Protestas en Bucarest contra la minería de oro a cielo abierto

¿El regreso de Rosia Montana?

Protestas contra la explotación de la mayor mina de oro de Europa

Reuters

29 de enero 2120

Alrededor de 300 rumanos han salido nuevamente este sábado a la calle en Bucarest para protestar en esta ocasión contra la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto en Europa localizada en Rosia Montana, una ciudad próxima a los montes Cárpatos, lo cual ha insuflado el movimiento antigubernamental que recorre Rumanía.  

Los manifestantes han focalizado sus críticas en el Gobierno rumano por apoyar el proyecto, en consonancia con los habitantes de Rosia Montana, que también han convocado este sábado una marcha.

El proyecto implica el uso de cianuro para extraer unas 314 toneladas de oro y 1.500 de plata. La utilización de este producto químico supone una amenaza para los pueblos colindantes y las   antiguas minas de oro romanas, en palabras de organizaciones civiles y ecologistas. Cuatro cimas de montañas de los Cárpatos y tres pueblos se verían afectados por la explotación de esta mina. 

Los asistentes que han secundado la manifestación han portado banderas y pancartas en las que se ha podido leer Unidos por Rosia Montana'. En Bucarest, la capital, alrededor de 300 personas se han concentrado frente al Parlamento para reclamar que el Gobierno rumano niege el permiso que necesita la compañía Rosia Montana Gold Corporation, participada por el Gobierno con un 19 por ciento de las acciones, para explotar la mina. 

Sin embargo, la mayoría de los 2.800 residentes de Rosia Montana están a favor de este proyecto en vistas a los puestos de trabajo que se crearían y la fuerte inversión que traería consigo. Solo un reducto de habitantes se han negado a vender sus propiedades para que sean explotadas.

Greenpeace irrumpe en el Ministerio de Medio Ambiente rumano para protestar contra el proyecto de una mina

Reuters/EP

31 de enero 2012

BUCAREST - Activistas de Greenpeace han irrumpido este martes en el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía y se han encadenado a radiadores del edificio para protestar contra la aprobación de un proyecto por el cual se construiría en la localidad de Rosia Montana, en el oeste del país, la mayor mina de oro a cielo abierto de Europa.

Unos 20 activistas rumanos, húngaros, austriacos, italianos y eslovacos, protestaron en silencio junto a las oficinas del ministro Laszlo Borbely con pancartas en las que se podían leer lemas como "Salvad Rosa Montana" o "No al cianuro en Rosia Montana".

El Gobierno estudia si conceder los permisos medioambientales que necesita el proyecto empresarial, mediante el cual se extraerían, utilizando cianuro, 314 toneladas de oro y 1.500 toneladas de plata. Al frente de esta iniciativa, contemplada desde hace 14 años, figura Rosia Montana Gold Corporation, de la que es principal propietaria la canadiense Gabriel Resources Ltd y en la que el Gobierno rumano participa con el 19 por ciento.

El proyecto está valorado en 7.500 millones de dólares (unos 5.700 millones de euros al cambio actual). Durante años, se ha topado con la oposición de grupos ecologistas y de las autoridades húngaras, temerosas de que el yacimiento destruya restos del imperio romano y provoque un desastre medioambiental.

El experto de Greenpeace Gergely Simon ha denunciado junto al Ministerio que "no hay forma de utilizar el cianuro que sea viable en términos medioambientales". Por este motivo, las organizaciones ecologistas han planeado una serie de protestas no sólo en Rumanía, sino también en las embajadas en Sofía, Viena, Budapest y Varsovia.

Frente a las críticas, el ministro de Medio Ambiente ha aclarado que el proyecto se encuentra todavía en fase de estudio y que, en cualquier caso, no tomarán las decisiones por el miedo a la reacción popular. "No me asustan", ha dicho Borbely ante los periodistas.

La mina cuenta con el beneplácito del presidente, Traian Basescu, y de la mayoría de los 2.800 habitantes de Rosia Montana que ven en este plan una fuente de puestos de trabajo y dinero. "No propondré este proyecto al Gobierno para su aprobación si no estoy convencido al cien por cien de que no provocará daños en el medio ambiente", ha advertido Borbely.

El ministro ha avanzado que no puede confirmar "de momento" su posición final y ha aplazado cualquier "conclusión" sobre esta controvertida materia al mes de febrero.