solo lo levantarán cuando el presidente del país, Ricardo Martinelli, se desplace al lugar para iniciar un diálogo.

Los nativos protestan por la eliminación de un artículo del proyecto de ley minera 415, que discute el Parlamento panameño, el cual garantizaba la no explotación de yacimientos de cobre en Cerro Colorado, el más importante del país y situado en la Comarca Ngäbe Buglé.

La dirigente indígena Silvia Carrera exigió este jueves a Martinelli que hable directamente con ellos, como lo hizo cuando estaba en "campaña" por la Presidencia del país.

"Él (Martinelli) dio su palabra (...) dijo que el día que no cumpla con el pueblo indígena Ngäbe y campesino, que lo cuelguen del árbol más alto de la comarca, y nosotros no queremos tomar esa acción todavía", dijo la dirigente indígena, según informó la cadena privada TVN Noticias.

El proyecto de ley 415, que ya pasó el primero de tres debates parlamentarios, fue consensuado entre el Gobierno y los indígenas tras las violentas protestas que éstos realizaron entre 2010 y 2011, que dejaron al menos dos muertos, y desembocaron en la derogación de la Ley 8, que reformaba el Código Minero, el cual, según los aborígenes, atentaba contra sus recursos naturales.

Por su parte, Martinelli aclaró que primero "hay que abrir las calles y luego se habla todo lo que se tiene que hablar", en declaraciones a los periodistas tras participar en un acto público.

El mandatario afirmó que las protestas son alentadas "por motivos políticos por personas allegadas a partidos de oposición", que no identificó.

El Gobierno emitió un comunicado oficial en el que señala que ha cumplido con un acuerdo firmado en febrero de 2011 para poner fin a un cierre similar en la vía y consensuar una Ley minera con los indígenas, y que, aunque favorece el diálogo, esta vez "no entablará conversaciones mientras se mantengan las medidas de presión".

"Un año después de la palabra empeñada, la Coordinadora Indígena acude a las mismas medidas de fuerza que afectan directamente a la población cuando apenas (la nueva Ley minera) está en la Asamblea Nacional en primer debate", indica el comunicado.

El cierre de la Interamericana ha provocado "incalculables pérdidas económicas a Chiriquí", destacó el Gobierno.

El Gobierno destaca que la medida de fuerza "afecta directamente a familias, comerciantes y transportistas que están varados" en la importante vía.

Según reportan medios locales, la fila de autos y camiones se extiende por más de 10 kilómetros en la Interamericana, y que al lugar no se ha presentado ninguna fuerza del orden público.

El ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, ha dicho que "bajo ninguna circunstancia" el Gobierno caerá en una situación de "confrontación" con los indígenas, que sería el supuesto objetivo de los propulsores de las protestas para así "buscar un muerto".

Algunos transportistas han alertado que podrían perder sus cargas porque tras casi 72 horas varados se acaba el combustible que mantiene los sistemas de refrigeración.

También hay bloqueos en Viguí, en la provincia central de Veraguas, que limita con Chiriquí, así como en Bocas del Toro, en el Atlántico, según la información disponible.


Una protesta indígena reta al gobierno de Panamá y colapsa el país
Los Ngäbe cierran desde hace cinco días la única carretera que conecta al país con Centroamérica y el gobierno los mantiene incomunicados

Pilar Chato

http://www.eldiariomontanes.es

4 de febrero 2012

Unos 5.000 indígenas del pueblo Ngäbe mantienen un duro pulso con el gobierno de Panamá por cuenta de la minería. El pasado martes cerraron la carretera Interamericana, única vía de comunicación del país con Centroamérica, en protesta por el incumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno de ese país hace un año y que puso fin a una protesta similar. Hay desabastecimiento en mercados de las ciudades de Panamá, David o Bocas del Toro y el Gobierno ha comenzado a importar combustible desde Costa Rica.

Sesenta organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica y las Naciones Unidas en Panamá han pedido al Gobierno que negocie urgentemente y que evite el uso de la fuerza dados los antecedentes. En febrero de 2010, la acción policial contra los Ngäbe se saldó con un civil muerto y decenas de heridos y, unos mese antes, durante una huelga de trabajadores de las bananeras de la misma etnia, terminó con 8 civiles muertos y unos 600 heridos a manos de la Policía, según una comisión de investigación designada por el propio Gobierno.

Son ya cinco días de cierre que tiene atrapados a unos 300 camiones en la vía y a otros 600 en Paso Canoas, la frontera entre Panamá y Costa Rica. Las pérdidas económicas se calculan en unos 8 millones de euros, según la Cámara de Comercio de Panamá, pero las pérdidas políticas son incalculables.

El Gobierno mantiene el pulso, negándose a negociar en la zona de las protestas y asegurando que ha cumplido los acuerdos de 2010. El hecho que ha provocado la nueva protesta es la retirada en el último momento del artículo de la nueva ley minera que se debía aprobar en la Asamblea Nacional en enero de este año. El artículo 5 de la Ley 415 indicaba la prohibición de las “explotaciones mineras y de la construcción de hidroeléctricas” en la Comarca Ngäbe-Buglé, el territorio autónomo reconocido por el Estado al pueblo originario más numeroso de Panamá.

Organizaciones, como el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Human Rights Everywhere o la Asamblea Ciudadana (que agrupa a unas 60 asociaciones sociales de Panamá), han lanzado una alerta ante la presencia, reconocida por el gobierno, de unos 800 policías antidisturbios en la zona y el corte inesperado en la noche del jueves de todas las comunicaciones de telefonía móvil en la zona. Antes del corte de las comunicaciones, el Ejecutivo evacuó a la mayoría de los civiles atrapados en el corte de la vía en un puente aéreo gratuito entre las ciudades de David y Panamá. El presidente, Ricardo Martinelli, volvió a acusar anoche a “opositores que quieren sembrar el caos” y a “elementos foráneos” de estar detrás de las protestas indígenas. Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora Ngäbe, respondió: “El presidente busca excusas para justificar sus mentiras. Pensar que somos manipulados es despreciarnos”.

La minería en Panamá

La Comarca Ngäbe-Buglé guarda uno de los tesoros más deseados por las compañías multinacionales mineras: Cerro Colorado. Los estudios indican que es la segunda reserva latinoamericana de cobre y empresas de Canadá, así como el gobierno de Corea del Sur ambicionan estos tesoros.

El proyecto supondría un fuerte impacto ambiental al tratarse de minería a cielo abierto, prohibida en la vecina Costa Rica, y el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas. El conflicto social por cuenta de la minería y los megaproyectos económicos no es nuevo. Los pueblos originarios y los campesinos en Panamá han mantenido una pelea con éste y con anteriores gobiernos por la explotación de recursos naturales en sus áreas. Dos ejemplos significativos son el proyecto minero de Petaquilla, que afecta en su primera fase 13.000 hectáreas del Corredor Biológico Mesoamericano, y los casi 70 proyectos de hidroeléctricas que se desarrollan en la provincia de Chiriquí afectando a las cuencas de los ríos y a la ganadería tradicional.


Crece conflicto en protesta de indígenas contra minería en Panamá

AFP

3 de febrero de 2012

La tensión entre el gobierno panameño y los indígenas que están bloqueando carreteras en contra de la minería en sus territorios subió el viernes con otros sectores que se sumaron a la protesta y unas posiciones polarizadas que hasta ahora no permitieron abrir una vía al diálogo.

"Todo lo acordado con los indígenas ha sido cumplido", dijo en la red social de Twitter el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien criticó "la intransigencia de algunos opositores que financian el caos (y) juegan con el futuro del país".

El gobierno anunció que una comitiva encabezada por los ministros de Comercio, Ricardo Quijano, y de Gobierno, Jorge Fábrega, está "en espera de iniciar el diálogo con los dirigentes indígenas", pero estos insisten en negociar en plena carretera.

"La tolerancia y la paciencia no pueden ser interpretados como renuncia a nuestro deber y obligación de garantizar el libre tránsito y la convivencia pacífica", advirtió Fábrega "a quienes están aupando este movimiento".

Cientos de indígenas de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor en Panamá, mantienen bloqueadas, con barricadas de árboles y piedras, varias vías en el país para exigir que un proyecto que se discute en el Congreso prohíba la explotación de yacimientos mineros y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas.

El número de manifestantes aumentó este viernes y otras organizaciones populares anunciaron protestas para los próximos días.

"Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece", dijo a AFP Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la construcción SUNTRACS, que recientemente paró las obras de ampliación del Canal de Panamá.

"El gobierno también ha aumentado su pie de fuerza posiblemente con la idea de reprimir y eso tendrá consecuencias nefastas", dijo a la AFP Celio Guerra, presidente del Congreso Nacional Tradicional de la Comarca (indígena) Ngöbe Buglé.

Entre los puntos bloqueados está la frontera entre Panamá y Costa Rica por la localidad Sixaola (Caribe), además de la estratégica carretera que conecta a los dos países, fundamental para el comercio.

Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con dirigentes indígenas el proyecto de ley, después de que Martinelli derogara el año pasado, tras violentas protestas, unas reformas al código minero que dijo impulsar para atraer inversiones.

Los indígenas sostienen que, tras consensuar un proyecto, los congresistas retiraron un artículo que prohíbe actividades mineras e hidroeléctricas en sus territorios, pero el gobierno asegura que nunca firmó un texto que afecte esa forma de generación eléctrica, por ser altamente necesaria para el país.

"Elementos foráneos desean que no haya hidroeléctricas. Eso hará triplicar la luz (...) y seríamos más pobres", afirmó este viernes Martinelli.

Varias agencias de Naciones Unidas de Panamá llamaron a las partes en un comunicado conjunto a evitar la violencia y a que "a la mayor brevedad" entablen un diálogo que facilite la solución de la creciente situación de conflictividad social".

"Las pérdidas son millonarias, los perjudicados somos todos" y se afecta a "la imagen de estabilidad" del país, comentó el presidente de la Cámara de Comercio panameña, Federico Humbert.

"Prácticamente cuatro provincias de nueve están paralizadas", dijo Guerra, que calificó la situación como "bastante preocupante"..

El gobierno anunció la evacuación vía aérea de decenas de turistas que se quedaron varados por los bloqueados y el transporte de vegetales y leche desde las zonas afectadas hacia la capital, al igual que la importación de gasolina desde Costa Rica.


Panamá: Policía desaloja bloqueos indígenas; un muerto

POR JUAN ZAMORANO

THE ASSOCIATED PRESS

5 de febrero 2012

PANAMA -- La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos el domingo para despejar los bloqueos establecidos desde inicios de semana por indígenas en la carretera Panamericana, en una operación en la que murió baleado un aborigen y 32 más resultaron heridos.

Uno de los dirigentes de la protesta, Liborio Miranda, dijo por teléfono a The Associated Press que Jerónimo Montezuma, un indígena de 26 años, murió al recibir un balazo en el pecho en el sector de San Félix, provincia de Chiriquí, donde se había concentrado el grueso de los manifestantes que rechaza concesiones mineras en sus tierras.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, confirmó en una rueda de prensa esa muerte y aseguró que el arma que se habría usado en ese hecho no es utilizada por la policía.

Dijo que 32 indígenas y siete policías resultaron heridos, en tanto que 41 manifestantes fueron detenidos, dos de ellos menores de edad.

Imágenes de la televisión local mostraron cuando un grupo de indígenas recogió del suelo a Montezuma y lo subió ensangrentado a un vehículo. También cuando indígenas incendiaron el cuartel policial de San Félix, que se ubica a 400 kilómetros al occidente de la capital.

La acción policial logró abrir los tramos cerrados y para ello utilizó equipo pesado para quitar pedazos de palos, piedras y otros objetos colocados por los indígenas, según las autoridades.

"Fue un ataque cobarde", señaló Miranda, en alusión a la decisión del gobierno de despejar los bloqueos desde las primeras horas de la mañana. Miranda dice integrar el Congreso Tradicional, que es la máxima autoridad en la comarca Ngobé Buglé, la tribu que decidió comenzar los bloqueos desde inicio de semana.

Por órdenes del gobierno y por razones de seguridad, las comunicaciones a través de teléfonos móviles fueron cortadas en esa zona occidental y fronteriza con Costa Rica, confirmó Mulino.

Más temprano, el ministro de Seguridad informó que la operación policial comenzó a las 6:00 de la mañana después de que no fructificaran llamados al diálogo y los dirigentes indígenas mantuvieron su postura de continuar los bloqueos.

Mulino dijo que los bloqueos se habían convertido en "una situación insostenible".

Las protestas en varios puntos de la carretera en la provincia de Chiriquí dejó varados a viajeros centroamericanos que se desplazaban en autobuses, mayormente de la vecina Costa Rica. También hubo bloqueos en las provincias de Veraguas y Bocas del Toro, vecinas de Chiriquí.

Mulino informó que todos los extranjeros que habían quedado atrapados en los bloqueos, en su mayoría costarricenses, fueron evacuados.

La presidenta costarricense Laura Chinchilla informó en su cuenta de twitter que "conversamos telefónicamente con los 54 ticos que estaban en el bloqueo. Están a salvo y saldrán por aire desde Veraguas".

Los manifestantes integran la tribu Ngobé Buglé de la comarca del mismo nombre, que incluye zonas en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

Los indígenas protestan por la decisión de una comisión legislativa de eliminar un artículo que establecía la suspensión inmediata de las concesiones otorgadas y vigentes para la explotación minera y construcción de hidroeléctricas dentro de la comarca, al aprobar la semana pasada en primer debate un proyecto sobre un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en ese territorio.

Demandan que dicho artículo sea restablecido en el proyecto, el cual está pendiente de un segundo y tercer debate en el Legislativo, porque según aseguran formó parte de un acuerdo logrado hace casi un año con el gobierno.

El gobierno argumenta que el acuerdo logrado entre el gobierno y los indígenas no incluyó la prohibición de las concesiones hidroeléctricas, sino más bien la protección de los recursos hídricos.

El gobierno dice que proyectos hidroeléctricos son necesarios para el futuro energético del país.

En marzo del 2001, el gobierno se vio obligado a derogar una ley que reformaba el código minero que abría las puertas a la inversión privada y de gobiernos extranjeros en la actividad, debido a la fuerte oposición y las protestas de grupos indígenas.


Grupos políticos y de la sociedad rechazan represión a indígenas

La Estrella Online

http://www.laestrella.com.pa

5 de febrero 2012

La Asamblea Ciudadana condenó este domingo "la intransigencia del gobierno Nacional, de no cumplir con la palabra empeñada por el presidente de la Republica, en los acuerdos de San Félix del 2011".

El mayoritario grupo de la sociedad civil, en un comunicado, pidió a Martinelli que acuda al llamado y el deber de escuchar a la Coordinadora, su pueblo y su cacique General Silvia Carrera, cese las medidas represivas, de sometimiento y la violencia contra el pueblo Ngöbe Buglé.

El Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, que coordina la abogada y activista de Derechos Humanos, Idalia Martínez, rechaza de la manera más enérgica la represión y ataque contra el derecho a la vida, por parte del gobierno nacional, contra los hermanos Ngöbe Buglé, uno de los pueblos originarios de la República de Panamá.

Asimismo, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) instó urgentemente al gobierno Nacional a detener el uso de la fuerza e iniciar un diálogo que tenga como punto de partida el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de San Félix y el respeto por las garantías constitucionales de la población civil.

Oposición

El opositor Partido Panameñista lamentó profundamente la muerte de Jerónimo Montezuma y el dolor de sus familiares.

Igualmente, el colectivo condenó de forma enérgica "la manera como el Gobierno Nacional le ha hecho frente al conflicto indígena en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngöbe Buglé".

El comunicado, firmado por el vicepresidente Juan Carlos Varela, presidente panameñista, reiteró el llamado al diálogo, a ceder posiciones y a reconocer los derechos de los pueblos originarios.

El Partido Popular (PP) también expresó rechazo a "la represión por la policía bajo órdenes del presidente Martinelli y el ministro Mulino" y la renuncia del ministro Mulino, Ricardo Quijano y Jimmy Papadimitriu.

"Exigimos que para enderezar el mal rumbo que lleva el gobierno, y en pro de la defensa de la institucionalidad democrática, la renuncia de todos los ministros que han mentido".
El PRD, el mayor partido de oposición en Panamá, criticó al gobierno de Martinelli mediante comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El PRD denuncia que lo que está ocurriendo "es responsabilidad exclusiva del presidente de la República que sin ninguna credibilidad, busca en la confrontación y en la violencia, ocultar su incapacidad para generar un diálogo responsable y participativo, que hubiese evitado el actual derramamiento de sangre de humildes pobladores indígenas que lo único que hacían era defender los derechos inalienables del pueblo".

Agrega que las declaraciones del ministro de Seguridad acusando a prelados de la iglesia Católica, que actuaban como mediadores, de fomentar la confrontación, así como las declaraciones de Martinelli, reiteradas por el ministro Mulino, de que los indígenas habían “secuestrado” a centenares de extranjeros y que habían saboteado las comunicaciones por celular, "son una muestra del empleo de tácticas fascista al más puro estilo gobeliano".

Igualmente, el Sector Jurídico del Frente Profesionales del PRD, en un comunicado por separado, dijo que deben presentarse las denuncias penales correspondientes contra las autoridades que dieron las órdenes para la represión y contra las empresas que se prestaron para el corte de las telecomunicaciones por su complicidad; y por el homicidio del señor Jerónimo Rodríguez Tugri por parte de la Policía Nacional.

Precandidatos PRD rechazan

El dirigente Juan Carlos Navarro condenó "de manera enérgica la represión contra los Ngäbes y reitero el llamado para que los compañeros indígenas y el gobierno retomen con urgencia el diálogo como única alternativa y único camino para volver a la paz en la comarca, en Chiriquí y en todo el país".

Igualmente, el exvicepresidente Samuel Lewis exigió este domingo al presidente Ricardo Martinelli y a su gobierno que "cese la represión" contra el pueblo, en particular contra los indígenas.

Asimismo, el político Anel 'Bolo Flores' reaccionó alegando que la fuerza venga de donde venga es reprochable y "no es el camino correcto para oír, ni ser oído".

Ayer sábado, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) pedía al Gobierno Nacional a no usar la fuerza, al contrario a ceder al diálogo y la razón.

Incluso, exhortaba a evitar a toda costa el derramamiento de sangre de panameños.

Empresarios reclaman diálogo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reclamó este domingo diálogo, orden e institucionalidad.

En un comunicado, el grupo empresarial lamentó la situación ocurrida esta mañana y en los últimos días e insistió en la necesidad del diálogo como solución al conflicto que mantuvo por seis días el cierre de calles en la vía Interamericana.

Además, reiteró enérgicamente su rechazo al uso de este tipo de protestas como medidas de presión que perjudican a la Nación.

El saldo de los enfrentamientos entre antimotines y ngöbes es de la muerte del indígena Jerónimo Rodríguez Tugri; 32 indígenas y 7 policías heridos, mientras que 41 indígenas fueron retenidos, según el gobierno.

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