MAC: Mines and Communities

Canadienses buscan reflote de la minerķa en Mendoza, Argentina

Published by MAC on 2010-11-02
Source: AICA, Los Andes (2010-10-27)

La provincia de Mendoza aprobó en junio de 2007 una ley que prohíbe el uso de ácido sulfúrico y cianuro en la actividad minera.

Desde entonces, varias movidas de la industria han buscado esquivar la prohibición. Sin embargo, las empresas han fracasado en obtener una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

La agencia estatal CNEA también fracasó en reabrir la mina de uranio a cielo abierto Sierra Pintada en Mendoza.

Ahora, una empresa canadiense junto a la consultora estadounidense Vector Engineering  buscan la aprobación de una explotación a cielo abierto de cobre y oro en el norte de la provincia.

La propuesta excluye el uso de ácido sulfúrico y cianuro, y propone un "método de flotación" que no estaría afectado por la restricción legal.

A pesar de ser ampliamente criticado durante 2 años, el informe de impacto ambiental del proyecto alcanzó la última etapa del proceso de obtención de permisos (en parte gracias a la cercana relación entre algunos miembros del gobierno provincial y la firma local Minera San Jorge).

Una audiéncia pública tuvo lugar el 26 de octubre en Uspallata, a la que asistieron más de 2000 personas.

La Iglesia Católica de Mendoza se pronunció también en contra de las actividades mineras a gran escala, la semana previa a la consulta pública.

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Histórico debate por la minería
Las posiciones a favor y en contra del emprendimiento se dividieron en partes iguales entre los más de 2.000 asistentes al encuentro. No hubo incidentes; sí silbatinas y abucheos para marcar los antagonismos.

Sandra Conte

http://www.losandes.com.ar

27 de octubre de 2010

Los hermanos Pizarro se convirtieron en la síntesis perfecta de la jornada. Por un lado, Gustavo se mostró en desacuerdo con el proyecto de San Jorge y habló en forma directa a su hermano Daniel, al otro lado del salón, para recordarle la época en que iban juntos a romper los conductos de agua que drenaban la laguna de Horcones para la construcción de la aduana y remató con la frase "los ideales no se transan".
 
Daniel, por su parte, había hablado antes que él e indicó que Uspallata nació como un pueblo minero, que la escuela secundaria tenía esa modalidad y que apuesta al proceso de cambio en marcha, por lo que quiere participar del emprendimiento para poder controlarlo desde adentro. Las dos partes apuntaron en definitiva a los modelos de desarrollo que fueron el eje del debate.

La audiencia pública por el proyecto minero San Jorge evidenció hasta qué punto el proyecto dividió a los pobladores de Uspallata. Y la dicotomía se manifestó con una serie de etiquetas: los nativos versus los que nacieron en otros sitios pero eligieron el lugar para vivir; los que pelean por la protección del medio ambiente versus quienes esperan que la minera traiga desarrollo económico al distrito; los comerciantes versus los trabajadores subempleados o desocupados.

Pese a esto, y a que se temía que foráneos pudieran provocar incidentes, el encuentro se desarrolló en relativa tranquilidad. El debate duró más de 13 horas, en las que expusieron unas 350 personas.

En el interior del galpón que cedió Vialidad Nacional había 500 personas sentadas y unas 400 más de pie. Pero a media mañana -la audiencia comenzó, como estaba previsto, minutos después de las 9- llegó más gente y la policía estimó que al mediodía eran unos 2.300 asistentes en todo el predio. En el alambrado perimetral se observaron banderas y pancartas de diversas organizaciones ambientalistas, de autoconvocados de distintas partes de la provincia y de entidades sindicales.

Aunque los a favor y en contra del emprendimiento minero se ubicaron en extremos opuestos del salón, las diferencias se plantearon a través de silbatinas y abucheos, pero no hubo otros inconvenientes. Esto, a pesar de que, como estaba previsto, asistieron personas que no viven en Uspallata.

De todos modos, en más de una ocasión los gritos y/o aplausos de uno y otro bando obligaron a detener el cronómetro que medía los 3 minutos que podía utilizar cada expositor, hasta que el ruido parara. Y el moderador se vio obligado a advertir a un par de personas que se los iba a sacar del salón si no se callaban.

Hasta las 18.30, habían expuesto unas 240 personas -se había llegado al número 370 de la lista, es decir 130 estuvieron ausentes cuando les tocó el turno- y hablaron familias completas, por lo que varios jóvenes plantearon su postura. Las opiniones estuvieron divididas, a grandes rasgos, entre quienes manifiestan que están desocupados o tienen trabajos mal remunerados y esperan que la mina ofrezca una respuesta a esta necesidad, y quienes plantean diversas dudas sobre el proyecto y abogan por el cuidado del agua y la tranquilidad del lugar.

Los intercambios terminaron polarizados entre "ustedes" y "nosotros", y acusaciones cruzadas de pensar sólo en los intereses propios, en particular de quienes señalan que hay mucha pobreza en Uspallata y que quienes se oponen son comerciantes que no pasan dificultades.

El padre Pablo López resaltó que a esto se refería cuando advirtió que el emprendimiento minero había alterado la paz social, ya que si bien no ha habido violencia física, sí se ha retirado el saludo gente que se conoce de toda la vida. Acto seguido, se manifestó en contra de la minería y consideró que el pueblo tiene derecho a elegir cómo quiere crecer.

Unos se muestran cansados de demandas de trabajo, salud, educación, infraestructura y servicios que no tienen respuesta, y consideran que la presencia del yacimiento traerá beneficios para toda la población. "Hace 7 años mi esposo dejó de ser soldado voluntario y está buscando un empleo en blanco, pero todos son en negro y pagan lo que ellos quieren. Gracias a San Jorge ahora tiene trabajo y mis hijas obra social. Creo en la minería sustentable", planteó Nancy Fernández.

Del otro lado, los que están en contra del proyecto hablan de su derecho a elegir un modelo de desarrollo propio y consideran que se puede potenciar el perfil turístico y productivo del distrito. En este punto reiteraron reclamos al gobierno provincial y municipal, por no haberlo hecho hasta ahora (el intendente Rubén Miranda estuvo presente durante toda la jornada) y por acompañar las acciones de promoción de la empresa y obstaculizar las de los vecinos autoconvocados.

Asimismo, señalaron que les cuesta creer que el proceso sea transparente ya que aseguran que la empresa ha ofrecido dinero y otros elementos para que la gente se mostrara a favor.

Renato Bertini indicó que los productores tienen 25 minutos por semana para regar cada hectárea y que les han informado que el arroyo Tigre (de donde tomará agua el yacimiento) trae un caudal 50% menor que el año anterior.
 
"Sin agua nos vamos a tener que ir todos, los que nacieron acá y los que no", resumió. A las dudas sobre el uso del recurso hídrico, sumaron otras sobre los productos químicos utilizados en el proceso de extracción de los metales, de las precauciones que se tomarán con los desechos y del impacto social del emprendimiento.

La minera y los ambientalistas

El emprendimiento minero San Jorge está ubicado en la estancia Yaguaraz, a unos 50 kilómetros al norte de la villa de Uspallata. Se ha previsto un plazo de construcción de la planta de dos años -cuando se emplearía en forma directa a unas 2 mil personas y otras 1.900 tendrían trabajo ligado de modo indirecto a la empresa- y una vida útil de 16 años, durante los que se tomaría a 400 personas. Del yacimiento, que se explotará a cielo abierto, se espera obtener 40 mil toneladas de cobre al año y una tonelada (40 mil onzas) de oro.

Desde la minera resaltaron el desarrollo económico que significará para el distrito, con la creación de empleos y otras inversiones, como un tendido eléctrico y diversos proyectos productivos. Asimismo, se resaltó que se utilizará el 45% del caudal del arroyo El Tigre, pero sólo el 0,6% de toda la cuenca. En tanto, señalaron que la filtración no alcanzará las napas, que se encuentran a más profundidad, y que los residuos del proceso no son peligrosos.

Eduardo Sosa, de la organización ambientalista Oikos, señaló que la reunión en Uspallata se puede considerar un hito histórico, ya que es la primera vez en 10 años que se inscribe tanta gente para una audiencia pública (hubo más de 700 planillas). También, por el conflicto social que provocó el proyecto y las presiones que están en juego.

Por una parte, celebró esta posibilidad de la gente de expresar sus opiniones, plantear sus objeciones y manifestar su apoyo. Pero también indicó que están pensando en iniciar acciones legales porque no se cumplieron ciertos plazos que establece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental: por ejemplo -apuntó Sosa- cuando en la etapa de consulta pública, sólo estuvo disponible el informe que elabora la empresa y no se pudo acceder al dictamen técnico que realizó la UTN ni los sectoriales del INTA, Irrigación, Hidráulica, Vialidad Provincial y Nacional, Cricyt, UNCuyo, Recursos Naturales, entre otros, que señalaban una serie de recomendaciones y hasta se opusieron al proyecto.

Asimismo, Sosa adelantó que es posible que presenten una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que dijo que ha habido objeciones que se han adjuntado el expediente sin investigar. Así, hay una acusación de falsedad ideológica de parte de algunos especialistas que aseguran que se tomó datos de una investigación que realizaron previa al estudio de la empresa. En la misma sintonía, la dirigente de ATE, Raquel Blas, amenazó con "cortar las rutas si es necesario".


 

Jaque, indignado con la Iglesia por sus críticas al proyecto minero en Uspallata
Las autoridades eclesiásticas advirtieron que el polémico proyecto minero siembra tensión en el pueblo. “Me parece casi aberrante que la Iglesia diga que no existe paz social en Uspallata", respondió el mandatario.

http://www.losandes.com.ar

22 de octubre de 2010

El Gobernador Celso Jaque criticó la posición que tomó la Iglesia frente al proyecto minero San Jorge, que advirtió que genera tensión en Uspallata.

Ayer, a través de un comunicado que fue elaborado por la Pastoral Social de la Iglesia, las autoridades eclesiásticas le sugirieron al Estado provincial que frenara la actividad minera que se intenta llevar adelante en esa localidad, ya que consideran que existe incertidumbre científica acerca de los efectos que la tarea provocará en el medio ambiente y porque además está generando tensión entre los habitantes del lugar.

Hoy, en una reunión que se realizó en el Auditorio Ángel Bustelo para tratar el tema de la refuncionalización del Paso Pehuenche, Jaque no disimuló su enojo ante los argumentos que usó la Arquidiócesis local.

“Todo esto me llama la atención. Quiero creer que es un error. La Iglesia siempre ha trabajado por la paz y que diga que no hay paz social en el lugar me parece casi aberrante”, sostuvo el mandatario. Luego precisó que él ha estado en Uspallata y que no ha visto “ninguna convulsión”.

El gobernador aseguró que seguirá adelante con todo lo que se viene haciendo hasta el momento con el proyecto de extracción de cobre y no dará marcha atrás con la audiencia pública que ya quedó fijada para el martes próximo en las dependencias de Vialidad Nacional de Uspallata.

Es que entre otras cosas, la Iglesia se mostró preocupada por ese paso clave que reunirá a todos los sectores para debatir el proyecto. “Observamos el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social. Existen, además, fundados temores por eventuales hechos de violencia en torno a la audiencia pública, que la autoridad sabrá prevenir", reza el mensaje eclesial.



Declaración del Equipo de Pastoral Social de la arquidiócesis de Mendoza


AICA - http://www.aica.org/docs_blanco.php?id=714

20 de octubre de 2010

1. El próximo martes 26 de octubre tendrá lugar en Uspallata una Audiencia pública por el “Proyecto San Jorge”, un importante emprendimiento minero a cielo abierto.

El proyecto ha generado un debate legítimo que involucra muchos aspectos. El Equipo de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mendoza ofrece a continuación un aporte, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Estas reflexiones centran su atención en la dimensión ética del tema en cuestión.

Algunas preguntas

2. Nos parece oportuno poner de relieve algunos puntos que siguen despertando interrogantes:

a. En primer lugar, observamos con preocupación el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social.

b. Existen además fundados temores por eventuales hechos de violencia en torno a la Audiencia pública, que la autoridad sabrá prevenir.

c. Estos proyectos afectan profundamente la forma vida de las comunidades de las zonas implicadas. Todos los vecinos han de ser escuchados. El Estado debe garantizar la plena libertad de expresión de los ciudadanos.

d. La zona posee ya una actividad económica propia que se verá afectada por el Proyecto. La minería supone el desarrollo de fuentes de trabajo. Surge, sin embargo, la pregunta por el alcance real y el carácter genuino de esta oferta laboral.

e. El cuidado del patrimonio histórico cultural de la zona entre los que se encuentran el Camino del Inca, hitos de la campaña libertadora Sanmartiniana y otros sitios arqueológicos de interés.

f. La posible contaminación de los acuíferos de la zona debido al uso contaminante de reactivos o sus derivados, en proporciones superiores a los límites establecidos en la legislación vigente.

g. La afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras.

h. La posible afectación de la flora y fauna autóctonas las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente.

i. Resta, por último, una pregunta muy importante: ¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad y en un futuro próximo, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos? La experiencia ciudadana evidencia la pertinencia de esta pregunta.

El principio de precaución

3. Consideramos que estas cuestiones no han sido suficientemente esclarecidas en el proceso previo a la Audiencia pública. Por tal razón, aconsejamos aplicar el “principio precautorio” reconocido, tanto por la legislación argentina, como por la misma enseñanza moral de la Iglesia.

Dicho principio aconseja al Estado posponer la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente, la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras, cuando los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes. Se trata de una decisión provisional que podrá ser modificada en base a nuevos y mejores conocimientos. Creemos que este es el camino a seguir en esta situación concreta. Implica abrir una fase nueva de diálogo.

Responsabilidades compartidas

4. El Estado tiene en todo esto una responsabilidad insoslayable: velar por el bien común, especialmente de los más débiles. Los empresarios involucrados, por su parte, tienen también una responsabilidad primaria. Sus decisiones afectan a muchas personas. La búsqueda legítima de los propios intereses ha de conjugarse siempre con el respeto por la dignidad de las personas. La comunidad científica, las Universidades y las distintas organizaciones de la sociedad civil tienen también un rol importante. Algunas han hecho ya oír su voz, y la sociedad espera que lo sigan haciendo.

La Iglesia misma “tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” (Benedicto  XVI, La caridad en la verdad, 51).

5. Queremos, por último, hacer llegar nuestra palabra de aliento a la comunidad de Uspallata, en la que se cuentan muchos católicos. Reconocemos, valoramos y apoyamos sus  esfuerzos toda vez que los consideramos seriamente fundados y pacíficos. No se trata de ideologías o dogmatismos, sino de peligros ciertos para la vida, la convivencia social y el desarrollo integral de la Provincia.

La presente Declaración ha sido aprobada por el Arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, como también por el Obispo auxiliar, Sergio O. Buenanueva.
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