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Seis muertos en violenta jornada de protesta en Puno, Perú

Published by MAC on 2011-06-28
Source: La República, Los Andes (2011-06-25)

Minera Bear Creek amenaza con acciones legales contra el Estado peruano.

Una ola de manifestaciones anti-mineras en Puno alcanzó los 50 días la semana pasada. La protesta comenzó con la demanda de cancelación de los derechos mineros de la canadiense Bear Creek Mining Corporation (con el nombre local Minera Santa Ana). Luego se expandió para oponerse a otras actividades mineras en la zona (y sus impactos ambientales), incluso contra el proyecto hidroeléctrico Inambari.

El fin de semana pasado, manifestantes tomaron el aeropuerto Manco Capac en Juliaca pero fueron repelidos a balazos por la policía con el trágico resultado de 6 muertos. Reclamaban la limpieza del río Ramis, afectado por actividades mineras. Estos lamentables eventos se suman a una larga serie de conflictos y confrontaciones violentas, muchas de ellas relacionadas con la minería, que serán parte del oscuro legado del gobierno de Alan García.

Como sugirió un comentarista, las posibilidades de protesta y los límites a la extracción de recursos están siendo profundamente reformulados en la región de Puno. Por otra parte, mientras el gobierno accedió finalmente a cancelar la licencia de Bear Creek, el país deberá enfrentar varios procesos de arbitraje internacional bajo el capítulo de inversiones de los Tratados de Libre Comercio suscriptos en los últimos años.

Ver post anterior: Miles de peruanos rechazan concesiones mineras en Puno

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Seis muertos en violenta jornada de protesta en provincia de Juliaca

http://www.larepublica.pe

25 de junio 2011

Policías y soldados dispararon sobre turba que quiso tomar aeropuerto. Población de Azángaro que se halla en huelga quemó instalaciones del terminal aéreo, mientras en Lima se negociaba su pedido de recuperar el río Ramis.

Mientras en Lima se confirmaba la cancelación del proyecto Santa Ana y se redactaba hasta cinco decretos supremos y resoluciones ministeriales que paralizan las concesiones mineras en Puno y obligan a que en el futuro se consulte a los pueblos toda nueva actividad extractiva; en Juliaca, la violenta respuesta de las fuerzas del orden a un intento de la población por tomar el aeropuerto dejó el lamentable resultado de seis personas fallecidas. En tanto, un policía está desaparecido.

Todo ellas fueron baleadas en los alrededores del terminal aéreo, al parecer por efectivos de la Policía y se cree que también del Ejército, en su  intento por impedir que derriben la valla perimétrica e ingresen a la pista de aterrizaje, como finalmente ocurrió después.

Servidores del hospital Carlos Monge Medrano confirmaron que los fallecidos son Raúl Ccanccapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanocca Turpo (20), Petronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani (57) y Antonio Campos Huanca (65), este último vecino del lugar,  quien se hallaba en el techo de su casa observando el enfrentamiento entre manifestantes y policías.

Una bala le impactó en la cabeza y produjo su caída desde el segundo piso de su vivienda, muriendo instantáneamente, señalaron sus vecinos de la urbanización Las Casuarinas.  Una sexta víctima está aún sin  identificar.


Decenas de heridos

Además de los fallecidos, medio centenar de manifestantes resultaron heridos tras la batalla campal que se produjo en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca. Todos fueron conducidos de emergencia a hospitales y postas de la ciudad.

Reclaman por río Ramis

Como se recuerda, desde el martes último miles de pobladores de la provincia de Azángaro se concentraron en Juliaca para realizar movilizaciones y protestas en las calles, pidiendo que el Estado ponga en marcha un plan de recuperación del río Ramis, el cual está seriamente afectado por la minería informal que existe en la localidad de Ananea.

Pero ayer la protesta se desbordó, cuando se suponía que en Lima el gobierno negociaba con representantes regionales y locales el tema propuesto por la población de esa provincia.

¿Qué pasó? Según el presidente regional, Mauricio Rodríguez, se trataría de “infiltrados que están aprovechando el descontento de la población para sembrar el caos”.

Rodríguez también mostró su extrañeza por lo que ocurre en Juliaca, pues él y otras autoridades regionales y locales se hallan en Lima negociando el tema del río Ramis y otros asuntos que afectan ambientalmente a los poblados del norte de Puno.

En horas de la noche, la propia presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, hizo mención de este hecho, indicando que no entendía cómo, a pesar de que se estaba atendiendo la demanda de la provincia de Azángaro en una mesa de diálogo, su población hacía oídos sordos y provocó una jornada violenta.

“Ya se tienen listos los decretos supremos y las resoluciones que  dejan sin efecto decretos anteriores y se suspenden las concesiones. Mañana (hoy) saldrán publicados en El Peruano, de modo que no entendemos qué motivó una reacción tan violenta”, dijo.

Luego, sin ocultar su indignación, sostuvo que lo ocurrido en los últimos días en Puno, Huancavelica y Huancayo, y ayer en Juliaca, son una serie de hechos “sospechosamente coordinados”.

Por su parte, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, señaló que los policías hicieron uso de sus armas en estricto cumplimiento de las normas vigentes y en defensa de los bienes públicos.

Jornada sangrienta

La sangrienta jornada se inició en horas de la mañana, cuando cientos de manifestantes marcharon hacia el terminal aéreo, como parte de la radicalización de su huelga que ya lleva 72 horas.

Hacia las 11 de la mañana, los grupos de huelguistas de Azángaro, apoyados por manifestantes de Juliaca, sitiaron el aeropuerto. La intención era tomar el terminal aéreo por distintos puntos, siendo recibidos por la policía con bombas lacrimógenas.

Sin embargo, la turba superó a los efectivos e ingresaron a la pista de aterrizaje, motivando la violenta reacción de los uniformados, que abrieron fuego indiscriminado, hiriendo a los manifestantes.

Los primeros caídos

Para la una de tarde ya se habían reportado dos fallecidos y una veintena de heridos. Ello exacerbó los ánimos de la población.


Luego siguieron cayendo más manifestantes, como Félix Edwin Yrpanoca Turpo, de 20 años, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Andina de Juliaca. Este joven pereció cuando era trasladado al hospital Carlos Monge Medrano.

Y si bien los policías y soldados lograron en ese momento desalojar a los huelguistas de la pista de aterrizaje, los enfrentamientos continuaron hasta la noche.

Pero esta vez a la salida de Juliaca, a la altura de la ex sede de Cooperación Popular. Allí fue baleado Raúl Ccanccapa Huaricallo (de 38), quien recibió un disparo en el abdomen. Horas después se reportó la muerte de Petronila Coa Huanca, camino al hospital Monge Medrano. Y cerca de las 5 de la tarde, hubo otro deceso. Esta vez fue Gregorio Huamán Mamani (57),  quien fue alcanzado por una bala cuando transitaba por la avenida Independencia, cerca del Aeropuerto.

Toman el aeropuerto

A eso de las 6 de la tarde, los miles de huelguistas ingresaron a la pista de aterrizaje y al cierre de esta nota la situación era incontrolable en el terminal aéreo, pues se había prendido fuego a tres vehículos y viviendas del personal de Córpac, en la cabecera de la pista de aterrizaje.

Y no solo eso, la comisaría de Azángaro fue rodeada, apedreada y saqueada por un centenar de manifestantes que mantenían atrapados a cuatro efectivos PNP.

También hacia el cierre de esta edición, se identificó a los heridos más graves. Se trata de Luis Jarata Aguirre (16), Tito Parque, Viviana Cahua Cori, Gregorio Humpiri Apaza, Victoria Pérez Zanabria, Susana Tito Parque, René Mamani Quispe, Pedro Pacheco Yana, Pablo Jesús Mamani, Gumercindo Ventura de la Cruz, Ángel Aguilar Ortíz y Rogelio Coa Álvarez.

También Fortunato Pari Pari, Eulogio Cayo Quispe, Alida Quispe, María Quispe, Constantino Calsín Machaca, Wilber Aracayo, Hugo Huanca, Jorge Luis Mamani, Daniel Flores Vilca, Basilio Quilca Gutiérrez, Huber García Huahuasoncco, Alberta Charca de Tite, entre otros. La mayoría presenta heridas de balas y perdigones en diversas partes de su cuerpo.

En cuanto a la Policía, se supo que los efectivos a cargo de resguardar el aeropuerto se quedaron sin bombas lacrimógenas y tuvieron que refugiarse en la pista, con sus fusiles y pistolas abastecidos.

Atacan comisaría en Azángaro

El general Herbert Rosas Bejarano, jefe de la direccion territorial de la Policía, con sede en Puno,  señaló que la comisaría de Azángaro fue atacada y sufrió la quemadura de techos y paredes en uno de sus  ambientes. Dijo también que un efectivo PNP se halla en situación de desaparecido desde la mañana, cuando se produjo el ataque al aeropuerto.

Señaló asimismo que unas doscientas personas permanecen rodeando el puesto policial de Azángaro, y que los efectivos a cargo se mantenían en su interior, custodiando el local.

En cuanto al aeropuerto de Juliaca, aclaró que el control del mismo había sido recuperado por la Policía, con apoyo del Ejército.  Finalmente señaló que la información oficial que maneja indica que son cinco los pobladores fallecidos producto del enfrentamiento con la Policía, en Puno.

El Ejecutivo derogó el DS 083-2007, lo que pone fin al proyecto minero Santa Ana, y aplicará el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras ubicadas en el departamento de Puno.

El dirigente aymara Walter Aduviri encabezó la negociación con el Ejecutivo hasta las 3 de la mañana. Al salir dijo que no levantarían la huelga hasta no ver publicada en El Peruano la norma que confirme la derogatoria del DS-083-2007.


Aymaras se imponen. Gobierno quita concesión a minera Santa Ana

VÍCTOR ORTEGA VARGAS

http://www.losandes.com.pe

25 de junio 2011

Hoy se hará oficial la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007, que será publicado a través del diario oficial El Peruano, luego que se sostuviera extenuantes y agotadoras jornadas de diálogo entre los miembros del Ejecutivo y los dirigentes aymaras en la ciudad de Lima, mientras en la región se suscitaba la huelga antiminera.

Fueron más de 10 horas de negociaciones entre ambas partes, que culminaron cerca de las 3:00 horas de la mañana del jueves. El acuerdo fue sellado con un fuerte apretón de manos entre el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala y el líder aymara, Walter Aduviri Calisaya, en la sede del MEM en Lima.

Con esta derogatoria se pone fin al proyecto minero Santa Ana, que pretendía extraer plata de las entrañas del distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito-Juli. Asimismo, se aplicará el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras en el departamento de Puno, según normas que también serán oficializadas hoy en El Peruano.

Este constituye un gran paso para las poblaciones aymaras, que desde el pasado 9 de mayo iniciaron una huelga indefinida en la zona sur de la región, exigiendo la cancelación de las concesiones mineras, y el retiro de la mina Santa Ana.

Finalmente, el Gobierno cedió a los pedidos del retiro de la mina Santa Ana, perteneciente a la empresa Bear Creeek Mining Company, a la cual, días atrás el congresista por Puno, Yonhy Lescano Ancieta, denunció haber obtenido la concesión en medio de una serie de irregularidades.

La derogatoria de este Decreto se hace después de más de 35 días de iniciada la paralización en la región por parte de los pobladores de la zona aymara en Puno. Asimismo, se dispondrá que los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y el otorgamiento de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos existentes en Puno, no autorizan por si mismos a realizar actividades mineras, petroleras, ni de exploración y explotación.

Sino que todas estas previamente deberán ser sometidas a un proceso de consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas y según lo determine el Ministerio de Cultura.

De otro lado, se dispone también que las concesiones mineras vigentes y para el otorgamiento de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en Puno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) coordinará con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura a efectos de una adecuada determinación de los pueblos indígenas que deberán ser materia del proceso de consulta dentro del marco del Convenio N° 169.

Asimismo, el MEM ampliará los alcances de la Resolución Suprema N° 131-2011-PCM a efectos de estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto a los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo.

En el mes de mayo pasado, el Poder Ejecutivo formó una Comisión Multisectorial, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), encargada de estudiar y proponer en un plazo de 180 días, las acciones pertinentes respecto a las concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, ubicadas en el departamento de Puno.

SANTA ANA AMENAZA INICIAR ACCIONES LEGALES

Por su parte, ante el anunció de la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, que le quitaría también la concesión minera a Santa Ana, los representantes de la minera Bear Creek Mining Company en el Perú, salieron al frente para anunciar que iniciarían acciones legales contra el gobierno si es que el proyecto es anulado.

Andrew Swathouth, ejecutivo de la empresa canadiense en el Perú, dijo que su empresa tiene un fuerte recurso legal si el proyecto es anulado o suspendido por más tiempo. Dijo asimismo, que aún el gobierno no les comunicó, ni les notificó la decisión.

El Gobierno peruano ya había aplazado el estudio de impacto ambiental de Santa Ana por 12 meses en un intento por aplacar las protestas, lo que había golpeado las acciones de la empresa, que el viernes operaban con leves cambios en sus inversiones.

Bear Creek tenía previsto desarrollar desde el 2012 la mina Santa Ana, donde planeaba invertir unos 71 millones de dólares y producir 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años. Asimismo, tiene en la zona norte de Puno, el proyecto Corani en Macusani, que se encuentra en estudio de factibilidad y cuenta con reservas por 258 millones de onzas de plata.


Minera Santa Ana amenaza con acciones legales contra el Gobierno

http://www.losandes.com.pe

24 jun 2011

La minera canadiense Bear Creek Company, a través de sus representantes en el Perú, amenazaron que estos tomaran acciones legales si el Gobierno Peruano suspende su proyecto de plata en la zona sur del departamento de Puno, esto tras los 40 días de huelga.

La cancelación del proyecto Santa Ana, que fue anunciada para el día de mañana y será publicada el sábado en el diario oficial "El Peruano" , es la segunda que impacta al sector minero en los últimos meses tras protestas sociales.

El congresista Yonhy Lescano, indicó a varios medios de comunicación, "Se ha acordado derogar la autorización que le permitía operar Santa Ana en la frontera ya que es una zona que está dentro del sistema hídrico del Lago Titicaca”, quien también participó del diálogo entre los huelguistas y el Gobierno.“La decisión es por irregularidades encontradas en la autorización para la concesión de este proyecto”, agregó Lescano Ancieta.

Por su parte el presidente ejecutivo de Bear Creek, Andrew Swarthout, dijo que el Gobierno aún no les notifica su decisión y que la empresa “tiene un fuerte recurso legal si el proyecto es anulado o suspendido por más tiempo”.

El Gobierno peruano ya había aplazado el estudio de impacto ambiental de Santa Ana por 12 meses en un intento por aplacar las protestas, lo que había golpeado las acciones de la empresa, que el viernes operaban con leves cambios en sus inversiones.

Bear Creek tenía previsto desarrollar desde el 2012 la mina Santa Ana, donde planeaba invertir unos 71 millones de dólares y producir 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años. asimismo tiene en la zona norte de Puno, el proyecto Corani en Macusani, que se encuentra en estudio de factibilidad y cuenta con reservas por 258 millones de onzas de plata.

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