Presidente de Panamá pide a Congreso revocar ley minera

La posición gubernamental sobre las reformas mineras giró sorpresiva y radicalmente.

Presidente de Panamá pide a Congreso revocar ley minera

Sean Mattson

Reuters

3 de marzo 2011

CIUDAD DE PANAMA - El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió el jueves al Congreso local que revoque una ley que permite la inversión de gobiernos extranjeros en el sector minero del país centroamericano.

La ley, aprobada hace menos de un mes, es fundamental para la canadiense Inmet Mining, que planea asociarse con firmas de capital estatal como Korea Resources Corp, para financiar la construcción de una mina de cobre en Panamá, proyecto valuado en unos 4,300 millones de dólares.

Martinelli, quien originalmente impulsó la nueva ley, hizo el sorpresivo anuncio de que planea que sea revocada durante un encuentro con una comunidad indígena en la región oeste del país.

Ese grupo se había manifestado fuertemente contra la nueva ley.

En una reunión de emergencia con el gabinete, Martinelli trazó la propuesta de revocación total, que fue entregada a los legisladores por el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, según comunicados gubernamentales.

Se espera que los legisladores aprueben la propuesta en los próximos días.

Aún no está claro cuál será el impacto a los planes de inversión de Inmet.

Un representante de la firma en Panamá declinó comentar el asunto, mientras que sus ejecutivos en Canadá no pudieron ser contactados de inmediato.

Una portavoz de la oficina de Martinelli dijo que no se sabe si se presentará otro proyecto de reforma a la ley minera, que data de la década de 1960, y que prohibe la inversión de gobiernos extranjeros en el sector.

Según el proyecto de Inmet, la mina produciría 250,000 toneladas de cobre, además de cantidades importantes de oro, plata y molibdeno, en un periodo de vida de 30 años.

(Reporte de Sean Mattson en Ciudad de Panamá y Euan Rocha en Toronto. Editado en español por Carlos Aliaga)

¡Minería ñagare!
El presidente cambió de opinión repentinamente. Los mismos que hasta hace poco impulsaban la Ley 8 propusieron su derogación. La resistencia ngöbe gana otro asalto.

RAÚL LÓPEZ y NICANOR ALVARADO DIXON

La Estrella

4 de marzo 2011

PANAMÁ. La posición gubernamental sobre las reformas mineras giró sorpresiva y radicalmente ayer, cuando el presidente, Ricardo Martinelli, anunció la derogación de la Ley 8.

De forma inesperada, el mandatario irrumpió en la mesa de diálogo con los indígenas en San Félix, donde aseguró que la decisión se adoptó tras el rechazo de 75% de la población a la industria de minas a cielo abierto.

Sin embargo, Martinelli enfatizó que la derogación no es un síntoma de ‘debilidad’ de su gobierno, y dejó claro lo que para él ahora significa la minería: ‘a mí me interesa un comino lo que tenga que ver con la minería’, voceó.

Ayer mismo, el Gabinete aprobó el proyecto de derogación, y en horas de la tarde, el ministro Roberto Henríquez, el mismo que hace dos meses presentó la Ley 8, lo llevó a la Asamblea Nacional.

Pero la presión de los indígenas ngöbes no sólo logró que el Gobierno reculara sobre la Ley 8. La mesa de diálogo acogió la iniciativa de prohibir la minería en los linderos de la comarca Ngöbe Buglé. Con ello se esfuma la posibilidad de explotar Cerro Colorado.

Tras el anuncio, la Cámara Minera convocó a una junta directiva para adoptar una posición, mas al cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento.

Los ecologistas, por su lado, aplaudieron la disposición y alertaron de la necesidad de un análisis profundo sobre el tema minero. Lo mismo hicieron los políticos de oposición Milton Henríquez y Juan Carlos Navarro.

‘Me interesa un comino la minería’: Martinelli
El mandatario derogó la ley que reformó el Código de Recursos Mineros, pero el lunes 14 de marzo, los diputados inician una discusión para una nueva reglamentación de la actividad minera.

La Estrella

4 de marzo 2011

PANAMÁ. Lo que desde hace 15 días tanto ngöbes como grupos ecologistas esperaban oír del presidente, Ricardo Martinelli, ayer —sorpresivamente— se escuchó de sus labios: ‘he decidido derogar en todas sus partes la Ley 8 de reformas al Código Minero’.

Martinelli llegó con la noticia sobre las 9:00 a.m. al Centro de Capacitación y Formación Virgen del Camino, en San Félix, donde los ngöbes y la comisión gubernamental estaban reunidos por el tema minero desde el martes.

Allí, en contravía de los discursos previos, el mandatario alardeó de lo poco que para él significa la minería y vociferó que ante el repudio del 75% de la población, prefirió recular con las modificaciones.

‘A mí me interesa un comino, un bledo o un guayabo lo que tenga que ver con la minería’, aseguró con fervor. Eso, y el anuncio de la derogación, fueron las pocas cosas que arrancaron aplausos de la delegación ngöbe.

‘Si tengo que echarme para atrás, si me tengo que parar en seco o tengo que echar para adelante, lo voy a hacer’, agregó.

ALTIBAJOS EN EL DIÁLOGO

Sin embargo, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Respeto de los Derechos del Pueblo Ngöbe no se conformó con el anuncio. Le exigieron al gobierno la creación de una moción que prohíba la explotación minera e hídrica en su territorio (Véase nota relacionada).

Para asegurarse, le pidieron al Presidente la firma de un documento que recogiera todo lo aprobado durante la breve jornada, y frente a eso, —y con cierta molestia—, Martinelli llamó la atención: ‘si no nos tenemos confianza los unos con los otros, mejor nos vamos para la casa... Si estamos empantanados en la falta de confianza, perdonen, pero yo me voy...’, dijo ante el vicepresidente Juan Carlos Varela, otros cuatro ministros y tres diputados.

TRÁMITE ‘EXPRESS’

Así, en menos de medio día, el Órgano Ejecutivo aprobó el proyecto que deroga la Ley 8, que llegó a la Asamblea Nacional antes de las 4:30 p.m. de manos del ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez (quien también había presentado al pleno legislativo las reformas mineras).

A su paso por la Asamblea, Henríquez argumentó que todo ‘se fue calentando y no se logró llegar a conclusiones de consenso’.

El funcionario añadió que la decisión no significa una derrota para el Gobierno, puesto que ‘seguiremos luchando contra la minería ilegal’.

Martinelli, por su lado, desestimó que la medida signifique un signo de debilidad en su mandato, más bien —dijo— ‘debe ser tomado como una muestra de responsabilidad, porque el pueblo no quiere la minería’.

El camino parlamentario del proyecto de derogación, cuya extensión es de apenas dos artículos, empezará el próximo lunes 14.

ANÁLISIS, RESERVAS Y APLAUSOS A LA DEROGACIÓN

Tras el aviso del presidente, el director Ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales, anunció que llamaría a reunión de Junta Directiva para tomar una postura al respecto, mas al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Entre tanto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rafael Zúñiga, coincidió con la posición de Gobierno. ‘Es evidente que hubo una discusión sobre el tema y no todos los sectores quedaron satisfechos’.

Mientras, aún cuando aplauden la decisión de Martinelli, los grupos ambientalistas están cautos de lo que podría significar una legislación minera sin un análisis de fondo sobre el tema.

Como un ‘buen paso inicial’ calificó Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, la decisión gubernamental. En consecuencia —añadió— es el momento preciso para discutir la rentabilidad del negocio de la minería versus su impacto ambiental.

De manera similar opinó el director del Centro de Incidencia Ambiental, Félix Wing, quien cree que la Asamblea debe aprobar como medida complementaria una moratoria de la minería metálica.

En las esferas políticas también hubo pronunciamientos. El presidente del Partido Popular, Milton Henríquez, ve la decisión como una derrota al estilo autocrático de Martinelli. ‘Él (Martinelli) simula echarse para atrás, pero lo que realmente hace es echarse a un lado’, advirtió.

Para el dirigente perredista Juan Carlos Navarro, la decisión es correcta y recomendó un diálogo nacional por el tema minero durante un año y un posterior referéndum.

(Con información de Raúl López, Nicanor Alvarado Dixon y Luis Aguilar).